El Parlamento de Navarra apoya el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez y que podría beneficiar a medio millón de personas, 10.000 de ellas en Navarra.

El pleno de la Cámara aprobó la resolución que propuso el PSN y que sumó a sus votos los de sus socios del Gobierno, Geroa Bai y Contigo, y su socio externo, Bildu. Fueron así 30 votos a favor frente a los 19 en contra de UPN, PP, Vox y la parlamentaria no adscrita.

Sin embargo, la mayoría de la Cámara fue crítica con las formas con las que Sánchez ha impulsado este proceso, hablando de precipitación o de un interés partidista. Además, varias voces incidieron en la necesidad de contar con medios, ante la saturación de las oficinas de extranjería que dependen del Gobierno de España.

En su defensa de la propuesta, la socialista Olga Chueca sostuvo que no se trata de una medida “improvisada”, sino de “una herramienta económica y social” para que aflore una actividad productiva que existe. Indicó que se hará con un plazo y requisitos “objetivos” que incluyen carecer de antecedentes penales.

El portavoz de Contigo en este tema, Daniel López, destacó la regularización de miles de personas que viven en Navarra con obligaciones, pero sin derechos.

La resolución aprobada reclama al Gobierno foral y a la Federación Navarra de Municipios y Concejos que colaboren en el proceso. Se incluyó, a propuesta de EH Bildu, una petición a todas las instituciones: que pongan en marcha y refuercen todos sus recursos para ayudar a que se agilice ese proceso. “Nos preocupa el posible colapso de la Oficina de Extranjería”, señaló Javier Arza, de EH Bildu, defendiendo la necesidad de que el Estado aumente esos recursos.

El PSN no aceptó incluir en su texto pedir para Navarra las competencias sobre migraciones, como también propuso EH Bildu.

Geroa Bai apoyó la resolución, pero su parlamentario Javier Ollo dio “un pequeño toque de atención” al Gobierno central y al PSOE por la forma en la que ha actuado en este tema, aprobándolo “deprisa y corriendo”, sin consensuarlo ni pasar por el poder legislativo, en un claro guiño a Podemos “porque convenía políticamente”, un camino que “no es serio en un proceso tan importante”. Se preguntó cómo se afrontará este tema en el futuro.

La parlamentaria de UPN Cristina López recalcó que no cuestionan la aportación de las personas migrantes, sino que defienden una “gestión adecuada”, frente la política “sin orden ni control” de Sánchez. Criticó que la ausencia de antecedentes penales pueda llegar a demostrarse “con una mera declaración responsable” o la posible falta de recursos para afrontar el proceso, con unas oficinas de extranjería “saturadas”. Se preguntó si el Gobierno foral ha evaluado cuál será el impacto y si la Comunidad está preparada para afrontarlo.

Irene Royo, del PP, defendió una “política migratoria ordenada, legal y humana”.

Vox presentó una moción contra el proceso, pero solo tuvo 2 votos a favor: los de su parlamentario Emilio Jiménez y Maite Nosti, no adscrita. Jiménez defendió una inmigración que siga los cauces legales y no actuar por la “puerta trasera” , lo que va a provocar, dijo, “un efecto llamada”.