La titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de Pamplona ha solicitado documentación al Gobierno de Navarra antes de decidir si abre una investigación por posibles irregularidades en la adjudicación de obras en el parque Sendaviva tras el incendio de 2022. El caso fue denunciado por el partido político VOX el pasado verano, pero antes de resolver sobre si admite a trámite su querella, el juzgado solicita al Ejecutivo foral los contratos sobre cuatro adjudicaciones de obras a una constructora. Según la querella, los contratos, que suman casi 800.000 euros, se "trocearon" para no superar por separado los 200.000 euros que requerirían una mesa de contratación. Algunas de estas adjudicaciones no llegan a ese mínimo por un solo euro.  

La querella, que también va contra los socialistas Ramón Alzórriz (parlamentario) y José Luis Arasti (consejero de Hacienda), considera que se pudieron cometer los delitos de cohecho y tráfico de influencias. El auto del juzgado destaca que "los hechos relatados hacen presumir la posible comisión de un delito".

Cronológicamente, el escrito de VOX comienza con el parque de Sendaviva, gestionado por Parquenasa, una sociedad participada al 45% por la empresa pública Sodena, y en un 55% por empresas privadas. Tras el incendio que afectó al parque en el verano de 2022, se adjudicaron a finales de 2023 las obras de reconstrucción. Según expone VOX en su querella, el contrato de ejecución de obra se "troceó" en cuatro contratos para que ninguno de ellos llegara a 200.000 euros, el límite que marca la ley para constituir una mesa de contratación.

Los cuatro contratos se concedieron a la empresa Adentro Construimos: dos de los contratos eran de 199.999, un tercero de 190.000 y el cuarto de 199.848 euros. En total, las obras adjudicadas de forma directa a esta constructora por las obras de Sendaviva alcanzaron los 789.846,74 euros, según la querella. Para corroborar estas información, el juzgado ha reclamado a la Asesoría Jurídica del Gobierno de Navarra que remita una copia certificada de estos cuatro contratos.

Después de estas adjudicaciones, VOX recoge en su querella que Adentro Construimos llevó a cabo las obras de reforma de un piso del entonces portavoz socialista en el Parlamento de Navarra y secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, que dimitió en junio tras desvelar que su pareja había trabajado con Servinabar, empresa en el foco de posibles casos de corrupción ligados a Santos Cerdán. El presupuesto de estas obras, según refleja la querella, de acuerdo a la licencia de obras, fue de 38.000 euros, algo que el partido político considera "imposible", según sus estimaciones sobre el calado de la reforma, la ubicación del inmueble en la ciudad y su duración.

El juzgado no ha solicitado información al respecto. Como parlamentario foral, además, Alzórriz está aforado ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. La querella también va contra el consejero de Hacienda, José Luis Arasti (por su cargo de consejero, solo podría ser investigado por el Tribunal Supremo), el constructor y el exgerente de Senda Viva.