Grupos de interés
El Gobierno de Navarra no puede forzar por ley a los parlamentarios a publicar su agenda de reuniones
Los servicios jurídicos del Legislativo concluyen en un informe que la norma que ha impulsado el Ejecutivo afectaría en este punto a la autonomía de la Cámara foral
Publicado el 14/12/2025 a las 05:00
Un informe de los servicios jurídicos del Parlamento destaca que el Gobierno navarro no puede regular cómo debe ser la actuación del Legislativo respecto a los grupos de interés, ya que eso afectaría a la autonomía de la Cámara foral. Es la conclusión de un trabajo que analiza uno de los cambios de la ley de Transparencia que ha propuesto el Ejecutivo de María Chivite y que al inicio del año que viene debatirá el Parlamento. Este plantea que la regulación que detalle el Gobierno sobre todo lo relativo a estos grupos de interés la deberá aplicar también el Legislativo.
Los grupos de interés son los que se dedican a intentar influir directa o indirectamente en las instituciones por diversas causas. Pueden pretender que se adopte un determinado acuerdo, que se impulse una ley o que se cambie una norma, por ejemplo. De ahí el interés público de que se conozca en detalle la agenda de los políticos fuera de los focos: con quién se reúnen y para qué.
GOBIERNO Y PARLAMENTO SE LANZAN EXIGENCIAS SOBRE LA AGENDA
La presidenta María Chivite, sus consejeros y el resto de altos cargos de su Gobierno están obligados a hacer pública esa agenda de reuniones vinculadas con su puesto, aunque no todos han cumplido estos años esa obligación con el mismo celo.
En septiembre, el Legislativo aprobó una resolución de UPN que contó con el apoyo de Geroa Bai, PP, Vox y la parlamentaria no adscrita, reclamando al Ejecutivo de Chivite que cumpla “escrupulosamente” la ley y detalle esas reuniones que mantiene con empresas, personas y entidades, fecha y lugar del encuentro, asistentes y temas tratados.
A su vez, el Gobierno foral, a través de su vicepresidente primero Félix Taberna, ha reclamado con insistencia estos meses a los parlamentarios que hagan igual y publiquen su agenda. Taberna argumenta que los miembros de las cámaras legislativas “tienen influencia y su voto en determinadas modificaciones legales o resoluciones puede afectar”.
Insiste en que las instituciones europeas y el Parlamento catalán publican esa agenda con los encuentros que mantienen sus representantes. Ya advirtió que sería un tema que se iba a debatir cuando el Gobierno llevara al Parlamento algunos cambios en la ley de Transparencia.
EL PARLAMENTO SE HA NEGADO HASTA AHORA
Lo que han dejado claro hasta ahora los parlamentarios es que no tienen interés en hacer pública su agenda de reuniones.
El borrador del Código de Conducta del Legislativo que plantearon los servicios jurídicos de la Cámara incluía que se hiciera pública en la web del Legislativo, al menos con periodicidad quincenal, especificando personas, entidades y organizaciones concernidas, así como la fecha y el objeto de la reunión, el acto o la actividad. Los grupos parlamentarios decidieron eliminar ese punto del Código de Conducta que debatieron y aprobaron la pasada primavera.
EL EJECUTIVO INTENTA REGULARLO POR LEY
El Gobierno de Navarra quiere ser el que desarrolle reglamentariamente todo lo que afecta a los grupos de interés, su código de conducta y un registro en el que figuren, mediante un decreto foral que se aplicaría no solo a la presidenta, consejeros y sus altos cargos, sino también al Parlamento. Lo elaboraría en colaboración con la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, que sería la que gestione el registro.
Así se recoge en uno de los cambios legales de la ley de Transparencia que el Gobierno ha enviado al Parlamento para que los debata y apruebe.
Mañana, la Mesa y Junta de Portavoces del Legislativo abordará el informe que sus servicios jurídicos han elaborado sobre esta cuestión, y que concluye que la propuesta del Ejecutivo afecta a la autonomía parlamentaria. Argumenta que todo lo que tenga que ver con las cuestiones de organización y funcionamiento interno de una cámara legislativa debe ser regulada en su reglamento o norma interna. Por eso propone que se elimine la referencia que se hace al Legislativo.
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