Transparencia

Siete años después, el Gobierno de Navarra anuncia la creación del registro de "lobbies"

Era un mandato de la Ley de Transparencia, aprobada en 2018, y que daba un plazo de un año para su creación

El vicepresidente Félix Taberna, en la rueda de prensa ofrecida este lunes sobre el envío de la documentación del Gobierno a la comisión de investigación del Parlamento
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El vicepresidente Félix Taberna, en la rueda de prensa ofrecida este lunes sobre el envío de la documentación del Gobierno a la comisión de investigación del Parlamentoarchivo
El vicepresidente Félix Taberna, en la rueda de prensa ofrecida este lunes sobre el envío de la documentación del Gobierno a la comisión de investigación del Parlamento

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Iñigo Salvoch

Publicado el 12/11/2025 a las 17:56

El Gobierno foral ha anunciado este miércoles que está avanzando en la creación de un registro de grupos de interés o ‘lobbies’, pensado para fomentar la transparencia en las relaciones que mantienen los poderes públicos con empresas, particulares, asociaciones o cualquier otro tipo de organización interesada en influir en la elaboración de políticas o disposiciones normativas. 

El anuncio que ha hecho público el vicepresidente Félix Taberna llega siete años después de que se aprobara la actual Ley de Transparencia (2018) que obligaba a elaborar dicho registro en el plazo de un año. Cuestionado por este retraso, Taberna ha afirmado que desde 2018 “se ha cumplido con el 85% de los hitos” que proponía esta Ley y que ahora se está trabajando “para reforzarlo”. 

Respecto al cumplimiento de los miembros del Gobierno con la obligación de hacer pública su agenda real, Taberna ha subrayado que los 14 miembros del Gobierno de Navarra (la presidenta y los 13 consejeros) “son conscientes de ello y están cumpliendo con esa obligación. La transparencia no es una reglamentación, es una actitud”. 

“TIRÓN DE OREJAS" AL PARLAMENTO

Sobre la agenda de los cargos públicos, Félix Taberna ha vuelto a señalar al Parlamento y  ha afirmado que no le “entra en la cabeza” que el Parlamento de Navarra no tenga una agenda pública institucional y ha señalado que “debería reflexionar al respecto”. 

El registro de grupos de interés es una de las principales novedades del anteproyecto de Ley Foral por el que se modifica la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra (OANA) será la entidad encargada de gestionar el nuevo registro de grupos de interés, que será de aplicación al Parlamento, el Gobierno de Navarra y su presidenta. El Consejo de Transparencia también se despolitizará, quedando compuestos por una presidencia y siete vocales, que ya no serán parlamentarios, sino técnicos.

QUÉ SON LOS GRUPOS DE INTERÉS

La Ley Foral 5/2018 considera grupos de interés las organizaciones y personas que, desarrollando sus actividades en el territorio foral, se dedican profesionalmente, en todo o en parte de su actividad, a influir directa o indirectamente en los procesos de elaboración de las políticas o disposiciones normativas, en la aplicación de las mismas o en la toma de decisiones en defensa de intereses propios, de terceras personas u organizaciones o incluso de intereses generales, sin que ello impida el ejercicio de los derechos individuales de reunión y de acceso o petición. Tendrán también la consideración de grupos de interés las plataformas, redes u otras formas de actividad colectiva que, a pesar de no tener personalidad jurídica, constituyen de hecho una fuente de influencia organizada y realicen actividades incluidas en el ámbito de aplicación del registro.

La inscripción de las organizaciones y particulares interesadas en mantener este tipo de relación con los poderes públicos en el nuevo registro de grupos de interés será obligatoria, para facilitar la identificación y el control de todas las actividades, con independencia del canal o medio que utilicen. El registro dará publicidad de las actuaciones de los grupos de interés, especialmente de las reuniones y audiencias celebradas con autoridades, cargos públicos o electos y de las comunicaciones o informes y otras contribuciones en relación con las materias tratadas.

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