El 'Caso Cerdán' en Navarra
El sobrecoste de Belate abre una grieta entre Chivite y sus socios de gobierno
Geroa Bai y Contigo piden responsabilidades políticas ante la gravedad del informe
Actualizado el 29/11/2025 a las 08:56
Ni los registros en la sede de Servinabar del 10 de junio, ni el encarcelamiento de Santos Cerdán tres semanas después ni el informe de la UCO del pasado día 11 habían provocado hasta ahora una crisis entre los socios de gobierno de María Chivite como la que empezó a gestarse este viernes a raíz del informe del interventor general sobre los 8,5 millones de sobrecostes en las obras del túnel de Belate. Por primera vez, Geroa Bai y Contigo Zurekin han pedido “responsabilidades políticas” y la convocatoria de la comisión de seguimiento del acuerdo de Gobierno. En su primera reacción, el Gobierno anunció este viernes por la tarde que acatará el informe de la Intervención y trabajará “en fórmulas legales para continuar con las obras”.
Geroa Bai expresó este viernes su preocupación ante la “severidad del reparo suspensivo” emitido por la Intervención General. Contigo Zurekin valoró el informe como una cuestión de “una enorme gravedad” e instó a depurar responsabilidades políticas “con la máxima contundencia”.
Además, ambos grupos recriminaron al departamento de Cohesión Territorial que las explicaciones dadas hasta ahora en nada coinciden con lo recogido en el informe y en lo expuesto por los ingenieros de Minas y de la Delegación del Gobierno. “Todo esto ha supuesto una ostensible merma de nuestra confianza”, expone Contigo Zurekin.
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LA INTERVENCIÓN DESMIENTE AL CONSEJERO
No es para menos. El informe de fiscalización concluye que la causa de la modificación del proyecto original del túnel no responde a “circunstancias sobrevenidas e imprevisibles para una entidad adjudicataria diligente” sino a “razones de conveniencia u oportunidad”. Además, rechaza que las modificaciones respondan a requerimientos de la Delegación del Gobierno o de la sección de Minas del Gobierno de Navarra, como figura en el informe técnico realizado por la dirección externa de obra y como públicamente expuso en julio el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite.
El modificado número 1 cuya tramitación queda ahora suspendida incluye cambios en quince capítulos que suman unos sobrecostes de 8,5 millones. El informe del interventor general, Juan José Pérez Capapay, no ve justificados tres de esos quince epígrafes: los polvorines, la excavación del túnel y el sostenimiento, que suponen en total 6,2 millones, una vez aplicado el beneficio industrial, IVA y la rebaja del precio de licitación.
El interventor no pone en duda otros sobrecostes, como las depuradoras de agua (1,4 millones), los piezómetros (483.000 euros), el drenaje (501.000 euros) y otras partidas menores.
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Como se recordará, Obras Públicas impulsó la tramitación de este expediente de modificación número 1 cuando los precios contradictorios (sobrecostes) superaron el 10% permitido en los pliegos. Por este motivo, la UTE formada por Acciona y Osés tras la salida de Servinabar, lleva desde mayo sin cobrar certificaciones por los trabajos ya realizados.
REUNIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CON LA UTE
Con el reparo suspensivo sobre la mesa, Obras Públicas tiene dos opciones: hacer un informe de discrepancia y elevarlo al Gobierno foral o aceptar el reparo y rehacer el modificado.
En el comunicado que Geroa Bai difundió a media mañana, señala que el informe del Interventor General “cuenta con la suficiente gravedad y entidad como para ser analizado con el máximo detenimiento y rigor”. “Por todo ello, no aceptaremos ningún trámite que no pase por reconocer en su totalidad lo señalado por la Intervención General. Además, y, en consecuencia, se deberán dirimir las correspondientes responsabilidades políticas que desde ya exigimos desde Geroa Bai”, añaden.
A media tarde, el Gobierno emitió una nota de prensa para anunciar que no aprobará el modificado mediante acuerdo de gobierno sino que la dirección general de Obras Públicas acata el reparo suspensivo.
La nota explica que este viernes por la mañana los responsables de Obras Públicas mantuvieron una reunión con la UTE de Belate para informarles del “acatamiento”, que supone “atenerse a la aplicación más garantista del procedimiento establecido”. Además, les ha trasladado el “interés en que prosigan los trabajos” y se han comprometido al abono en diciembre de las certificaciones pendientes, “siempre de acuerdo a lo dispuesto por la Intervención General”, es decir, con los precios del proyecto original.
