Las obras de duplicación del túnel de Belate sufren un nuevo revés. El modificado número uno del proyecto, que supone unos sobrecostes de 8,5 millones, ha sido objeto de un reparo suspensivo por parte de la Intervención General. Hay que recordar que la UTE adjudicataria, ahora formada por Acciona y Osés tras la salida de Servinabar, lleva desde mayo sin cobrar las certificaciones por los trabajos realizados, situación que va a continuar mientras no se apruebe el polémico modificado. 

El modificado del proyecto y sus sobrecostes han sido objeto de análisis en las últimas comparecencias de la comisión de investigación del Parlamento de Navarra. El informe del Servicio de Nuevas Infraestructuras del pasado 25 de mayo que aprobaba el proyecto de modificado dice que “en el transcurso de la ejecución de los primeros meses de obra, se puso de manifiesto la necesidad de realizar modificaciones en el proyecto vigente, motivadas por causas imprevisibles y por requerimientos impuestos por los entes externos en sus autorizaciones (uso de explosivos, polvorines, excavación y sostenimiento del túnel, depuradoras y vertidos a cauces, etc.)”.

Tanto el director de Industria de la Delegación del Gobierno como el ingeniero de Minas del Gobierno de Navarra han negado en el Parlamento que sus respectivos informes sean el origen de los sobrecostes. El responsable de la Delegación del Gobierno aclaró que su papel se limitaba a autorizar el uso de los explosivos, sin realizar exigencias al proyecto. El ingeniero de Minas afirmó que entre sus requerimientos no figuraba ningún cambio en el proyecto de sostenimiento, el capítulo que mayores sobrecostes provoca: 3,8 millones. Reveló que el cambio del modelo de cerchas por otras más caras fue una iniciativa de la adjudicataria, aceptada por la dirección de obra y por la dirección general de Obras Públicas.

En la comisión de investigación también han surgido dudas sobre los polvorines -uno ya se ha construido y otro está pendiente-. En un principio iban a tener un coste de 1,17 millones pero la partida se ha reducido a 355.000 euros. La adjudicataria prometió el uso de un explosivo tipo gel que sólo requiere de unos polvorines móviles. Sin embargo, sólo está utilizando dinamita.

La existencia de este modificado nº 1 se conoció a raíz de la comparecencia del consejero Óscar Chivite en el Senado en julio. Es un listado de cambios en el proyecto original de la duplicación del túnel, redactado en 2022 por Sertecna y Geocontrol. Los sobrecostes suman 8,5 millones sobre los 72 millones del precio de adjudicación. Por tanto supera el 10% admitido en el pliego del contrato. El informe de la dirección de obras señala que las modificaciones se sustentan en “circunstancias imprevisibles para una entidad adjudicadora diligente”, recogidas en la Ley Foral de Contratos.

SIN SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS

El 28 de noviembre, Obras Públicas dio la conformidad a la tramitación de los expedientes de modificación y ejecución del proyecto, que se sometieron al oportuno trámite de fiscalización. El interventor delegado solicitó la avocación a la Intervención General, es decir, que fuera este quien realizara el informe de fiscalización debido a la fuerte carga jurídica que conllevaba.

El expediente requirió de una prórroga de dos meses, que vencía este sábado 29 de noviembre. Casi sobre la campana y según ha podido saber este periódico, la Intervención General ha emitido un reparo suspensivo, es decir, que suspende la tramitación del expediente. Ahora, la dirección de Obras Públicas tiene dos opciones. Puede aceptar el reparo y rehacer el proyecto de modificado y su justificación técnica y jurídica. O bien, la secretaría general técnica de Cohesión Territorial puede elaborar un informe de discrepancia. Al ser una avocación, este informe se elevaría directamente al gabinete de María Chivite. El Gobierno foral tendría que tomar la solución salomónica de aprobar los sobrecostes o devolver la pelota a Cohesión Territorial. Mientras tanto, la adjudicataria seguirá sin poder cobrar certificaciones.

La Ley Foral de Contratos Públicos contempla para estos casos la suspensión total o parcial de una obra mientras se tramita el modificado del proyecto. Con Belate se ha hecho una excepción por dos motivos: la alta intensidad de tráfico de la N-121-A y por el compromiso del Gobierno foral de cumplir para 2027 la directiva europea sobre la seguridad de los túneles.