La cuentas que la empresa Servinabar depositó en el Registro Mercantil no contienen los ingresos y gastos derivados de su participación en las UTEs con Acciona que fueron adjudicatarias de obras públicas en Navarra, “contrariamente a la normativa contable”, destaca en su informe la Cámara de Comptos. “Al no disponer de información suficiente en dichas cuentas, no podemos cuantificar el efecto contable en las mismas”, señala.

El órgano fiscalizador llama la atención sobre el hecho de que las declaraciones del Impuesto de Sociedades que presentó esta empresa entre 2018 y 2024 sí reflejan esa participación en las distintas UTEs que realizaron esas obras. Sin embargo, sus cuentas no lo incluyen.

Servinabar está en el punto de mira de la UCO de la Guardia Civil y la justicia. Investigan la existencia de una supuesta trama de corrupción y la posible participación en esta empresa del exdirigente socialista Santos Cerdán, tras el hallazgo de un documento por el que su impulsor, Antxon Alonso, habría vendido el 45% al exdiputado navarro.

CAMBIOS EN LAS UTEs

Servinabar fue adjudicataria junto a Acciona de cuatro de las cinco obras analizadas por Comptos, las dos adjudicaciones de VPO en Erripagaña, las obras en el Pabellón Arena y las del Archivo. En la quinta, el Colegio de Arbizu, la UTE estaba compuesta por Acciona y Alegure, empresa esta última en la que también participa Antxon Alonso.

Comptos destaca cómo esta última UTE se constituyó el 13 de junio de 2018 y en ese documento público figuraba que Acciona participaba en un 75% y Alegure, en un 25%. En octubre de ese año, mediante escritura pública, esto se modificó: Acciona pasó a tener el 99,99% y Alegure, el 0,01%.

Una segunda UTE también tuvo cambios. La integrada por Acciona y Servinabar para construir las 62 VPO en Erripagaña. Un 80% era de Acciona y un 20%, de Servinabar. En febrero de 2019 se cambió ese reparto en escritura pública y pasó a ser del 99,99% para Acciona y un 0,01% para la empresa de Alonso.

Comptos recomienda cambiar la regulación sobre las UTE en la Ley de Contratos Públicos, “regulando de forma más completa los efectos de las modificaciones en la composición de las mismas, tanto si se plantean en el procedimiento de licitación, como una vez formalizado el contrato”.

"DESPROPORCIÓN"

El informe pone de relieve que las escrituras de constitución de las UTEs, si bien cumplían los requisitos legales, no especificaban con detalle qué medios pondría cada empresa y qué actividades realizaría, pero sí indicaban que los trabajadores que aportarían estarían en proporción a su participación. Sin embargo, el órgano fiscalizador ha constatado que existió una “desproporción significativa” en las obras de adecuación del Pabellón Multiusos Navarra Arena entre los trabajadores que aportó Acciona, que tenía un 80% de la UTE, y los de Servinabar, que participaba con un 20%. En algunas etapas los de Acciona llegaron a ser 132 y en otros momentos rondaron los 75. Los de Servinabar estuvieron entre 0, 1 o 2 máximo según los momentos. Sí ve esa proporción en los contratos aportados por Nasuvinsa sobre las VPO.

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La Cámara de Comptos dio a los afectados por su informe la posibilidad de presentar alegaciones. El impulsor de Servinabar, Antxon Alonso, pidió que se eliminaran varios apartados de su trabajo, cita los que se añaden al estricto análisis de cumplimiento de legalidad de los expedientes y que el órgano fiscalizador recoge al considerar que pueden ser de interés. Son, por ejemplo, los que señalan que Servinabar no incluyó en sus cuentas los ingresos y gastos que tuvo por su participación en las UTEs adjudicatarias de obra pública, los cambios que hubo en algunas de esas UTEs y los trabajadores que aportaba cada socio y otros hallazgos adicionales en torno a los expedientes, de los que Alonso discrepa, afirmando que se hace un “relato distorsionado”.

Además, pidió que se suprimieran las “salvedades”, es decir, las deficiencias que Comptos ha detectado en relación a la licitación de las 62 VPO de Erripagaña, afirmando que “carecen de relevancia jurídica”. Comptos le recuerda que no es un órgano jurisdiccional, sino que su labor se centra en analizar el grado de cumplimiento de la normativa y proponer recomendaciones de buena gestión pública.