El 'caso Cerdán' en Navarra
El Gobierno de Navarra no ve "represalias" al letrado que denunció Belate sino "una mejora del servicio"
Cohesión Territorial rechaza medidas disciplinarias contra el director general de Obras Públicas al no apreciar "represalias", como plantea la Oficina Anticorrupción
Actualizado el 25/06/2025 a las 08:25
El departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra no ve como un “acto de represalia” la reubicación en una nave industrial de uno de los letrados de la mesa de contratación de Belate que denunció irregularidades. “Este cambio obedece exclusivamente a una reorganización administrativa con el objeto de mejorar la prestación del servicio”, señala el gabinete del departamento tras la resolución de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA) que concluye que el traslado de este empleado a Landaben, lejos de su jefe y sus compañeros, fue un “acto de represalia” y una infracción muy grave de la ley reguladora de la protección de los denunciantes.
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Consultado por este periódico, el gabinete de Cohesión Territorial señala que a pesar de no compartir los argumentos de la Oficina Anticorrupción, han acatado su resolución y este funcionario está ya trabajando en las oficinas de la calle San Ignacio. Así elude hablar de “medidas disciplinarias”, como plantea la Oficina Anticorrupción.
La ley 2/2023 prevé sanciones de 30.000 a 300.000 euros para los casos de represalia sobre personas que tienen la condición de denunciante, como es el caso de este funcionario, que hace un año llevó las presuntas irregularidades de la adjudicación de Belate a la Oficina Anticorrupción.
Cohesión Territorial asegura desconocer si fue el propio funcionario “represaliado” quien presentó a la OANA la denuncia sobre sus condiciones de trabajo o fue otra persona. “El departamento desconoce la autoría de las denuncias en la Oficina Anticorrupción puesto que se trasladan bajo anonimato. A la vista de la comunicación de la OANA sobre la condición de denunciante, se acató el requerimiento para anular la resolución 422E/2025” del director general de Obras Públicas, Pedro López, señala el gabinete.
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La citada resolución, firmada el pasado 6 de junio, cambiaba la adscripción de la plaza de técnico de administraciones públicas (TAP) del Negociado de Explotación Zona Este al Negociado de Conservación y Vialidad Navarra Centro-Norte. Físicamente, la plaza pasaba de la calle San Ignacio a la nave de Landaben utilizada por el centro de conservación de carreteras. Pocos días después, el funcionario se incorporaba a la plaza que había conseguido en un concurso de traslado con la sorpresa de que no iba a la avenida San Ignacio, como estaba previsto, sino al polígono, donde no trabajaba ningún compañero.
“La dirección general del Obras Públicas está inmersa en el trabajo de una reestructuración orgánica. Este cambio de adscripción de plaza obedece exclusivamente a una reorganización administrativa con el objeto de mejorar la prestación del servicio jurídico”, dice el gabinete de Cohesión Territorial, que no aclara si ha habido más cambios y reubicaciones.
La Oficina Anticorrupción no lo ve así. Señala que los motivos de eficiencia expuestos por Obras Públicas se desarrolloran “de manera muy escueta y con frases y términos estereotipados”. “No se da una mínima explicación sobre cómo, o en qué medida, las funciones de una plaza de TAP rama jurídica se van a desempeñar de modo más eficiente o eficaz en una nave industrial. El servicio de conservación del Gobierno de Navarra tiene su sede en la calle San Ignacio número 3 y los cuatro negociados de conservación (centro-norte, oeste, sur y suroeste) también tienen allí su sede. La Oficina Anticorrupción destaca que no existe ningún TAP rama jurídica trabajando en las naves y almacenes de los centros de conservación.
