La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA) ha concluido que el letrado secretario de la mesa de contratación de las obras de Belate sufrió recientemente un “acto de represalia” por parte del director general de Obras Públicas, Pedro López Vera, motivo por el que plantea que deberían tomarse “medidas correctoras disciplinarias” contra el número dos del departamento de Cohesión Territorial. A principios de este mes, la plaza de este funcionario fue trasladada de la sede de la avenida San Ignacio de Pamplona a una nave industrial del polígono de Landaben donde no trabaja ninguna otra persona del negociado. Este “empeoramiento de las condiciones laborales” fue, a juicio de la OANA, un “acto de represalia” e instó a su rectificación “inmediata”. Los responsables del departamento acataron la orden y permitieron el regreso del funcionario a la sede situada junto a los jardines del Palacio de Navarra.

Este funcionario, técnico de administraciones públicas (TAP) rama jurídica, formó parte de la mesa de Belate como secretario y fue una de las personas que firmó votos particulares alertando de presuntas irregularidades en la adjudicación de este contrato de 62 millones a la UTE formada por Acciona, Osés y Servinabar. Además, fue uno de los letrados que denunció estos hechos ante la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción que dirige Edurne Eginoa. Esta denuncia fue registrada el 27 de febrero de 2024, un mes después de hacerse pública la adjudicación. A fecha de 3 de abril, esta denuncia seguía “en tramitación”.

La directora de la oficina recuerda que el hecho de que este funcionario tenga la consideración de denunciante le otorga una especial protección frente “a todo empeoramiento de las condiciones de su entorno laboral o profesional”. “La Oficina de Buenas Prácticas velará por que estas personas no sufran aislamiento, persecución o un empeoramiento de las condiciones de su entorno laboral”, dice la Ley Foral 7/2018 de creación de la Oficina de Buenas Prácticas.

Debido a las circunstancias de la reubicación de la plaza, la OANA concluye que se trata de un acto de represalia que no tiene justificación. A finales del año pasado, este funcionario se presentó al concurso de traslado de 75 vacantes de TAP rama jurídica. De las 36 personas que se presentaron quedó en cuarta posición, así que fue de los primeros en elegir plaza.

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El 12 de mayo se publicó la resolución de Función Pública con la adjudicación de plazas, que fue publicada en el Boletín Oficial de Navarra (BON) el 9 de junio. Tres días antes, el 6 de junio, el director general de Obras Públicas firmaba una resolución para la modificación de la adscripción de dicha plaza al negociado de Conservación y Vialidad Navarra Centro-Norte, ubicado en el polígono de Landaben. ¿El motivo esgrimido? “Mayor volumen de actuaciones, incremento de la conflictividad, naturaleza de las funciones y organización de recursos y eficacia de la gestión”, cita la resolución del director general. Esta resolución fue notificada tanto a la persona que ocupaba el puesto de forma interina como al nuevo titular de la plaza.

El 10 de junio, este letrado presentó su denuncia ante la Oficina Anticorrupción. Por esas fechas se incorporó a dicha plaza, acudiendo a Landaben, a unas instalaciones que sirven principalmente de almacén y garaje de vehículos.

El 16 de junio, la oficina de Edurne Eginoa dictó la resolución que considera esta reubicación “un acto de represalia y, por tanto, nulo de pleno derecho”. Por ello requería al consejero Óscar Chivite la “inmediata anulación”. El departamento acató a los pocos días la orden y anuló la reubicación, por lo que este letrado pudo volver a la sede de la avenida San Ignacio.

La OANA destaca que en la plantilla orgánica de la Administración no constan plazas de letrado en ninguno de los cuatro centros de conservación de carreteras del Gobierno foral. Añade que no se explican las “razones de eficiencia” para tener a un técnico jurídico en una ubicación “totalmente separada de sus responsables administrativos”. “Y todo ello sin perjuicio de que la nave industrial sea apta o esté debidamente habilitada para el desempeño de un trabajo de TAP”, añade el expediente.

La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción fue creada en 2019 por el Gobierno de Navarra como una exigencia de EH Bildu para la investidura de María Chivite. Su directora, Edurne Eginoa, fue directora general de Presidencia y Gobierno Abierto en la legislatura 2015-2019. Como se recordará, Chivite anunció la semana pasada que ha ordenado a la OANA que investigue cinco contratos adjudicados a Servinabar y Alegure, empresas de Antxon Alonso, imputado en la trama Koldo-Cerdán.

En su resolución, la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción recuerda que la adopción de cualquier represalia frente a personas informantes constituye una infracción muy grave de la Ley 2/2023 reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, “todo ello sin perjuicio de las medidas correctoras disciplinarias que, en su caso, deban adoptarse frente a las personas que materialicen actos constitutivos de represalia”. Esta ley prevé sanciones de 30.000 a 300.000 euros y amonestación pública por hechos muy graves. Por su parte, la Ley Foral que regula la oficina establece sanciones de 20.000 a 60.000 euros.