Política
El Gobierno de Chivite reducirá los controles previos en la adjudicación de obras en las grandes carreteras
Dejará en manos de una empresa pública, Nafarbide, la gestión de inversiones por 2.600 millones en 30 años, lo que supone un "riesgo", como ya puso de relieve la Cámara de Comptos, órgano fiscalizador de las cuentas públicas
Publicado el 25/06/2025 a las 05:00
La contratación de las obras de todo tipo que se realicen en las principales carreteras de Navarra va a ver reducido el control previo y por tanto habrá un “mayor riesgo” en algo tan sensible como es el proceso de adjudicación de obra pública, advirtió la Cámara de Comptos. El motivo es que el Gobierno de María Chivite va a dejar la gestión de estas inversiones en manos de la empresa pública Nafarbide, sociedad que constituyó el año pasado y que va dando sus primeros pasos dirigida por cargos socialistas. La preside el consejero de Cohesión Territorial del Ejecutivo, Óscar Chivite, y su director gerente es el exedil del PSN Federico Colmenar.
Es lo que se está gestando en un momento crítico, cuando se está investigando en España una presunta trama corrupta de cobro de comisiones por obra pública, con la imputación del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, además del exministro José Luis Ábalos y el que fue su asesor Koldo García.
Este mes, tras conocerse el último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la presidenta María Chivite anunció que su Gobierno encargará un “triple chequeo” de las obras adjudicadas a las empresas que aparecen en esa trama, Acciona y Servinabar, por parte de la Cámara de Comptos, la Oficina Anticorrupción y una auditoría externa, aun insistiendo en que no se había detectado ilegalidad alguna en ellas.
Te puede interesar
Es un momento idóneo para recordar que el gabinete de Chivite ha puesto en marcha Nafarbide, empresa pública que va a gestionar la construcción y mantenimiento de las grandes vías de la Comunidad foral, lo que evitará la fiscalización previa de la Intervención, pese a que se prevé que por sus manos pasen inversiones de al menos 2.600 millones de euros en los próximos 30 años, según se detalla en el plan de inversiones y financiación de la sociedad pública. Así lo advirtió precisamente la Cámara de Comptos.
El órgano fiscalizador indicó que, “sin cuestionar” las funciones de empresas públicas como entes instrumentales del Gobierno navarro, “desplazar semejante nivel de inversión pública” desde los presupuestos de una administración pública en la que operan por ley controles previos preceptivos a un ente instrumental “supone, en un área tan sensible como la obra pública, rebajar el nivel de control y, consecuentemente, elevar el nivel de riesgo”.
POR QUÉ ESTA SOCIEDAD PÚBLICA GESTIONARÁ TANTO DINERO
Nafarbide se impulsó para gestionar los peajes a camiones que el Gobierno va a poner en marcha en cinco grandes vías de Navarra (las autovías del Norte, Sakana, la del Ebro y la que va a San Sebastián y la N-121-A Pamplona-Behobia). Tiene previsto implantarlos a partir del año que viene.
Con el dinero que recaude del canon al transporte por uso de esas carreteras se encargará de “mantener, conservar y explotar” esas vías y sus infraestructuras. Además, va a proyectar, construir, mantener, financiar y explotar, por sí o por terceros, las obras de mejora, ampliación y prolongación de estas carreteras que decida el departamento.
El Ejecutivo incidió en que uno de los principales objetivos de Nafarbide era sufragar la obra de duplicación de los túneles de Belate, trabajos que, por cierto, ya han comenzado sin que esos peajes se hayan puesto en marcha.
Los estatutos de Nafarbide contemplan que pueda también gestionar la Autovía del Camino y la del Pirineo cuando finalicen las concesiones, y la Autopista de Navarra, hoy en manos al 50% del Gobierno y de ENA Infraestructuras, del Grupo Itínere. La autopista revertirá en su totalidad al Gobierno en junio del 2029.
Cuando se asuma la gestión de estas últimas vías se incrementarán “sustancialmente” los 2.600 millones de gestión previstos.
EL GOBIERNO LA CREÓ CON URGENCIA Y CON INFORMES INTERNOS EN CONTRA DEL INTERVENTOR GENERAL Y EL SERVICIO DE PATRIMONIO
El Gobierno de María Chivite autorizó la creación de Nafarbide el 28 de junio de 2023, al final de su primera legislatura y cuando estaba en funciones, ya que las elecciones se habían celebrado un mes antes. Adoptó el acuerdo, a pesar de contar con informes internos de la Intervención General y del servicio de Patrimonio que desaconsejaban poner en marcha esta sociedad pública.
Te puede interesar
El Gobierno argumentó que un informe del director general de Obras Públicas, Pedro Andrés López, justificaba la “urgencia” en tramitar la creación de Nafarbide, “dada la necesidad financiera para afrontar las inversiones en los túneles de Belate y Almandoz”, porque incumplían la directiva europea de seguridad.
Sin embargo, la Intervención y el servicio de Patrimonio advirtieron que faltaba la preceptiva autorización de la Unión Europea al pago de peajes, razón de ser de la creación de Nafarbide.
Entre otros puntos, Patrimonio cuestionó que el servicio que se iba a dar a través de Nafarbide fuera a ser más eficiente que si lo prestara directamente la Administración. O incidió en que no se abordaba el control “exhaustivo” necesario ante la cantidad de dinero que iba a gestionar.
ÓSCAR CHIVITE REDUJO A "OPINIONES" LOS INFORMES INTERNOS CRÍTICOS
La sociedad pública se constituyó ante notario el 19 de febrero de 2024, y en abril contrató a su director gerente Federico Colmenar. En junio de ese año, el consejero Óscar Chivite compareció en el Parlamento para dar explicaciones sobre la creación de Nafarbide pese a esos informes internos en contra. Sostuvo que el Gobierno los tuvo en “consideración”, pero que no eran “concluyentes, sino opiniones” y había otros favorables en un acuerdo que fue avalado por el Ejecutivo, recalcó el consejero. Encontró el respaldo en el tripartito del Gobierno, PSN, Geroa Bai y Contigo Navarra, y en su socio EH Bildu.
La autorización europea a esos peajes no se obtuvo hasta el 12 de septiembre de 2024.
CÁMARA DE COMPTOS: "SE ELEVA EL NIVEL DE RIESGO Y REBAJA LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL"
El pasado diciembre, el presidente de la Cámara de Comptos, Ignacio Cabeza, afirmó en el Parlamento que le preocupaba el riesgo de dejar la inversión en obra pública en manos de una empresa pública. Detalló que Nafarbide tendrá dos funciones, el peaje a camiones, que es “un recurso de la Hacienda foral”, y la financiación y ejecución de infraestructuras de autovías y carreteras de alta intensidad. “Nos surgen dudas de cómo se va a gestionar ese canon y cómo se van a gestionar esas obras”. Se preguntó si se les aplicará el límite del 50% en la subcontratación o no.
“Entendemos que desplazar un volumen de actividad en torno a 2.600 millones de unos presupuestos públicos de una administración pública a un ente instrumental (en alusión a Nafarbide) eleva el nivel de riesgo y rebaja los procedimientos de control que consideramos necesarios para ese volumen de inversión, contando, además, que es inversión de obra pública, que ya por definición es siempre un área de riesgo”, agregó Cabeza, recomendando medidas para reducirlo.
POR QUÉ SE VA A REDUCIR EL CONTROL PREVIO EN LAS ADJUDICACIONES
El órgano fiscalizador ya señaló que cuando contrata el Gobierno, además de los controles de legalidad que realizan los funcionarios letrados de los departamentos, uno de los elementos “básicos” del control administrativo es la fiscalización previa que realiza la Intervención. Esta “aporta un valor esencial en la garantía de legalidad”, dada su “autonomía” y “no dependencia jerárquica de los órganos de contratación”.
Indicó que ese tipo de control previo no se aplica a los entes instrumentales como Nafarbide. Se rigen por el derecho privado y las labores de fiscalización de la Intervención se realizan siempre a posteriori, mediante informes de auditoría pública que llevan a cabo firmas privadas de auditoría, bajo la tutela de la dirección general de Intervención.
Te puede interesar
