Un año después de la promulgación de la Ley de Amnistía, que busca la cancelación de los juicios y condenas del ‘procés’ catalán, el Tribunal Constitucional (TC) deberá dar respuesta en unas semanas al recurso de inconstitucionalidad planteado por el PP. Desde el pasado lunes, los magistrados que componen el Constitucional tienen ya en su manos la ponencia sobre la norma que ha redactado su vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, y sobre la que deberán posicionarse. Pero ese mismo día, la ponencia fue filtrada a la opinión pública dándose a conocer que avala la práctica totalidad de la Ley de Amnistia.

¿No es un descrédito para el Tribunal Constitucional que se filtre el texto sobre el que deben deliberar sus miembros?

Eso es un escándalo. Que se filtre un borrador, un texto que todavía no ha sido objeto de deliberación, que lo tengamos usted y yo antes de que los magistrados lo hayan estudiado, es muy grave. Esto crea presiones y comentarios que pueden perturbar. El tribunal no debería someterse ahora a portadas de noticias. Y hay otro hecho preocupante y es cómo algunos medios han difundido la ponencia, afirmando que el Constitucional avala la Amnistía, como si fuera la sentencia y no un borrador.

En la ponencia se dice que la amnistía no es inconstitucional por el hecho de que no esté prevista en la la Carta Magna. ¿Puede el legislador dictar cualquier iniciativa que no esté limitada expresamente por ella?

Eso es muy grave. En el debate sobre la constitucionalidad de la amnistía hay dos planos de análisis. El primero, es si el Parlamento tiene o no la competencia para conceder amnistías. Aunque fuera la mejor amnistía, la más necesaria, la más correcta y por el interés general, si el Parlamento no tiene esa competencia, no se pueden conceder amnistías. El segundo plano es que aún teniendo competencias, no cualquier amnistía vale. Debe cumplir unos requisitos y se trataría de ver si se cumplen o no. Pero volviendo al principio, la tesis de que el Parlamento puede hacer todo aquello menos lo que está expresamente prohibido, es preocupante. En un estado constitucional, ese principio rige para los ciudadanos. Sin embargo, para los poderes públicos es al revés. Los poderes públicos solo pueden hacer aquello para lo que están habilitados. Y nuestra Constitución no le habilita para conceder amnistías. Es que expresamente, cuando se debatió la Constitución, se propuso una enmienda en las facultades del Parlamento para que pudiera conceder amnistías, como en Italia, y se rechazó.

¿Quiere decir que el Constitucional esta cambiando la Carta Magna por la puerta de atrás?

Eso nosotros lo llamamos mutación constitucional. Una mutación es cambiar la Constitución sin seguir el procedimiento de la reforma. Es una violación de la Constitución. Si se quiere cambiar, lo que hay que hacer es una reforma constitucional con unas mayorías cualificadas, un referéndum, unas garantías democráticas.

La ponencia recoge que la amnistía no obedece a capricho o mero voluntarismo, sino que persigue una mejora de la convivencia y de la cohesión social. Incluso maneja términos como generosidad o sensibilidad. ¿Este razonamiento es válido en términos jurídicos?

Este es el segundo salto mortal de la ponencia. La cuestión clave de si es arbitraria o si es razonable. Porque si es arbitraria, por mucho que el Parlamento pudiera dar amnistía, el Constitucional tendría que anularla. En la ponencia se dice que no le corresponde al Constitucional valorar las intenciones del legislador. Y este, en el preámbulo de la Ley de Amnistía, decía que era razonable por las razones que citaba usted: convivencia, generosidad... Esto también es muy grave porque la ponencia sume ese preámbulo. Así nunca habrá una ley arbitraria. Basta con que tenga un preámbulo donde se diga que es razonable por esto o por esto. Y ya está. El Tribunal, que no es tonto, entiende que esas razones son falsas, porque la razón de la amnistía, todos saben que es así, son siete votos, los de Junts para la investidura de Sánchez. El tribunal dice que ellos no tienen que entrar en la intencionalidad. Y eso es renunciar o abdicar de su función de defensa de la Constitución. Si no entra a valorar eso, no puede ver si la ley es arbitraria o no.

¿Qué cree que va a pasar ahora?

Si fuera una deliberación real, tendría que haber un debate donde se vieran cada uno de esos argumentos, se intentaran convencerse unos a otros y llegar a la solución que el derecho considere mejor fundada. Eso es en la teoría. Es de esperar que haya una sentencia que avale la amnistía y que se formulen votos particulares potentes. No triunfarán, porque serán minoría, pero serán compartidos por la inmensa mayoría de los juristas, creo yo. Servirán, sobre todo, para que tenga conocimiento de ello la jurisdicción europea.

¿Tendrá esta la última palabra sobre la Amnistía?

Aunque la sentencia del Constitucional avale la Amnistía no va a ser aplicable inmediatamente. ¿Por qué? Porque los que la tienen que aplicar son los jueces. Y los jueces dirán: ‘Dice el tribunal que esta ley es constitucional, pero como nosotros pensamos que es contraria al derecho de la Unión Europea, hasta que no se pronuncie el tribunal de la Unión Europea, no la vamos a aplicar’.

El Constitucional actúa de modo casi automático con esa mayoría 'progresista'. Ya fue polémica la anulación de las condenas del caso de los ERE. ¿Cree que su imagen está dañada?

Hay dos cosas que son sagradas: la independencia de un tribunal y su imagen de independencia. Sin imagen de independencia no hay confianza de la sociedad. No voy a decir que el Constitucional no sea independiente, que obedezcan o les llamen por teléfono. Pero es indiscutible que la imagen de independencia ha sido destruida, entre otras cosas porque uno de sus miembros ha sido ministro de Sánchez, otro miembro de su administración...

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