Jornadas de 10 horas en el restaurante por 400 euros al mes

Que la hostelería es un sector difícil a la hora de encontrar un empleo con buenas condiciones se queda corto al descubrir los entresijos de la red de explotación montada por un empresario de la comarca de Pamplona en un restaurante ubicado en un polígono próximo a la capital navarra. Una decena de sus empleados lo han denunciado (la Policía sospecha que los afectados rondan la quincena) y la Policía Nacional, en una investigación en la que confluyó con la Fiscalía, lo considera responsable de dos delitos contra los derechos de los trabajadores y otro de falsedad documental.

Todas las víctimas eran extranjeras, de origen latino, y fueron contratadas de manera irregular ya que no contaban con autorización de residencia y trabajo. El investigado les hacía utilizar los datos de otras personas para identificarse ante las administraciones e incluso en los cuadrantes de trabajo. “Justificaba los abonos irregulares de salario o directamente los impagos asegurándoles que el modelo del restaurante era el de una cooperativa por el que ellos no eran empleados sino socios y que por tanto, ese plus de dedicación merecía la pena, que podría traducirse en beneficios que luego repartirían”, explican desde la Policía Nacional.

El problema estriba en que ni eran socios ni los beneficios se repartían ni ese ‘plus de dedicación’ encaja dentro de ninguna normativa laboral que salvaguarde los derechos de los trabajadores. “Las jornadas excedían los 8 horas, a veces de 10 o más, durante los 7 días de la semana, llegando a cobrar cantidades como 8.000 euros por todo un año de trabajo”. De hecho, el análisis de los ‘cuadrantes’ por parte de los investigadores del grupo de la Brigada de Extranjería especializada en este tipo de casos muestra cómo el detenido se aprovechaba de la especial vulnerabilidad de sus empleados. Los documentos que recogen los nombres de los empleados y los días trabajados revelan que muchas veces no les era abonada cantidad ninguna y solo en caso de reclamación, les derivaba alguna cantidad. “Por 3 o 4 meses les pagaba de repente 1.400 euros”. En ningún momento llegaron a cobrar el sueldo íntegro y, la media, eran pagos parciales de entre 300 y 500 euros, por vínculos laborales que en algún caso se alargaron más de un año.

También sostenía la situación en la promesa de ayuda para regularizar su situación administrativa en España, advirtiéndoles de consecuencias negativas en caso de no cumplir con lo que él les pedía