Obra pública
Dos denuncias sobre la adjudicación de Belate acaban en la UCO de Guardia Civil
Los agentes que investigan el ‘caso Ábalos-Koldo’ por posible cobro de comisiones asumieron las denuncias presentadas por UPN y un particular
Actualizado el 20/05/2025 a las 08:38
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha asumido dos denuncias interpuestas en Navarra a finales del año pasado sobre el proceso de adjudicación de las obras para duplicar el túnel de Belate. Los agentes de esta unidad especializada de Madrid decidieron incluir este asunto dentro de las pesquisas que llevan a cabo para elaborar su informe sobre el caso Ábalos-Koldo que investiga el Tribunal Supremo por posibles cobros de comisiones. No ha trascendido qué motivó a los investigadores a vincular ambos temas ni sus conclusiones, ya que el informe se encuentra en fase de elaboración y la causa bajo secreto.
Las dos denuncias se presentaron en la Comunidad foral el año pasado. Una la interpuso UPN ante la Guardia Civil en Pamplona y otra un particular. En un momento dado, la documentación aportada en ambas denuncias por posibles irregularidades en la adjudicación de las obras en Navarra acabó en Madrid en manos de los agentes de la UCO que se encargan de investigar el alcance de la trama que dirigía Víctor de Aldama. Este aseguró que entregó entre 3,5 y 4 millones de euros en comisiones al exministro José Luis Ábalos, su asesor, Koldo García, y al Partido Socialista.
El juez Leopoldo Puente, del Tribunal Supremo, también pidió a los agentes de la UCO que analizaran otras acusaciones vertidas por De Aldama contra miembros del Gobierno y del PSOE. Entre ellos, contra el secretario de Organización socialista, el navarro Santos Cerdán. Hasta ahora, Cerdán ha negado cualquier implicación con la trama, desmintiendo todas las informaciones que han ido apareciendo en medios digitales.
Las obras de duplicación del túnel de Belate se adjudicaron el 26 de diciembre de 2023 a la UTE formada por Acciona, Construcciones Osés y Servinabar 2000 SL en 62,88 millones (más IVA) con una baja del 20% sobre el importe al que salieron a licitación. El contrato se formalizó el 25 de enero de 2024.
QUÉ OCURRIÓ DURANTE EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN
La mesa de contratación estuvo formada por ocho personas: cinco técnicos del departamento de Cohesión Territorial, uno de los cuales, el entonces director de servicio de Nuevas Infraestructuras, era el presidente de la mesa; un técnico de administración pública (rama jurídica) del departamento que ejerció las funciones de secretario; el interventor delegado de Cohesión Territorial, y un representante de la Junta de Contratación Pública.
En la valoración de los criterios cualitativos planteados por las empresas que se presentaron (memoria técnica y programa de obras), puntuación que fue decisiva en la adjudicación, se produjeron varios hechos que pusieron el foco en todo este proceso. Por ejemplo, la documentación aportada por las empresas permaneció varios días en una unidad de red a la que tuvo acceso cualquier empleado público de la dirección general de Obras Públicas.
Tres miembros de la mesa, en concreto el secretario, el interventor y el representante de la Junta de Contratación Pública, emitieron sendos votos particulares en los que manifestaron que la valoración técnica realizada carecía de una adecuada motivación que acreditara suficientemente las diferencias de puntuación de las ofertas, en aras a garantizar la igualdad de trato y no discriminación. Además, destacaron la incorrección del hecho de que el presidente de la mesa conociera las puntuaciones de los otros cuatro técnicos expertos en Obras Públicas antes de emitir su propia valoración.
La mesa aprobó la propuesta de adjudicación con un informe de fiscalización del interventor positivo, pero con un reparo no suspensivo.
LAS CONCLUSIONES DE LA CÁMARA DE COMPTOS
La Cámara de Comptos, que analizó el proceso hasta la adjudicación del contrato, destacó que los criterios cualitativos evaluados deberían haber estado más desarrollados y desagregados técnicamente, así como la forma de asignar su puntuación, “con el objeto de garantizar el principio de igualdad de trato y transparencia, dado que un insuficiente detalle de los mismos puede perjudicar el derecho de los licitadores a disponer de la información necesaria para interpretarlos de la misma forma”.
En cuanto a que el presidente de la mesa diera su puntuación conociendo la de cuatro técnicos, señaló que aunque la normativa no detalla el proceso a seguir, se debería establecer un procedimiento en el que todos los que intervengan dispongan de la misma información “que garantice la imparcialidad de las puntuaciones y por tanto los principios de igualdad de trato y transparencia”, reiteró.
Además, destacó que se había incumplido “de forma significativa” el plazo máximo para adjudicar el contrato según la normativa, al haber sido superado el plazo en 80 días.
Puso de relieve que entre la fiscalización del proceso por la intervención delegada y la adjudicación se llevaron a cabo actuaciones posteriores de la mesa que deberían haber formado parte del expediente que se remitió a Comptos por su relevancia y trascendencia y de conformidad con el principio de transparencia.
Alzórriz defiende que Cerdán “desatascó” las obras de Belate
El ambiente se caldeó este lunes entre los grupos políticos navarros tras publicar algunos digitales nacionales informaciones que relacionan a Santos Cerdán con actividades presuntamente delictivas, si bien, la fuente en la que supuestamente se basan, un informe de la UCO de la Guardia Civil, aún no se ha hecho público.
En la habitual rueda de prensa tras la reunión de la Mesa y Junta de Portavoces, fue la parlamentaria del PP Irene Royo quien abrió el fuego y subrayó que es “imprescindible” establecer con claridad los hechos y “dirimir responsabilidades”. También cuestionó que cuando es el Partido Socialista el que se encuentra “en el ojo del huracán” muestra una actitud “mucho más beligerante y defensiva”.
ALZÓRRIZ SACA LA CARA A CERDÁN POR LAS OBRAS
El socialista Ramón Alzórriz no tardó en responder y lo hizo para defender a su compañero de partido, Santos Cerdán, de quien dijo: “ha mejorado muchas cosas que estaban atascadas”. Se refería a su participación en la agilización de diferentes obras públicas en Navarra. Así, achacó a la intervención de Cerdán el hecho de que se haya retomado la construcción de la autovía entre Pamplona y Madrid, “aparcada desde hace 20 años”, así como la consecución de fondos para “mejorar la N-121”. “Es -añadió- quien ha desatascado los túneles de Belate trayendo dinero de España después de 25 años y la amenaza de la Unión Europea de cerrarlos”.
En torno a esta última infraestructura, Alzórriz subrayó que en esta legislatura, en año y medio, ha habido 46 iniciativas para dilucidar la limpieza y la honestidad en las adjudicaciones. “Ha habido un informe de la Cámara de Comptos que decía que era legal lo que se había hecho, que podían haberse modificado algunas cuestiones puntuales, pero decía que había sido legal”.
Alzórriz lamentó la existencia de una anomalía democrática ya que, según denunció, “algunos acusan sin pruebas y obligan al denunciado a defenderse”. Finalmente acusó a las “derechas” de querer “embarrar” todo para “tapar todo lo que están haciendo el Gobierno de Navarra y el Gobierno de España, que es bueno y positivo para los ciudadanos”.
UPN Y GEROA BAI PIDEN DEJAR ACTUAR A LA JUSTICIA
Preguntado por este tema, el portavoz de UPN, Javier Esparza, subrayó que ellos no son “nadie” para fijar posición. “Tendrá que ser la justicia quien dirima si hay responsabilidades o no”, añadió. En todo caso, Esparza recordó que su partido ya presentó una denuncia sobre “posibles irregularidades” relacionadas con el desdoblamiento de los túneles de Belate. Y le dirigió a Alzórriz el siguiente mensaje: “presentar una denuncia cuando hay cuestiones que son irregulares, no es una anomalía democrática. Cuando alguien tiene dudas de un hecho se pone en conocimiento de la Justicia y se deja que se investigue, he visto a Alzórriz nervioso esta mañana”, deslizó.
Pablo Azcona (Geroa Bai) reconoció que sobre los presuntos casos de corrupción saben “lo que están publicando los medios de comunicación” y defendió que “si hay que aclarar alguna cuestión” al respecto, “se haga por las vías adecuadas”, en referencia a la Justicia. No obstante, lamentó el “preocupante espectáculo mediático, que hace daño a las personas que ocupan los cargos políticos, a sus familias y entornos más cercanos”.
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