Óscar Chivite niega cualquier "intervención política" en la mesa de Belate
EH Bildu, Geroa Bai y Contigo dan por buenas las explicaciones del consejero de Cohesión Territorial y no ven indicios de delito en la adjudicación


Actualizado el 17/04/2024 a las 17:56
El consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, ha asegurado este martes que no ha habido ningún tipo de “intervención política” sobre la mesa de contratación de las obras de Belate. “Nos hemos mantenido al margen porque es una mesa autónoma e independiente”, ha afirmado ante las dudas expresadas por UPN y PP sobre una eventual injerencia de responsables del Gobierno de Navarra en la adjudicación del millonario contrato adjudicado a Acciona, Osés y Servinabar.
Chivite y el director general de Obras Públicas, Pedro López, han comparecido en el Parlamento con los ecos de la comparecencia de la presidenta de Navarra y el anuncio de UPN de que llevará la adjudicación de Belate a la Fiscalía Anticorrupción. Aunque el consejero y el director general han centrado su intervención en las cuestiones técnicas y administrativas, el debate posterior ha ido por otros derroteros más políticos.
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El parlamentario de UPN Pedro González ha mostrado en pantalla una foto de Koldo García, en un exhibición de aizkora, con un pantalón con el patrocinio de Servinabar, la empresa que que va en UTE con Acciona y Osés. “Cada cual que haga la interpretación que quiera. Esa empresa no tiene ninguna relación con la construcción de túneles pero sí que parece tenerla con ese último aizkolari socialista que es un referente en la lucha contra las políticas de derechas”, afirmó González.
El diputado del PSN Javier Lecumberri se ha congratulado de que los regionalistas “por fin” vayan a presentar un escrito a la Fiscalía porque de las “insinuaciones” que han lanzado “tendrán que empezar a decir nombres”. “Tendrán que decir quién de los técnicos de la mesa de contratación ha falseado o manipulado u obligado a tomar decisiones incorrectas. Porque ustedes acusan a políticos, pero luego esos políticos han tenido que obligar a los técnicos a que tomen esas decisiones”, ha afirmado Lecumberri.
EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Podemos han dado por buenas las explicaciones del consejero y el director general. La mayoría progresista ha defendido que la adjudicación es “legal y transparente”. Así, han dirigido sus dardos a UPN. “Ustedes insinúan que alguien ha cobrado dinero porque se le ha adjudicado el contrato a una empresa. Aquí no tenemos los cheques, como en el caso Urralburu”, ha expuesto Adolfo Araiz (EH Bildu) para defender que no ve indicios de delito y considerar temerario que UPN vaya a la Fiscalía. “Que cada palo aguante su vela”, ha añadido.
Javier García (PP) ha señalado que de las comparecencias ha salido más "confundido y con muchas sospechas”. “No entendemos ese interés por sacar adelante esta adjudicación con tantos reparos jurídicos”, expresó el portavoz popular, que añadió: “Tienen intereses ocultos que no quieren contarnos”.
Emilio Jiménez (Vox) ha expuesto que el objetivo de las comparecencias "es que no quede la más mínima duda" y ha lamentado que "el lobo de la corrupción no se despega de España ni de Navarra".