Parlamento
El Gobierno sigue sin justificar por qué no da al PP el contrato entre Sunsundegui y Volvo
Así lo reiteran en un segundo informe los servicios jurídicos del Legislativo, que citan el derecho fundamental de la parlamentaria García Malo a recabar información para su trabajo
Publicado el 16/02/2025 a las 05:00
Los servicios jurídicos del Legislativo han vuelto a dar la razón a la parlamentaria Maribel García Malo, del PP, frente a la decisión del consejero de Industria del Gobierno navarro, Mikel Irujo, de no facilitarle el contrato que firmaron en octubre de 2023 Sunsundegui y Volvo para fabricar dos modelos de autobuses de última generación. Reiteran que el Ejecutivo sigue sin detallar los motivos por los que no da esa información a García Malo, lo que puede lesionar su derecho a ejercer su labor de parlamentaria.
Este nuevo informe jurídico, firmado por la letrada mayor del Parlamento, Silvia Doménech, concluye que el Gobierno ha aludido a “razones generales de confidencialidad y de información sensible y afectada por el secreto empresarial entre dos empresas privadas” y a “la situación actual concursal” en la que se encuentra una de ellas, así cómo ha hecho referencia de forma genérica a la ley de Secretos Empresariales y a la Ley Concursal. Sin embargo, “estas razones deben fundarse en derecho y por tanto detallar los motivos fácticos y jurídicos que lo limitan”, destaca.
Recalca que “junto a los intereses de las empresas, está en juego el derecho fundamental de la parlamentaria” a recabar información para ejercer su labor de control al Gobierno, “derivando su falta de atención” en este sentido “en una lesión a su ius in officium”, es decir, a su derecho a ejercer el cargo de parlamentaria para el que fue elegida.
LA DIMENSIÓN PÚBLICA DEL ACUERDO
El informe jurídico destaca la “dimensión pública” de esos acuerdos privados entre Volvo y Sunsundegui, ya que se consideraron estratégicos para Navarra y para el desarrollo de Alsasua y su comarca, lo que llevó al Gobierno foral y al Parlamento a implicarse, aportando, además, una financiación pública para posibilitar las inversiones derivadas de los mismos.
Sostiene que los aspectos o cláusulas sensibles de esos acuerdos privados, con información empresarial reservada sobre la actividad de los dos firmantes, debieran salvaguardarse, previa explicación “justificada y fundada en Derecho” de que tienen ese carácter de secreto empresarial, y facilitar a la parlamentaria del PP el resto de la información. No obstante, constata que ni siquiera se ha detallado y justificado cuál es la información sensible y afectada por el secreto empresarial que no debe difundirse.
LOS ARGUMENTOS CON LOS QUE IRUJO INSISTIÓ EN NO FACILITAR EL CONTRATO
El PP volvió a pedir este informe jurídico, después de que el consejero Irujo reiterara su negativa a facilitarle el contrato, argumentado la negativa de Volvo por ser “confidencial” y, por otro, aludiendo a que la autoridad concursal tampoco lo ve conveniente en este momento del proceso.
En función de lo que decida mañana el Parlamento, el PP no descarta acudir a la vía judicial para solicitar ese contrato.
Te puede interesar
