Sumarios que se abrían y cerraban a los pocos días, huellas dactilares sin cotejar, testimonios de testigos que pasaban desapercibidos, pruebas balísticas sin realizar o confesiones de etarras que no se comunicaban al juzgado correspondiente. “A una víctima de ETA se le enterró sin extraerle las balas porque los forenses carecían de la instrumentación necesaria”, relató este jueves el abogado penalista Pablo Cid Fernández, coautor del informe 'Ni justicia, ni verdad' publicado por el Colectivo de Víctima del Terrorismo (Covite). 

Este informe de 227 páginas es un inventario de las “cifras escalofriantes de impunidad” del terrorismo de ETA, dijo la presidenta del colectivo, Consuelo Ordóñez. De los 850 asesinatos cometidos por ETA, la mitad no tienen condena de los autores materiales. La mayoría corresponden a los años 70 y 80, pero también está el último atentado (Mallorca, 2009) en el que fueron asesinados Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá Lezaun.

Pamplona acogió este jueves la XXII Jornada Anual de Covite, que incluyó la presentación del informe sobre la “realidad judicial de los casos de delitos de terrorismo sin esclarecer”. Se trata de una selección de 50 asesinatos analizados en profundidad y en los que es palpable que hubo carencias en la investigación o graves negligencias en la instrucción policial o judicial. Cita a tres víctimas en Navarra: el policía Carlos Sanz Biurrun (1979) y dos civiles, José Oyaga y Jesús Vidaurre (1980).

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En la jornada estuvo presente el magistrado Javier Gómez Bermúdez, que admitió que los jueces tienen parte de responsabilidad en las cifras de impunidad. “¿En qué fallamos los jueces? En esa pasividad derivaba del propio sistema. La mayoría de jueces entendía que la policía era la que investigaba y era la acusación particular quien llevaba el peso”, expuso Gómez Bermúdez. Añadió también la “pasividad” para evitar la prescripción de las causas y la “falta de medios” que las fuerzas de seguridad tenían hasta la década de 1990.

En la mesa redonda, el magistrado tuvo el difícil papel de confrontar con varias víctimas del terrorismo, entre ellas Ana Torrente, jurista e hija de Diego, un policía asesinado en el Plan Sur de Pamplona el 7 de junio de 1984. En 2014, Ana Torrente tuvo acceso al sumario. “Grande Marlaska se ofreció a quedar conmigo y explicármelo, pero le dije no necesitaba explicaciones, yo sólo quería los papeles y analizarlos yo misma”, relató. Así es cómo descubrió que la sentencia no se ajustaba a los hechos descritos en el sumario.

Según el fallo, los etarras abordaron a Diego Torrente con intención de robar su coche, sin saber que era policía. Tras un forcejeo, le dispararon. El sumario, sin embargo, recoge el testimonio de un matrimonio que pudo ver cómo dos personas dejaron un paquete grande junto al coche y salieron huyendo. Al acercarse vieron que el paquete tenía un cadáver. “Ni siquiera está claro que si le mataron allí”, expuso la hija de la víctima.

Torrente explicó que los etarras fueron condenados por un delito de “robo de vehículo con resultado de homicidio doloso”. “No puede ser. Ese delito no existe”, replicó Gómez Bermúdez. En ese momento Ana le entregó la sentencia en papel para que lo viera con sus propios ojos. “Sin duda se trata de un error”, tuvo que admitir el magistrado.