Consuelo Ordóñez advierte de la "concesión fraudulenta de terceros grados"

La presidenta de Covite afirma que el arrepentimiento es una "exigencia fundamental" para obtener beneficios penitenciarios

Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite, este jueves en Pamplona
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Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite, este jueves en Pamplona
Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite, este jueves en Pamplona

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Pedro Gómez

Publicado el 15/11/2024 a las 05:00

Consuelo Ordóñez, hermana Gregorio Ordóñez, concejal del PP asesinado por ETA en 1995, denunció este jueves en Pamplona la “concesión de terceros grados fraudulentos a presos que no están arrepentidos”. Expuso que es la “última trampa” del Gobierno para “cumplir con las exigencias” de EH Bildu, que se suma a la “transposición de tapadillo aprobada en el Congreso que va a permitir excarcelar a decenas de presos etarras”.

“Los terceros grados se están concediendo sin cumplir con el requisito fundamental que exige la ley para poder progresar al tercer grado: el arrepentimiento. Es público y notorio que los presos de ETA siempre han sido presos con doble candado: el de la justicia que les ha condenado y el de la izquierda abertzale. Este último el más férreo”, expresó la presidenta de Covite.

El magistrado Javier Gómez Bermúdez discrepó de la opinión de Ordóñez. “Para conceder el tercer grado se exige un pronóstico de reinserción social, que pasa por que no se reintegren en determinados círculos radicales”, expuso Gómez Bermúdez, que expuso la “dificultad de saber si el arrepentimiento expresado por un preso es sincero o interesado”. “El arrepentimiento no se puede exigir, pero hay que tenerlo en cuenta para conceder el tercer grado”, añadió.

Consuelo Ordóñez aclaró que Covite reconoce el “derecho a una segunda oportunidad para quienes hagan una impugnación pública de su pasado criminal, es decir, para quienes expresen honestamente y sin oportunismo su arrepentimiento sincero”. “Pero lo que no aceptamos es una falsa reinserción de quienes siguen orgullosos de su pasado criminal y siguen ligados a un entorno político que los trata como a héroes y los llama presos políticos. Este no es un precio necesario ni aceptable para la paz”, expresó.

La presidenta de Covite lamentó que a las víctimas del terrorismo siguen sufriendo un “desamparo institucional”. “Nuestros gobernantes y algunos jueces y fiscales parece que siguen empeñados en negar a las víctimas su legítimo derecho al acceso a la justicia, incluso su legítimo e imprescriptible derecho a la verdad”, manifestó.

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