La norma aprobada este jueves por el Parlamento de Navarra que permitirá declarar en Navarra zonas de mercado residencial “tensionado” concreta cómo se iniciará la declaración de las posibles zonas en la Comunidad foral. Serán aquellos lugares en los que se advierta un riesgo de acceso a la vivienda a un precio asequible para la población residente, incluyendo a los futuros hogares, porque se dan una de estas dos circunstancias:

1. Que en esa zona la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler más los gastos y suministros “básicos” supere el 30% de la renta media de los hogares.

2. Que el precio de compra o alquiler de la vivienda en ese lugar haya experimentado en los 5 años anteriores un porcentaje de crecimiento acumulado de, al menos, 3 puntos porcentuales más que el porcentaje de crecimiento del IPC de Navarra.

CÓMO SERÁ ESTE PROCESO: PRIMEROS PASOS

Para iniciar el procedimiento que llevará a esa declaración, en primer lugar el departamento de Vivienda debe obtener la información de la situación del mercado residencial en distintas zonas de Navarra, incluyendo cómo están los precios de alquiler y venta y su evolución y el nivel de renta de los hogares residentes.

Posteriormente, la propuesta que realice Vivienda sobre la declaración de estas zonas se deberá someter a información pública, incluyendo todos los estudios en los que se base la iniciativa. Se publicará en el portal del Gobierno Abierto del Ejecutivo navarro por un plazo de dos meses en los que los ciudadanos podrán presentar alegaciones.

LA DECLARACIÓN DURARÁ 3 AÑOS

Tras ese proceso de información pública, la consejera de Vivienda, Begoña Alfaro, como responsable actual del departamento, será la que apruebe esa declaración mediante una orden foral. Deberá estar motivada, será publicada en el Boletín Oficial de Navarra (BON) y la tendrá que comunicar al Ministerio de Vivienda.

Simultáneamente o posteriormente a esa declaración, el departamento de Vivienda del Gobierno aprobará un plan específico con las medidas que considere necesarias para “corregir” la situación, plan que podrá contar con la participación de los ayuntamientos afectados, detalla la norma.

La orden foral de la consejera de Vivienda que declare que un lugar es zona de mercado tensionado, con la obligación de aplicar las medidas que se planteen, tendrá una vigencia de tres años. Tras ese tiempo, y si siguen concurriendo las circunstancias que llevaron a esa declaración, la vigencia podrá prorrogarse por periodos anuales.

Así lo recoge la ley aprobada este jueves por el Legislativo y que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BON.

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