La Fiscalía ha respaldado la legalidad de la gestión de las luminarias de la N-121-A por parte del Gobierno de Navarra. Tras más de un año de investigación y después de analizar numerosa documentación, el Ministerio Público ha descartado que exista delito alguno en la adquisición por el departamento de Cohesión Territorial del software a un fabricante concreto para la telegestión del sistema de luminarias. El tema había generado controversia política a raíz de informes técnicos que apuntaban que la adquisición de un software una marca concreta, sin un proceso público previo, podía generar dependencia de la misma y un sobrecoste a las arcas públicas, algo que siempre ha rechazado el Gobierno foral.

Las Diligencias de Investigación Preprocesal de la Fiscalía se iniciaron el 23 de junio del año pasado a raíz de la denuncia interpuesta por una persona cuya identidad o cargo no ha trascendido. Según el denunciante, en la contratación y/o renovación de los sistemas de luminarias de varias carreteras de Navarra por parte del departamento de Cohesión Territorial se pudo haber cometido un delito de prevaricación administrativa y/o malversación de caudales públicos. La Fiscalía abrió diligencias de investigación y pidió un informe a la Cámara de Comptos.

Según trascendió posteriormente, había dos informes técnicos del propio departamento que señalaban tres posibles infracciones: la ausencia de un procedimiento de adjudicación para la compra de la plataforma de telegestión Interact-Phillips, la dependencia tecnológica que podía generar dicha plataforma y un posible quebranto al fisco por los sobrecostes.

SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN

Tras la publicación de estos informes, el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, y su director general, Pedro López, comparecieron en el Parlamento en abril a petición de UPN y PP. Chivite defendió que el software contratado era gratuito, por lo que no hacía falta realizar un procedimiento de adjudicación. Negó dependencia tecnológica, pues Interact es “una plataforma abierta”, y también rechazó sobrecostes o restricciones a la competencia.

La Cámara de Comptos envió su informe a la Fiscalía el 23 de abril de este año. Dos semanas después, el Ministerio Público pidió al departamento de Cohesión Territorial que remitiera el expediente completo de contratación de las obras contenidas en el proyecto Conversión de la carretera N-121A, Pamplona- Behobia, en vía 2+1 entre el p.k. 10+500 (travesía de Olave) y el p.k. 22+500, el de modificación contractual, y el informe técnico del órgano gestor de 10 de febrero de 2022. La Fiscalía también pidió al departamento el expediente completo del procedimiento de contratación en la adjudicación del sistema de gestión centralizado del alumbrado. Finalmente, y tras el examen de toda la documentación remitida por el denunciante y por el Gobierno foral, la Fiscalía no ha apreciado la existencia de ningún delito. Por ello, este mismo lunes, 19 de agosto, dictó el decreto de archivo.