El acusado de asesinar a su mujer, Sara Pina Yeregui, de 38 años, el año pasado en Tudela, ha aceptado en la mañana de este martes 23 de enero una condena de 17 años de prisión por un delito de asesinato. En una vista celebrada entre las partes en la Sección Segunda de la Audiencia, el inculpado, José María Uruñuela Ansó, de 43 años, ha reconocido los hechos y ha aceptado también pagar una indemnización de 205.000 euros y renunciar a la herencia que le correspondía. De esta manera, se evita la celebración de un juicio con jurado popular. 

La Fiscalía pedía inicialmente 20 años de prisión; la acusación particular, ejercida por la familia de la víctima, 25, y el Gobierno de Navarra, como acusación popular, 23. En la condena pactada hoy, al encausado se le ha estimado la agravante de parentesco y la atenuante analógica de consumo perjudicial de sustancias tóxicas. Además, se le ha impuesto una medida de libertad vigilada de 10 años (a cumplir tras la pena de prisión), así como una prohibición por un plazo de 27 años tanto de comunicarse con los familiares de la víctima como de residir o acudir a la localidad de Cortes, en donde estos viven. Como responsabilidad civil, el condenado deberá indemnizar con 65.000 euros a cada uno de los padres de la víctima y con 75.000 a su hermano.

Según el escrito inicial de la Fiscalía, entre las 22 horas del 7 de enero de 2022 y las 4 del 8 de enero de 2023, el acusado, aprovechando que la mujer dormía, le cubrió la cabeza con una almohada y le asestó al menos cinco puñaladas que acabaron con su vida. Después, huyó con un vehículo de empresa a Francia. 

El cadáver fue encontrado la mañana del día 10 ante la falta de noticias de ella durante todo el fin de semana, y tras la confirmación por parte de su madre de que no había acudido a su centro de trabajo. Gracias a que la Policía Foral descubrió que la furgoneta del inculpado llevaba geolocalizador, se descubrió que el huido circulaba en dirección a París. A las 15.45 horas del día 11 en el área de servicio de la localidad francesa de Boisredon, fue detenido por la Gendarmería y extraditado a Navarra, donde fue encarcelado.

La Fiscalía consideraba en sus conclusiones provisionales que el acusado presentaba en esos momentos trastornos mentales y de comportamientos, y en una situación de consumo de cocaína y alcohol, lo que afectó de manera “moderada” a sus capacidades. Por todo ello, le aplicaba la agravante de parentesco y la atenuante de consumo de sustancias.