Mayo, la banda terrorista ETA, asesina en Navarra a 13 personas, y a 5 navarros fuera de nuestra comunidad, además de cometer numerosos atentados, dejando tras de sí un reguero de sangre, dolor y sin razón.

Mayo de 2023, otro nuevo ‘atentado’. COVITE hace público un informe: 44 candidatos de las listas electorales de Bildu, para las próximas elecciones en el País Vasco y Navarra, fueron condenados por formar parte o haber colaborado con la banda terrorista ETA durante los años en los que mantuvo su actividad con coches-bomba, tiros en la nuca, secuestros y extorsiones.

Ante la lógica conmoción que esa noticia ha generado en gran parte de la sociedad española, hemos escuchado de distintos líderes políticos afirmaciones como estas: “En un marco estrictamente legal el partido abertzale elabora sus candidaturas y la Junta Electoral se las aprueba”; “la banda terrorista desapareció hace 10 años, es pasado y hay que mirar hacia adelante”; “el futuro de la sociedad vasca y navarra guste o no en determinados sitios se tiene que construir también con Bildu”; “pasar de la violencia a la palabra es un éxito de la democracia”.

Hiela la sangre escuchar esas palabras. Que concurran a las elecciones puede ser legal. Nada más. También fue legal el apartheid, en Sudáfrica, el partido nazi en Alemania, y la mutilación genital femenina practicada a bebés es legal en Malasia.

Será legal, pero es radicalmente ilegítimo e inmoral. Sentar en las instituciones públicas, que representan a toda la ciudadanía, a quien no dudó en apretar un gatillo, colocar un coche bomba, seguir los pasos de una víctima para informar a los matones de turno, exigir el ‘impuesto revolucionario’ y otras tantas formas de terrorismo, repugna a quien tenga unos mínimos valores éticos. Que estos ‘señores y señoras’ cobren retribuciones o indemnizaciones con cargo a los impuestos de los ciudadanos, entre otros, de sus propias víctimas, no tiene nombre.

¿Se trataría con la misma condescendencia y buenismo la inclusión de un terrorista yihadista de los que perpetraron los atentados del 11-M, de un violador (véase cualquier miembro de la manada), o de un asesino, en cualquier lista electoral?

¿Es pasado el hijo que perdió a un padre?

¿Son pasado los miembros arrancados a una víctima en una explosión?

¿Están en el pasado quienes se vieron obligados a huir de su tierra?

Las víctimas del terrorismo no debemos ni podemos permanecer calladas ante esta nueva vejación, ante este nuevo atentado, y reaccionaremos como siempre lo hemos hecho, sin recurrir a ningún tipo de violencia. Es nuestra responsabilidad frente a quienes pretenden legitimar y normalizar a los terroristas.

No se trata de ‘ovejas’ descarriadas que han vuelto al redil, han sido integrantes de ETA que durante más de 50 años aterrorizó a la población española, que nos privó de los más elementales derechos fundamentales, la vida, la integridad física y la libertad. Y ahora ese pasado se pretende blanquear porque hace diez años dejaron de matar, pero se olvidan que hay más de 300 crímenes sin esclarecer y que siguen sin condenar la actividad terrorista.

Las palabras vacías del Sr. Otegi se tornan en este momento insultantes: ¿de verdad siente el sufrimiento de las víctimas y se compromete a mitigarlo, poniendo en sus listas a quienes lo causaron?

Podríamos decir muchas más cosas, pero quizá baste con repetir una de las frases más certeras que al respecto se han dicho: “No hay terrorista bueno, pero tampoco hay pueblo digno que sea capaz de convivir, o de acoger, o incluir entre ellos a esa maldita especie, ni a sus cómplices ni a sus encubridores. La ambigüedad con el terror corrompe siempre”. José Bono, presidente del Congreso de los Diputados, 27 de junio de 2010.

Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia.

Mª Pilar Ollo Luri, Julio Vidaurre Ruiz , Mª Paz Prieto Sáenz de Tejada, José Ignacio Toca López de Torre, Luis Álvarez Atarés y María José Moral García, miembros de la la junta directiva de Anvite