Navarra pierde comba fiscal en plena pugna autonómica por ganar atractivo

Cuando la legislatura echó a andar se hablaba de la necesidad de incrementar el gasto público y reducir impuestos tras el incremento impositivo que conllevó la reforma del Gobierno de Uxue Barkos. Pero gobernar no es lo mismo que hacer promesas electorales y aún menos cuando se gobierna en coalición. Y en un terreno tan propicio para la demagogia como es el fiscal no parece casualidad que, hoy, cuando la legislatura está ya próxima a su finalización, muchas de las promesas para reducir la carga fiscal a rentas medias y familias y recuperar el atractivo para nuevas empresas sigan en la casilla de salida.

Pese a haberse aprobado mejoras en algunos impuestos, desde IRPF a Patrimonio y Sociedades, los últimos estudios que han analizado la posición fiscal de la comunidad en el ranking autonómico, desde el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal elaborado por la Fundación para el Avance de la Libertad y la Tax Foundation, al Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral que elabora el Consejo General de Economistas, ponen negro sobre blanco la pérdida de atractivo fiscal de la comunidad de la que expertos de diferentes ámbitos llevan años advirtiendo. En plena pugna autonómica por conseguir la tributación más ventajosa para particulares y empresas, el entorno fiscal navarro apenas ha mejorado y Navarra sigue perdiendo comba ante las regiones que gozan de un mayor atractivo, con las tres provincias vascas y Madrid a la cabeza de los principales rankings.

No podemos obviar que ha sido un mandato complejo, marcado por la covid, la guerra de Ucrania y una inflación desbocada, pero tampoco que Navarra disfruta de plena autonomía fiscal y cerró 2022 con 803 millones más de ingresos de los inicialmente presupuestados. Pero cuando se echa la vista atrás, en estos cuatro años no se observan movimientos fiscales de calado que hayan supuesto una rebaja significativa de la presión fiscal a familias y empresas. Se han producido algunos avances en IRPF que le han permitido recuperar varias de las posiciones que perdió en 2018 en el ranking autonómico aunque sigue lejos de tres provincias vascas y también de Madrid. Entre las más importantes, la deflactación de la tarifa general con respecto a 2020 en un 2%, insuficiente para evitar el golpe de la inflación, y el incremento de los mínimos personales y familiares congelados desde 2016. También importante será el efecto en rentas de hasta 35.000 euros de la deducción de 540€ que se irá reduciendo a partir de los 18.000€ y se podrá aplicar sólo en la declaración de la renta de este año. Un alivio, no obstante, que será temporal porque ya este 2023, la pérdida de esa deducción hará que hasta esas rentas más bajas, las más beneficiadas por las medidas fiscales que se han puesto en marcha, tributen más por IRPF que las comunidades del régimen común. Se da la paradoja de que en la comparativa con 2022 que recoge el estudio de los economistas -toma como base un contribuyente soltero, sin hijos y menor de 65 años que sólo recibe rentas del trabajo-, mientras que en el resto de comunidades, incluida el País Vasco, se reduce la presión fiscal en todos los tramos de renta por efecto de la subida de las cotizaciones sociales, en Navarra sube, fruto de la desaparición de la mencionada deducción. Y la subida no es menor: hasta 534,40 euros para los contribuyentes con rentas de entre 16.000 y 30.000€.

A lo largo de la legislatura, la Comunidad foral ha optado por una política fiscal continuista y replicar cambios introducidos por el Ejecutivo de Pedro Sánchez que han terminado agrandando la brecha fiscal con Navarra. Cambios como el incremento del mínimo exento que este año sube hasta los 14.500 euros, o el incremento de la tributación del ahorro para las rentas de capital superiores a los 200.000 euros, sin olvidar que las que no superan esa cifra ya estaban peor tratadas en Navarra. Otros cambios aprobados en el Estado y de obligado cumplimiento en todas las comunidades, también en los territorios forales, terminaron dejando en el limbo las ventajas fiscales que había incluido Navarra en su normativa para los mayores de 50 años por aportaciones a planes de pensiones individuales pero que desde 2021 ya no se han podido llevar a efecto.

Y todo esto ha ocurrido en un entorno fiscal cada vez más competitivo en el que las comunidades del régimen común, con la vista puesta en las elecciones de mayo, han exprimido al máximo sus opciones fiscales para rebajar la presión fiscal a sus contribuyentes. Hasta diez gobiernos autonómicos han aprobado rebajas en la factura autonómica del IRPF con la idea de ayudar a paliar parte del impacto de la inflación. Y mientras el País Vasco, con idéntica autonomía fiscal que Navarra, es la que sigue ofreciendo la fiscalidad más ventajosa para las rentas medias (los tres tramos que se sitúan entre los 30.000 y 70.000 euros), Navarra mantiene el tipo máximo más alto (52%) y es una de las regiones en las más pagan las rentas bajas y medias. Lo cierto es que desde los primeros compases de la legislatura, las decisiones que se fueron adoptando en Navarra en materia fiscal dejaron claro que no habría grandes golpes de timón con respecto al mandato anterior.

En el verano de 2019 el escenario económico era de ralentización, con incertidumbres como el ‘Brexit’ o la guerra comercial de Trump, y las reglas de estabilidad y deuda pública, que tras la crisis de la covid saltaron por los aires, todavía pesaban como una losa. La hoja de ruta la marcaba un acuerdo programático en el que se recogía el compromiso de revisar la carga fiscal a rentas medias y familias tras la reforma de 2015. Una reforma que los socialistas criticaron desde la oposición. “Mientras el PNV y PSE en el País Vasco buscan una reforma para atraer nuevas inversiones, Navarra es la menos atractiva para invertir”, cuestionaba Chivite en 2017.

Dos años después, con el PSN ya al frente del Ejecutivo, el foco empezó a cambiar. “Mis líneas rojas son el beneficio y el bien común”, aseguraba vehemente Elma Saiz en su primera entrevista en este medio como nueva consejera de Economía y Hacienda. En el debe, promesas electorales como la devolución del IRPF a los padres y madres navarros que los tribunales pusieron en su tejado tras ganar el Gobierno la reclamación de los afectados. Al final, se optó por una deducción por nivel renta frente a la exención aplicada en el conjunto del Estado. Una desventaja que al final de la legislatura se ha repetido con la ayuda de los 100€ por hijo menor de tres años aprobada en Estado para todas las familias pero que Navarra también condiciona a la renta.

En Patrimonio se han registrado algunos avances. Tras el cambio que promovió Bildu en la legislatura anterior, Navarra era la única que aplicaba el impuesto a las participaciones empresariales. En enero de 2020 los bienes de los contribuyentes vinculados a una actividad empresarial volvieron a quedar exentos. Por contra, la comunidad ha optado por aplicar el nuevo impuesto temporal a los grandes fortunas que no afectaba a los territorios forales añadiendo, en línea con el Estado, un tramo del 3,5% para los patrimonios de más de 11.000 millones lo que ha agrandado la diferencia con las provincias vascas que no lo han aplicado y donde los tipos máximos no se han movido quedándose en el 2% en el caso de Vizcaya y en el 2,5% en Álava y Guipúzcoa.

Así, en medio de una crisis económica y también de empleo, ni el Gobierno ha planteado reformas de calado ni ha atendido las que demandaban las empresas por la vía del diseño de incentivos para atraer el mejor talento. Desde el impulso a sectores emergentes, a la mayor ampliación del régimen de impatriados pasando por la modificación del tratamiento del beneficio empresarial. El comité de expertos creado para estudiar la fiscalidad reconoció en su primer trabajo, un encargo para analizar parte de los incentivos que se aplican las empresas, la necesidad de realizar una evaluación completa del impuesto de sociedades y en particular de los tipos de gravamen y de la tributación mínima para evitar la pérdida de competitividad fiscal que quedará para el Ejecutivo que salga de las urnas. El tipo general del impuesto, del 28%, es hoy tres puntos superior al de las comunidades del régimen común y cuatro al del País Vasco. Y aunque el tipo efectivo (el que resulta tras aplicar las deducciones) es mucho menor -en torno al 17%-, como les gusta decir a los asesores, “el tipo nominal de Sociedades es el escaparate que tenemos para vender Navarra y tener que presentarse con un 28% no ayuda”.