Las personas con discapacidad sufrieron retrocesos en su estado físico durante la pandemia, un menor apoyo psicosocial, pérdida de autonomía, mayor ansiedad, miedo e incertidumbre. Estas son algunas de las principales vulneraciones que han evidenciado las entidades que atienden a personas con discapacidad durante la pandemia y que se plasman en un estudio realizado por el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra (Cermin) y la UPNA sobre el ‘Impacto del Covid-19 en las personas con discapacidad y sus familias en Navarra’.

A ellas se suman otros problemas como la “inexistencia de información” accesible, que impidió tener información clave sobre prevención; interrupción del apoyo domiciliario y rehabilitación; o la poca adaptación de los métodos telemáticos, que no cubrieron sus necesidades, tampoco en el ámbito escolar donde el alumnado con discapacidad quedó en mucho casos excluido. También detectaron carencias en residencias y priorizaciones en sanidad, que cuestionan la atención en igualdad, o ralentización de servicios necesarios para personas con discapacidad.

El profesor Mikel Lizarraga presentó ayer el trabajo que se realizó entre noviembre de 2021 y febrero de 2022, a instancias del Cermin. La investigación, que recogió a través de grupos de trabajo las “percepciones” de personas que vivieron en primera línea la situación de la dependencia en la pandemia, tuvo como objetivos conocer el impacto de la covid en las personas con discapacidad y buscar recomendaciones para los poderes públicos. “Se trata de saber qué hacer para mejorar los déficit estructurales que se han puesto de manifiesto y que han dejado a bastantes personas atrás”, dijo Mariluz Sanz, presidenta de Cermin.

Según el trabajo, algunas respuesta llevadas a cabo por los poderes públicos navarros se caracterizaron por su “falta de inclusividad”, lo que trajo consigo “diversas vulneraciones de derecho”. Tras la presentación, varias representantes de entidades contaron sus experiencias en la pandemia.

CUATRO ÁMBITOS

La investigación recoge los principales problemas detectados, en relación a los derechos vulnerados de acuerdo con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en cuatro ámbitos: salud y servicios sociales, empleo, educación y centros sociosanitarios. Sin embargo, también apunta otros derechos que se han visto afectados como la accesibilidad, la igualdad de oportunidades o la seguridad en situaciones de emergencias humanitarias.

En el ámbito sanitario pone de relieve las “importantes consecuencias” del confinamiento, que supuso una merma en su calidad de vida. Después, el retraso o anulación de citas médicas también impactó en este colectivo de mayor vulnerabilidad. Desde un punto de vista psicológico, añade una alteración de las rutinas saludables, falta de adaptación, tristeza, aislamiento social, aumento de medicación, etc. “Aumentaron significativamente las alteraciones de conducta con la aparición de sentimientos de miedo, ansiedad e inestabilidad emocional”. En general, indica el trabajo, predomina un aumento del progreso de la enfermedad por la falta de continuidad de las terapias y una de cada cuatro personas con discapacidad ha percibido miedo, cuadros de ansiedad e incertidumbre.

En el ámbito del empleo se manifiestan las dificultades de acceso así como los salarios insuficientes. Y en el educativo la falta de directrices concretas para el alumnado con discapacidad. “Se ha identificado un mejor funcionamiento de las escuelas rurales”, añade. En los centros residenciales destaca los “criterios cambiantes”, las consecuencias de compartir habitaciones y la falta de alternativas a los cierres de centros de día.