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Caso de las mascarillas

Sodena trató de cargar a la CEN los 1,8 millones de pérdidas por las mascarillas

La fallida compra del material les ha estado enfrentando desde 2021

Ampliar Juan Miguel Sucunza (CEN) y Mikel Irujo, en un acto
Juan Miguel Sucunza (CEN) y Mikel Irujo, en un actojesús caso (archivo)
Actualizado el 25/10/2022 a las 20:37
El caso de las mascarillas de Sodena, que se ha saldado con 1,7 millones almacenadas y pérdidas para las arcas públicas de varios cientos de miles de euros, saltó a la opinión pública este verano, pero desde el inicio de 2021 ha enfrentado a la sociedad pública que dirige el consejero de Desarrollo Económico del Gobierno, Mikel Irujo, con la CEN, la Confederación Empresarial Navarra.
Sodena llegó a pedir en abril de 2021 a la CEN que abonara los 1,8 millones de euros a los que asciende el valor del stock del material sin vender. La CEN se opuso. El tema ha estado a punto de acabar en tribunales y ha motivado que las partes hayan encargado hasta 4 informes jurídicos a varias firmas para aclarar quién tiene que asumir la responsabilidad económica de la operación.
EL ORIGEN, UN ACUERDO AL INICIO DE LA PANDEMIA
El acuerdo tenía como fin dotar de material de protección a las empresas en la primavera de 2020, cuando había estallado la pandemia por la covid y era difícil adquirirlo. Se firmó el 7 de mayo entre Sodena, presidida entonces por el consejero Manu Ayerdi, la CEN y la empresa Albyn Medical. El departamento de Salud se comprometió en determinadas circunstancias a quedarse con hasta el 10% de excedente.
Se acordó que a través de la CEN y previa comunicación de esta con las empresas, se haría una estimación de lo que se necesitaba. Albyn tramitaría los pedidos. Sodena habilitó un sistema de “créditos puente” por hasta 2 millones en una cuenta de la que era cotitular con Albyn. Con ese dinero, esta última hacía la compra y luego las empresas debían remitir las órdenes formales de los pedidos a través de la CEN, asumiendo el coste de material más un 3,5% por comisión para Albyn.
Se adquirieron en total 2,1 millones de mascarillas FPP2 y quirúrgicas y no llegaron a 400.000 las que se vendieron. Cuando acababa la vigencia del acuerdo, el 31 de diciembre de 2020, el saldo pendiente de Sodena a cobrar por la operación era de casi 1,8 millones de euros ante el stock de mascarillas sin vender.
EN ABRIL DE 2021 SODENA EXIGIO EL COSTE A LA CEN
Sodena llegó a encargar dos informes jurídicos para determinar quién debía asumir la responsabilidad de ese material (información de todos los informes en la siguiente página). El 20 de abril de 2021, la entonces gerente de Sodena, Pilar Irigoien, reclama por carta a la CEN que “a la mayor brevedad” posible “cumpla con sus obligaciones en el contrato y proceda a la adquisición y el pago de la totalidad del stock de EPIs pendiente”. La carta está firmada también por Luis Collantes, de la empresa Albyn.
Sostienen que han cumplido su parte del acuerdo “siguiendo en todo momento las instrucciones de la CEN”. “No podemos seguir siendo responsables del stock de EPIS por más tiempo”.
CEN ACUSA DE "DESLEAL" LA CONDUCTA DE SODENA 
El 29 de abril el secretario general de la CEN, Carlos Fernández Valdivielso responde a Sodena y Albyn (por correo electrónico y burofax) que no han incumplido el acuerdo y que su papel se limitó a coordinar e intermediar con las empresas. Les acusa de realizar “infundadas imputaciones”.
La CEN se queja que Albyn “nunca” les informó ni del origen de los pedidos, del proveedor, el precio de compra o los plazos de entrega y que por eso empresas y asociaciones “se vieron obligadas a buscar y adquirir” ese material por otros canales que, según les informaron, ofrecían “precios más competitivos”.
Afirma que algunas mascarillas suministradas por Albyn no cumplían con la reglamentación de consumo para su comercialización y esta las tuvo que retirar. Y agrega que una alerta sanitaria de la Agencia Española del Medicamento recomendaba no usar otras suministradas por Albyn y que muchas empresas estaban reclamando su devolución.
Concluye que les llamaba la atención que Sodena y Albyn no hicieran referencia a todo ello al realizar una reclamación económica “absolutamente improcedente” a la CEN y califica su conducta de “desleal”. Les avisa que si cumplen su “amenaza” de reclamarles daños y perjuicios “lo harían de forma injustificada y maliciosa”. Les advierte que en ese caso ellos también actuarán.
SODENA SE RATIFICA, PERO PIDE NEGOCIAR A LA CEN
El 25 de junio de 2021, el consejero Mikel Irujo, como presidente de Sodena, responde a la CEN que se ratifica en lo que defendieron en la carta del 20 de abril y discrepa de la respuesta de la CEN, pero le ofrece abrir una fase de negociaciones “a fin de alcanzar un consenso que permita una solución satisfactoria”.
Sodena envió a la CEN el borrador de un nuevo acuerdo. El pasado 25 de abril la CEN hizo algunos cambios y envió esa propuesta a Sodena. No tuvo respuesta. Ahí quedó parado el tema.
CEN: "SORPRESA E INDIGNACIÓN" CON SODENA 
La Intervención, que dentro del Gobierno se encarga de controlar la gestión de los fondos públicos, concluyó el pasado julio que en el acuerdo de 2020 Sodena había incumplido en varios puntos la ley de Hacienda Pública y no contó para la operación con la autorización específica del Gobierno. El pasado agosto, Sodena cesó a su directora gerente Pilar Irigoien por todo este asunto.
En ese informe de Intervención, la CEN ha encontrado información sobre hechos que desconocía, según trasladó por escrito el pasado 15 de septiembre su presidente, Juan Miguel Sucunza, al consejero y presidente de Sodena, Mikel Irujo, mostrando su “sorpresa e indignación”.
Sucunza sostiene que, de confirmarse, no sólo habría contradicciones con la información que recibió la CEN, sino también “incumplimientos dolorosos” de los compromisos que asumieron Sodena y Albyn, “una grave e inaceptable deslealtadpara con la CEN, afirma. El presidente de los empresarios se ratifica en la carta del 29 de abril y avisa que han puesto la documentación en manos de sus asesores legales. Insiste en que ellos han cumplido su parte del acuerdo, pero que toman nota de la “petición expresa de apoyo” que el Gobierno les ha trasladado para solucionar el problema generado por el stock.

Transparencia en entredicho

​La presidenta María Chivite y el consejero Mikel Irujo echaron balones fuera nada más conocerse el caso de las mascarillas. Se ampararon en que el Gobierno había actuado con total transparencia cuando Intervención detectó la operación que acabó con 1,7 millones de mascarillas en un almacén. El informe de Intervención se fechó en julio de 2022. El caso saltó a la opinión pública un mes después. Los enfrentamientos entre Sodena, sociedad pública dependiente de la consejería de Mikel Irujo (hoy) y de Manu Ayerdi (antes), comenzaron en enero de 2021 y siguen sin resolverse. Algo no cuadra: o el Gobierno no ha sido tan transparente como presumieron Chivite e Irujo o alguien ha ocultado información a la presidenta y al consejero. Tanto una como otra son igual de graves.

​Nacho Calvo

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