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Discapacidad

Unas 36.300 personas tienen reconocida una discapacidad en Navarra

Una nueva ley, todavía en fase de proyecto, busca “centralizar” los derechos de estas personas y regular la discapacidad como un “ámbito jurídico propio”

Ampliar proceso de elaboración con más de 550 aportaciones
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Publicado el 05/10/2022 a las 06:00
Navarra contaba hasta ahora con una legislación “dispersa y fragmentada” en lo que se refiere a las personas con discapacidad, que suman en la actualidad unas 36.300, al menos con reconocimiento oficial. No es que no se regulara su situación, pero se hacía de modo disperso, aislado por ámbitos: empleo, sanidad, educación, cultura, etc. Dotar a este colectivo de una legislación que aglutinara su realidad en una “pieza central”, a la vez que adaptada a la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad, era una tarea pendiente. Más si se tiene en cuenta que todas las proyecciones demográficas constatan que el aumento de la discapacidad va a ser notable en los próximos años, debido al progresivo envejecimiento de la población. En concreto, se calcula que en 2050 una de cada seis personas en el mundo tendrá más de 65 años; en Navarra, según el Observatorio de la Realidad Social, la tasa de dependencia (la proporción de personas dependientes sobre la población activa) llegará en 2035 al 65,8%.
En agosto se aprobó el proyecto de ley que persigue poner fin a esta situación, “ configurando la discapacidad como un ámbito material con identidad jurídica propia”, tal y como explicó ayer la consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu. Lo hizo en un acto de presentación del proceso de elaboración del borrador de la norma.
Que las personas con discapacidad recuperen su autonomía y su capacidad de decisión en todos los ámbitos de su vida son dos de los principios inspiradores de todo el contenido del proyecto de ley. Entre los cambios concretos que implica se puede destacar la apuesta decidida por la desinstitucionalización de las personas que viven en centros residenciales, incrementando el número de viviendas adaptadas y potenciando servicios de atención personalizada en el domicilio. Otro de los cambios, obligado para adaptarse a la legislación nacional vigente, es el fin de las incapacitaciones y tutelas. De este modo, se modificarán en el Fuero Nuevo aspectos como los referidos a la tutela, la administración de los bienes de conquista, la nulidad de las declaraciones de voluntad o las alusiones a la patria potestad prorrogada y a la rehabilitación de la patria potestad, y se apuesta por que la provisión de apoyos sea la solución a las dificultades para ejercer los derechos en el tráfico jurídico.
Cabe destacar, asimismo, otro aspecto fundamental relativo a los trámites en la valoración del grado de discapacidad, para lo cual a partir de ahora se tendrán en cuenta los dictámenes técnicos de los equipos de valoración de la situación de dependencia para el reconocimiento del grado de discapacidad de las personas, que acelerará en gran medida los trámites y evitará duplicidades.
El proyecto de ley recoge también medidas referidas al empleo y la ocupación, como la promoción de la contratación indefinida o el acceso al empleo por cuenta propia. También se incluye prever la realización de planes de prospección adaptados a las personas con discapacidad o fomentar la ocupación laboral de las mujeres con discapacidad para conseguir su contratación o para que ésta sea de calidad en todos los sentidos, incluyendo medidas de conciliación o, siempre que sea posible, corresponsabilidad.
Igualmente, se propone reforzar el tránsito de personas trabajadoras con discapacidad desde los enclaves laborales y desde los centros especiales de empleo a la empresa ordinaria, y se modifica la Ley Foral de Contratos Públicos para dar prioridad a los centros especiales de empleo de iniciativa social, entre otros.
ENMIENDAS DE LOS GRUPOS
Navarra Suma ha presentado 25 enmiendas al proyecto de ley. Entre ellas, propone adoptar medidas tributarias dirigidas a las personas con discapacidad y sus familias “para paliar los sobrecostes”. También piden que en la escolarización en centros de educación especial “la opinión de los tutores legales no sea solo considerada, sino que sea vinculante para la decisión final”.
Por su parte, Geroa Bai propone, por ejemplo, que Educación elabore y mantenga actualizado un Plan de Atención a la Diversidad que tendrá como fin la educación inclusiva, y que disponga también de un centro de atención y recursos para la inclusión educativa.

Proceso de elaboración con más de 550 aportaciones

El acto del martes, en Baluarte, comenzó con la actuación de la Fundación Atena. De conducir la ceremonia se encargaron las personas del Centro Ocupacional de Gure Sustraiak, y se puso disfrutar de la actuación musical de la banda Motxila 21. La presidenta Chivite destacó “la amplia participación” con la que ha contado el proceso de elaboración del proyecto de ley. En concreto, distintos departamentos del Gobierno y organismos de la Administración o vinculados a ella, CERMIN y el Consejo de Discapacidad, así como personas con discapacidad y ciudadanía en general. En total, más de 550 aportaciones
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