Remírez trata de desvincular al Gobierno de las mascarillas de Sodena
El portavoz del Ejecutivo foral asegura que eran “de uso exclusivo de las empresas de Navarra” y que “no estaban a disposición del Gobierno”
Actualizado el 01/09/2022 a las 11:59
Balones fuera. El Gobierno de Navarra quiere desentenderse totalmente del incómodo asunto de las 2,13 millones de mascarillas que pagó Sodena, sociedad pública para inversiones de riesgo, y que ahora, en su mayor parte, languidecen en varios almacenes. El portavoz del Ejecutivo y vicepresidente primero, Javier Remírez, circunscribió ayer el asunto al ámbito estrictamente privado y aseguró que esas mascarillas “no estaban a disposición del Gobierno de Navarra” sino que eran “de uso exclusivo de las empresas de Navarra”. El vicepresidente hizo esta aclaración respecto a las recientes denuncias de NA+, que censuró que Salud hubiera comprado más mascarillas cuando Sodena tenía existencias. En ese sentido, Ramírez acusó a NA+ de “extender una sombra de duda” y “prejuzgar una parte por el todo sin esperar a que se pronuncie la Cámara de Comptos”.
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Ramírez, a preguntas de los medios durante la rueda de prensa tras la sesión de gobierno, aclaró que había “dos circuitos diferenciados”, uno formado por el acuerdo entre Sodena, Albyn y la Confederación Empresarial de Navarra (CEN) destinado al ámbito privado y otro relativo a la necesidad del Servicio Navarro de Salud (SNS) de adquirir equipos de protección “para garantizar la protección de los profesionales”. Sin embargo, estas afirmaciones entran en franca contradicción con el documento firmado el 7 de mayo de 2020 por el entonces director gerente del SNS, José Ramón Mora, mediante el que Salud se sumaba al acuerdo de Sodena para adquirir hasta un 10% de las mascarillas de uso sanitario en caso de que hubiera excedentes. Dicho acuerdo se encuentra entre los documentos que aportó Sodena al informe de Intervención.
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La adquisición de las mascarillas con los fondos proporcionados por Sodena ya se ha cobrado la cabeza de la que, hasta la semana pasada, era la directora gerente de Sodena, Pilar Irigioen. Esta tuvo que abandonar el cargo tras el informe de la Dirección de Intervención en el que recogía que la decisión de poner el dinero para la compra de las mascarillas debía haber contado con la aprobación expresa del Gobierno de Navarra, algo que no se respetó y provocó un perjuicio económico para Sodena. En ese sentido, Ramírez expuso que el Ejecutivo foral había actuado con “proactividad” y “transparencia” al publicar tanto los informes de auditoría como los mecanismos de control. “Los órganos de control del Gobierno funcionan y, en el caso de las empresas públicas, se ejerce control a posteriori porque así lo marca la norma”, recalcó.
RESPONSABILIDAD LIMITADA
El vicepresidente, argumentando ese control a posteriori, no entró en el espinoso asunto de las responsabilidades, más allá de la destitución de Irigoien, pese a que la compra de mascarillas tuvo una gran repercusión mediática y el Gobierno tenía que conocer forzosamente que faltaba la autorización a Sodena. Tanto es así que el propio consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, por entonces Manu Ayerdi, posó junto con Pilar Irigoien y el presidente de la CEN, en aquel momento José Antonio Sarría, cuando se entregó el primer lote de mascarillas.
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Sin admitir ninguna tacha en el comportamiento del Gobierno de Navarra, Ramírez adujo que aquella operación se planteó en un momento “en el que había grandes dificultades para conseguir los equipos de protección individual”. “Ahora es el momento administrativo y político. Le corresponde trabajar a la Cámara de Comptos, que tendrá que emitir un dictamen. También es el momento del ámbito parlamentario con unas comparecencias ya anunciadas y otras solicitadas”, señaló. El portavoz también recordó que Comptos avaló la gestión de la pandemia durante 2020 “con algunos puntos de mejora”. A ello añadió que, durante la comparecencia de la presidenta de Comptos el 12 de mayo de 2021 para dar cuenta de ese informe, ya se recogía “el reparo de Intervención” sin que “ningún grupo político dijera nada”.
