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Mascarillas: mala gestión con cargo al ciudadano

Avatar del Editorial DNEditorial DN31/08/2022
El análisis pormenorizado de algunas de las operaciones llevadas a cabo por el Gobierno de Navarra para la compra de mascarillas en la lucha contra la pandemia está revelando claras ineficiencias de gestión. Primero fue el caso de Sodena, que terminó con el cese de su directora gerente, después de que un informe de Intervención detectara que la sociedad pública realizó la operación de adquisición de mascarillas sin solicitar la autorización del Ejecutivo foral. Y ahora, según denuncia Navarra Suma, se sabe que el Departamento Salud adquirió 560.000 mascarillas, a un precio muy superior al del mercado, según un primer informe de Intervención, cuando Sodena almacenaba ya en aquellos meses 683.000 mascarillas. Una ineficiencia evidente en la gestión del dinero público, que es una de las principales funciones encomendadas a los cargos públicos por parte de los ciudadanos. No se puede entender que la Administración dé estos pésimos ejemplos de funcionamiento interno, actuando como departamentos estancos en los que, como mínimo, se advierte una clara falta de comunicación y coordinación. La excepcionalidad del momento es entendible, pero no puede servir de justificación para todo. La inversión del dinero público, el de todos los ciudadanos, exige la máxima eficacia y transparencia. Máxime cuando, como en este caso, después de gastar varios millones de euros, a día de hoy, son casi 1,7 millones las mascarillas almacenadas tras la operación de Sodena a las que no se ha conseguido dar salida. Algo inexplicable, cuando el uso de las mismas sigue siendo obligatorio en el transporte público y en el ámbito sanitario. Con su llegada al Gobierno, la presidenta María Chivite formó un Ejecutivo mastodóntico con 13 consejerías, con sus respectivas estructuras y un notable incremento en el gasto. Pues ni así. Nadie ha sido capaz de evitar un nuevo sobrecargo en costes para el bolsillo de los ciudadanos. Quedan muchas incógnitas por despejar y al Gobierno de Chivite compete dar las pertinentes explicaciones.
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