Diario de Navarra

El Gobierno de Navarra deberá reconocer la condición de trabajadora fija a una profesora de música que había aprobado una oposición sin plaza en 2010 y que desde entonces ha sido contratada mediante una sucesión de contratos administrativos. Estos contratos se justificaban en la atención de nuevas necesidades de personal docente, concertados anualmente para cada curso escolar en diversos centros. Lo novedoso de esta sentencia, dictada por el Juzgado de lo Social Nº3, es que establece nuevos supuestos de fraude para la contratación administrativa de nuevas necesidades de personal docente, que con anterioridad no se venían aplicando por los tribunales navarros, como son la realización de expedientes de contratación genéricos sin hacer referencia a los requisitos que establece la normativa foral al respecto, la realización de expedientes de contratación tardíos, o incluso la justificación a posteriori por parte de la Administración a través del informe del servicio de Inspección Educativa. JUSTIFICACIÓN CON DEFICIENCIAS El abogado Eduardo Castilla, del Grupo Lexa, que ha llevado la defensa de la trabajadora, pormenoriza los motivos por los que el juez ha declarado fraudulentos los distintos contratos administrativos suscritos con esta profesora de música. “En ninguno se justifica la concurrencia de los hechos que determinan la causas y requisitos que legalmente se exige para la validez de una contratación administrativa de esta modalidad, dado que en ninguno de ellos menciona ni siquiera cuales son las verdaderas necesidades nuevas a las que se atiende y las razones por las que pudiera haber una insuficiencia de personal fijo para su atención. La justificación concreta y específica brilla por su ausencia y, lógicamente, no pueden admitirse fórmulas genéricas para justificar esta contratación administrativa”, apunta. Así, por ejemplo, respecto al contrato laboral suscrito en 2019, solo aparece un correo electrónico con una resolución general del Gobierno que autoriza la contratación masiva temporal, pero que no es en realidad un expediente administrativo y que no contiene más que una resolución genérica autorizando la contratación temporal. “Lo mismo ocurre para el año 2020, aportándose un expediente administrativo tardío, y para el año 2021, en donde ni siquiera se aporta en el acto del juicio ningún expediente administrativo, en tanto que no estaba elaborado cuando ya había finalizado el curso escolar al que hacía referencia”, añade Castilla. Añade el magistrado que no es suficiente con que la Administración aporte un informe de la inspección educativa, en tanto que se trata, en realidad, de una mera explicación general sobre la forma en que en cada curso se van a determinar las necesidades de personal docente, “pero no contienen la prueba exigible legalmente sobre la justificación en concreto y, específicamente, de la nueva necesidad docente que dio lugar a la contratación de la demandante y a la insuficiencia de personal fijo para cubrir tales necesidades, todo ello en los términos que exige la propia normativa foral de aplicación”.

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Obligan al Gobierno a hacer fija a una profesora de música con contratos “fraudulentos”

Lo novedoso de esta sentencia del Juzgado de lo Social es que falla en contra de la justificación genérica o tardía de las necesidades del contrato

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