El Gobierno avala su ley para docentes PAI pese al rechazo frontal de sus socios de Geroa Bai
Los consejeros del Gobierno de la fuerza nacionalista se desmarcan del PSN y dicen que votaron en contra; NA+ les acusa de no respetar el secreto de la deliberación
Publicado el 22/04/2022 a las 06:00
La proposición de Ley Foral para estabilizar laboralmente a profesores del Programa de Aprendizaje en Inglés (PAI) sigue dividiendo a las fuerzas que sustentan al Ejecutivo. De forma abierta. Con apenas horas de diferencia, el Gobierno foral emitió un comunicado en el que informaba de su conformidad en relación con la proposición de Ley foral del PSN por la que se establecen medidas en materia de selección y provisión de puestos de personal funcionario docente de la Comunidad foral. Así lo aseveraba tras un acuerdo de Gobierno adoptado ayer. Sin embargo, horas después Geroa Bai comunicaba que sus consejeros que forman parte del Gobierno habían votado en contra de la conformidad a la ley sobre el profesorado del PAI. Alegan “serias dudas sobre la seguridad jurídica de la norma” y rechazan la explicación dada por el Gobierno socialista de que ésta forma parte del acuerdo programático. Los otros socios del Ejecutivo socialista, I-E, Podemos y Bildu, ya se habían manifestado en contra de la proposición.
La normativa que promueve el PSN pretende estabilizar las plazas de 300 maestros del programa PAI. Para ello las incorporarían a la plantilla del Gobierno foral pudiendo convocar en el futuro plazas para el PAI con requisito de inglés, algo que la normativa actual contempla sólo para los puestos de profesor de lengua extranjera pero no para puestos generalistas que impartan materias en inglés.
En su acuerdo de Gobierno, el Ejecutivo que preside María Chivite recuerda que la Comunidad foral ha venido implantando desde hace más de diez cursos escolares programas para el aprendizaje en lenguas extranjeras y que la mayor tasa de temporalidad entre el personal docente del departamento de Educación se produce en plazas correspondientes a los centros que tienen implantados estos programas. La temporalidad alcanza aproximadamente el 70%. El Gobierno de Navarra ha manifestado la conformidad con la tramitación de la proposición de Ley foral, puesto que conlleva una “solución” a la alta temporalidad del personal.
En cambio, desde Geroa Bai lo consideran que “esta proposición de ley no es la solución al problema de estabilización de la plantilla”. Ayer anunciaron que sus cuatro consejeros en el Gobierno de Navarra han votado en contra de la conformidad. Geroa Bai explica que ya había expresado “serias dudas sobre la seguridad jurídica” por lo que ha solicitado junto con Podemos un dictamen al Consejo de Navarra para que analice la norma. Por último, Geroa Bai asegura que “esta proposición de ley no se recoge en ningún momento en el acuerdo programático”.
El comunicado de la formación nacionalista causó sorpresa. Y más teniendo en cuenta que las divergencias entre socios en las deliberaciones de los asuntos de Gobierno no suelen salir a la luz. Desde NA+ mostraron ayer su “perplejidad” y pidieron a la presidenta Chivite “que ponga orden en su Gobierno”. Para NA+ “no cabe engañar a la opinión pública como ha hecho Geroa Bai simulando que se ha adoptado un acuerdo por votación cuando eso no se puede hacer y cuando, además, están incumpliendo el deber legal de reserva de las discusiones en la mesa de Gobierno”.
La visión de las familias y los centros
La coalición de UPN, Ciudadanos y PP recuerda que los acuerdos del Gobierno de Navarra no se adoptan por votación sino que, de conformidad con la Ley que regula su funcionamiento (Ley 14/2004 de 3 de diciembre del Gobierno de Navarra y de su presidenta y su presidente), “las decisiones del Gobierno de Navarra, adoptadas tras la oportuna deliberación, constituyen la expresión unitaria de la voluntad del mismo, quedando obligados a su cumplimiento todas y todos sus miembros” (artículo 10).
“Cuando alguien accede al cargo de Consejero de Gobierno de Navarra debe comprometerse con todas sus obligaciones y, entre ellas, la de responsabilizarse de todos los acuerdos adoptados por el Gobierno al que pertenecen y si no, debe ser consecuente y asumir la imposibilidad de continuar en el mismo”, han añadido.
Navarra Suma ha exigido a María Chivite “que ponga orden en el Gobierno que preside y que dé una respuesta inmediata ante las revelaciones hechas por una parte de sus Consejeros”.
“Son conocidas las múltiples desavenencias en el seno del ejecutivo de Chivite, pero es inadmisible que el desgobierno entre los socios llegue incluso al punto de que se traduzca en una falta de respeto al funcionamiento legal de la institución. Navarra y sus ciudadanos no lo merecen”, concluye.
