El juez investiga a 8 jefes de ETA por el atentado de Sangüesa de 2003
La Audiencia Nacional ha admitido una querella de Dignidad y Justicia sobre el atentado que mató a los policías Julián Embid y Bonifacio Martín
Actualizado el 12/04/2022 a las 19:32
El juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal investiga a ocho exdirigentes etarras por, supuestamente, haber ordenado el atentado en el que fueron asesinados dos policías nacionales en Sangüesa el 30 de mayo de 2003, así como a los dos presuntos autores materiales de la colocación del artefacto explosivo que acabó con sus vidas. Fallecieron los policías Julián Embid Luna y Bonifacio Martín Hernández, un tercer agente resultó herido y también un trabajador de Telefónica.
El titular del Juzgado Central de Instrucción nº1 ha decidido iniciar estas pesquisas al admitir a trámite la querella contra estos diez etarras que interpuso la asociación Dignidad y Justicia con la tesis de que el de Sangüesa fue el primero de una campaña de 18 atentados “indiscriminados” mediante el uso de explosivo Titadine. Una cadena de atentados que, según la querella, se consiguió cortar con la detención el 26 de diciembre de 2003, en relación a un intento de atentado con explosivos en la estación de Chamartín (Madrid) el día de Nochebuena, de los dos presuntos autores materiales del de Sangüesa: Garikoitz Arruarte Santa Cruz y Gorka Lorán Lafourcade.
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La querella se dirige por tanto contra ellos dos y los entonces integrantes del comité de dirección de ETA o ZUBA: Juan Fernández Iradi, Susper; Gorka Palacios Alday, Andoni y Jesús; Garikoitz Aspiazu Rubina, Txeroki; Aitzol Iriondo Yarza, Gurbitz y Barbas; Félix Ignacio Esparza Luri, Navarro y Gaba; Mikel Albisu Iriarte, Antza; Ramón Sagarzazu Gaztelumendi, Ramontxo; y Soledad Iparraguirre, Anboto.
Sigue así la estela de otros casos de ETA que se han reabierto recientemente, también a instancias de Dignidad y Justicia, con la imputación de los dirigentes etarras que integraban el ZUBA por ordenar la comisión de ciertas acciones terroristas, como los asesinatos de los concejales del PP en el País Vasco Gregorio Ordóñez y Miguel Ángel Blanco.
En este caso, la querella argumenta que entre 2003 y 2004, ETA, “acorralada y debilitada” por la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, intentó atentar “de manera idónea una y otra vez distribuyendo una gran cantidad de explosivo Titadine entre sus distintos comandos, como el empleado en el atentado Sangüesa”. “La ZUBA, es decir los ocho primeros aquí querellados que detentaron su mando durante todo ese periodo, buscaba crear un estado de terror total, de no saber por dónde iba a venir el siguiente ataque. Y era algo totalmente premeditado, totalmente querido y calculado dentro de las posibilidades operativas que aún les quedaban en las manos, y ese es el contexto en el que se produce el atentado de Sangüesa”, expone la querella que el juez reproduce en su auto.
La secuencia de atentados que comenzó con el de Sangüesa “no fue sino el inicio de una ‘ofensiva’ terrorista, de un giro estratégico, netamente diferenciado de los meses o el año precedente y que plagó la geografía española de artefactos repletos de tal explosivo, con un total de 18 atentados bomba” hasta diciembre de 2003, añade el juez.
