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Política

Navarra Suma lleva al TSJN el "oscurantismo y falta transparencia" del Gobierno foral

La parlamentaria Marta Álvarez ha asegurado que el Ejecutivo de Chivite "ha establecido como 'modus operandi' ocultar información a Navarra Suma", algo que consideran "estratégico y premeditado"

El Parlamento rechaza tramitar una ley de NA+ para ayudas a la conciliación
Los parlamentarios de Navarra Suma Miguel Bujanda y Marta Álvarez, en un pleno.
Marta Álvarez, durante la rueda de prensa.
Marta Álvarez, durante la rueda de prensa.
@navarra_suma
  • efe. pamplona
Actualizada 11/06/2021 a las 14:39

Navarra Suma presentará ante los tribunales dos recursos especiales de protección de derechos fundamentales referidos a la negativa del Gobierno foral de facilitar información solicitada, un ejemplo del "oscurantismo y falta de transparencia" que a su juicio define al Ejecutivo tras sumar 413 incidencias de 1.764 peticiones en la legislatura.


Se trata de un 23,4 % del total de las peticiones, en 204 de las cuales o no se les ha contestado "nada" o no se les ha contestado lo que pedían, ha lamentado la parlamentaria Marta Álvarez en rueda de prensa, donde ha anunciado este recurso, tras mostrar su satisfacción por la respuesta del Consejo de Transparencia a varias reclamaciones planteadas en el mismo sentido.


Así, ha planteado que el Gobierno presidido por María Chivite "ha establecido como 'modus operandi' ocultar información a Navarra Suma y con ello a la sociedad en todo aquello que creen que les puede perjudicar, retrasándola para que se conozca cuando al Gobierno le interesa, troceándola o directamente escondiéndola para que no salga a la luz".


Como pruebas ha citado sus demandas de información sobre el coste de la "macroestructura" del Gobierno, cuyos datos dieron "poco a poco para evitar que se supiera el coste total" de 24 millones; el número de camas UCI durante la pandemia, o el destino de los respiradores que se compraron de Turquía al inicio de la pandemia.


En datos, ha dicho que desde el inicio de legislatura y hasta el pasado 31 de mayo, NA+ ha tenido que reiterar 209 peticiones de información por no contestarlas el Gobierno en plazo (20 días hábiles), unos incumplimientos que son reiterados en el caso de las consejerías de Salud; Derechos Sociales; Políticas Migratorias y Justicia; y Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior.


"Tenemos claro que es algo estratégico y premeditado", ha señalado tras indicar que estos comportamientos denunciados son los de "decir que no tenían la información cuando sí la tenían, no enviar la información de forma sistemática y remitirse a que vaya el parlamentario a la sede del Departamento a consultarla, negar documentos alegando que eran borradores o que no formaban parte de un expediente administrativo".


Ante esta actitud, con "excusas de todo tipo" y con el convencimiento de que "la transparencia es un requerimiento fundamental para un Gobierno democrático", Navarra Suma acudió al amparo del presidente del Parlamento y solicitó informes jurídicos a los letrados, y finalmente al Consejo de Transparencia, de cuyas respuestas "estamos en general satisfechos".


"En general, afianza nuestra posición de denuncia ante un Gobierno que retrasa y que oculta información a la oposición y a la ciudadanía buscando no dar cuenta de su actuación y sacar ventaja de su posición y manejo de información", ha dicho porque el Consejo "ha reconocido nuestro derecho" a acudir al mismo, ha "aceptado nuestra tesis" de que al Ejecutivo le corresponde facilitar un documento si lo tiene con independencia de quién sea el autor.


Además, "logramos que el Consejo de Transparencia reconozca que el Gobierno no puede escudarse en que un documento no es definitivo para negárselo a la oposición", ha aplaudido pese a que, sin embargo, hay cuestiones que NA+ no comparte con el Consejo como la diferencia que establece entre "actos políticos y actos administrativos".


En este contexto ha anunciado que van a interponer dos recursos especiales de protección de derechos fundamentales ante la sala de lo contencioso del TSJN, que basan en la vulneración del derecho constitucional a su "plena participación política al denegarnos información básica para el control del Gobierno", en concreto referente a los proyectos Next Generation y el procedimiento de gestión de los excedentes de vacunas al inicio de la vacunación.


"No es de recibo lo que está ocurriendo esta legislatura con el acceso a la información. Creemos que es obligación del Gobierno ser transparente y que el Gobierno tiene que saber que en un sistema democrático la oposición controla al Gobierno", ha incidido. 

 

 

 


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