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Gómez subraya la voluntad de "blindar el territorio" frente a las macrogranjas

La consejera de Desarrollo Rural ha comparecido en el Parlamento a petición de EH Bildu

Gómez subraya la voluntad de
Gómez subraya la voluntad de "blindar el territorio" frente a las macrogranjas
  • EFE
Actualizado el 11/05/2021 a las 12:50
La consejera de Desarrollo Rural, Itziar Gómez, ha asegurado la "firme e incuestionable" voluntad del Gobierno de "blindar el territorio" frente a macrogranjas como la de Caparroso, y de ahí iniciativas en marcha como la nueva ley de sanidad animal o la modificación de inicio de la autorización ambiental integrada.
Gómez, que ha comparecido en el Parlamento para hablar de esta cuestión a petición de EH Bildu, ha recordado que Navarra es la única comunidad del Estado que ha regulado el tamaño máximo de todas las explotaciones y subrayado la necesidad de blindar el territorio foral de macrogranjas por el fuerte impacto económico que generan y sus consecuencias medioambientales.
Tras la sentencia que anuló la limitación de tamaño y de ampliación de las explotaciones de bovino, en diciembre del año pasado un segundo fallo judicial obligó a conceder la ampliación de la instalación de Caparroso, lo que se hizo el pasado mes de marzo sin recurrir ya que, ha explicado Gómez, había que acudir ante la misma sala que se había pronunciado.
Ahora se trabaja en la limitación del tamaño de explotaciones y distancias mínimas entre granjas a través de la ley de sanidad animal incorporando a ella los requisitos de tamaño y capacidad a fin de garantizar condiciones óptimas, así como sanciones por enfermedad de los animales.
Mientras tanto "bienvenidas son iniciativas como la moratoria de autorización por un año aprobada la semana pasada", ha dicho.
Una segunda línea de trabajo que ha citado son las inspecciones y sanciones de conductas que generen una alteración del medio ambiente, como el digestato de la vaquería de Caparroso.
Y, "como más importante que sancionar es evitar, se han planteado exigencias para el digestato" como GPS, caudalímetro y registro de estiércol con fecha, municipio, parcela, cultivo o dosis aplicada, y con la misma finalidad de evitar daños antes de que se produzcan se va a modificar de inicio la autorización ambiental integrada para hacer las más exigente y garantista.
La consejera ha añadido al respecto que es necesario revisar determinadas condiciones para adaptar las actividades desarrolladas a las mejora técnicas disponibles en la actualidad, fundamentalmente para la gestión de las aguas residuales y estiércoles en ganado vacuno, digestores y producción de electricidad por biogás, y planta de producción y gestión de estiércoles como fertilizantes.
Ha valorado para terminar el esfuerzo que está haciendo Navarra en esta materia con sus propios recursos cuando ni en España ni en Europa hay legislación que limite el tamaño de estas explotaciones, algo posible a su juicio "en conexión con el principio de libertad de empresa" que "puede tener limitaciones por razones imperiosas de interés general como la protección del medio ambiente y el entorno urbano y la sanidad animal".
"Estamos abriendo camino", ha aseverado Itziar Gómez, que ha subrayado la "voluntad política del Gobierno para blindar el territorio, firme e incuestionable", y ha agradecido al poyo parlamentario y deseado que existan "marcos legales que permitan avanzar hacia otros modelos de consumo más sostenibles, una cuestión de convencimiento y sensibilidad y que reclama Europea a través del Pacto Verde".
Migue Bujanda, de Navarra Suma, ha dicho no entender por qué no se recurrió el fallo sobre la ampliación de Caparroso si no había un informe jurídico que aconsejara no hacerlo y preguntado qué criterios hay para fijar un número u otro de animales, dudado que solo eso condicione la sanidad animal, y alertado de que las nuevas exigencias pueden impedir ampliar explotaciones familiares.
Por el PSN, Javier Lecumberri, ha defendido un modelo de explotación familiar que cohesione y vertebre el territorio, equilibre medio ambiente y beneficio empresarial y aporte "una diferenciación más por la calidad que por la cantidad", por lo que ha apoyado la nueva autorización ambiental integrada desde un punto de vista "preventivo" frente a impactos ambientales y consumo de recursos.
Pablo Azcona, de Geroa Bai, ha apuntado que el Parlamento es "contrario" a la macrogranja de Caparroso, la mayor de Europa, por sus afecciones para el desarrollo sostenible, y por eso las limitaciones establecidas "no son un capricho", y de hecho ha recordado que los sindicatos del sector han pedido una apuesta por las explotaciones tradicionales y por evitar la especulación alimentaria.
Desde EH Bildu, Adolfo Araiz ha compartido el trabajo del departamento, se ha felicitado por la modificación de inicio de la autorización ambiental integrada, ha comentado que Caparroso no tiene una concesión administrativa para un consumo de 355.000 m3 de agua al año y ha sostenido que se podrían aplicar a su actividad "circunstancias sobrevenidas" como la moratoria ahora aprobada o la nueva ley de sanidad animal.
Ainhoa Aznárez, de Podemos, ha aseverado que la de Caparroso es una macrovaquería con un "fuerte" impacto y por lo tanto se ha mostrado de acuerdo con establecer exigencias que limiten este tipo de explotaciones y sancionar si no se cumplen, al tiempo que ha pedido que no se demoren las actuaciones porque la moratoria es solo de un año.
Para Marisa de Simón, de I-E, ha aludido a las denuncias que existen contra esta explotación por "malas prácticas" y consecuencias en el entorno y la sanidad animal, a lo que ha sumado sus efectos negativos sobre el empleo en las pequeñas explotaciones y recursos como el agua, aunque ha dudado que se vaya a impedir lo ya instalado.
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