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Educación

Irabia-Izaga y Miravalles-El Redín defienden su modelo: "Es legítimo"

Ambos colegios afirman que la LOMLOE está cuestionada “por amplios sectores”

Ampliar El colegio que lleva sus clases a las casas
El colegio que lleva sus clases a las casas
Publicado el 30/03/2021 a las 08:11
Los conciertos a los colegios que separan a sus alumnos por sexo llevan siendo cuestionados desde hace años, en Navarra concretamente desde la legislatura pasada, cuando el Gobierno lo presidía la nacionalista Uxue Barkos y lo sustentaban Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E, y en la actual, con la socialista María Chivite al frente y el PSN, Geroa Bai y Podemos como socios de gabinete con Bildu e I-E de aliados externos.

Miravalles-El Redín e Irabia-Izaga, los dos centros educativos implicados en la Comunidad foral, siempre han replicado que su modelo educativo está amparado en sentencias judiciales. En abril de 2018, el Tribunal Constitucional falló que los centros de educación diferenciada tienen derecho a “acceder al sistema de financiación pública en condiciones de igualdad con el resto de centros educativos”.

La educación diferenciada congrega en Navarra a 4.500 alumnos y unos 350 docentes. La imparten Miravalles-El Redín e Irabia-Izaga a partir de Primaria, con sedes separadas para chicos y chicas. En Infantil, sus clases sí son mixtas.

Según explicaron estos colegios, la solicitud de renovación del concierto para los seis próximos cursos “incluía un apartado en el que todos los centros solicitantes tenían que declarar expresamente su compromiso con el cumplimiento de la normativa”. Algo que han hecho y a lo que el consejero Carlos Gimeno se agarró para dar por hecho que ya desde el próximo curso no habrá educación diferenciada en Navarra. “Como siempre y es lo habitual en un estado de derecho, hemos cumplido y cumpliremos el marco normativo actual, y el que se deriva de las sentencias del Tribunal Constitucional que declaran que la educación diferenciada es un modelo legítimo y no discriminatorio. Así se ha hecho constar en la documentación aportada en la solicitud de renovación del concierto”, indicaron ambos centros, que consideran la Ley Celaá, que pone fin a financiar su modelo educativo, “cuestionada por amplios sectores de la sociedad”. “Se han presentado varios recursos de inconstitucionalidad, referidos a la libertad de elección de los padres, a la educación especial y a la educación diferenciada”, afirmaron. “A día de hoy seguimos estudiando cómo defender el derecho de nuestras familias a elegir la educación que quieren para sus hijos”.
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