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Caso Davalor

El Tribunal Supremo abre la investigación al consejero Manu Ayerdi, lo que podría forzar su dimisión

El juez del Supremo confirma las diligencias abiertas por el caso Davalor por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos

Manu Ayerdi
Manu Ayerdi.
DN (ARCHIVO)
  • DIARIO DE NAVARRA
Actualizada 21/01/2021 a las 16:24

El magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Andrés Palomo Del Arco ha dictado un auto en el que acuerda abrir diligencias previas en la causa abierta para investigar al consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno navarro, Manuel Ayerdi Olaizola, por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos

El consejero Ayerdi, un día después de que el Supremo abriera una causa penal contra él , trasladó a la presidenta Chivite que en el momento en el que fuera confirmado como investigado, saldría del Gobierno. Así se lo trasladó a la presidenta en una misiva que Geroa Bai difundió para "despejar cualquier duda" sobre las intenciones de Ayerdi.

En el auto dado a conocer este jueves, el instructor fija una fianza de 10.000 euros a Unión del Pueblo Navarro (UPN), que presentó la querella el pasado 2 de junio, para poder ejercer la acción popular. En su auto, resuelve también que se dé traslado de la misma al investigado y que se le instruya de sus derechos de acuerdo con el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La Sala Segunda acordó el pasado 14 de diciembre abrir causa al consejero del Gobierno navarro por los delitos citados para esclarecer la supuesta concesión irregular a DAVALOR SALUD S.L. de seis préstamos por un importe de 2.600.000 euros entre 2015 y 2017. Además, designó instructor de la misma al magistrado Andrés Palomo del Arco.

QUERELLA PRESENTADA POR UPN

El pasado diciembre, la Sala Segunda del Tribunal Supremo abría una causa penal para investigar a Ayerdi. La Sala, presidida por el magistrado Manuel Marchena Gómez, admitía a trámite la querella presentada el pasado 2 de junio por Unión del Pueblo Navarro (UPN).

En el auto, fechado el pasado 1 de diciembre y en el que el propio Marchena ejerció como ponente, el Alto Tribunal afirmaba que los hechos relatados en la querella y atribuidos a la persona aforada, “según una valoración muy provisional pudieran ser delictivos”.

De acuerdo con el fiscal Luis Fernando Rey Huidobro, la Sala declaraba su competencia para la instrucción y, en su caso, enjuiciamiento, dada la condición de aforado de Ayerdi. Hay que recordar que la LORAFNA prevé la competencia del Tribunal Supremo para decidir sobre la responsabilidad criminal de los miembros del Gobierno foral. Asimismo el Alto Tribunal disponía entonces abrir un procedimiento contra el consejero de Desarrollo Económico, designando instructor, conforme al turno establecido, al magistrado Andrés Palomo del Arco, quien se ha pronunciado en el auto de este jueves.

En la querella, además del interrogatorio “en calidad de investigado” de Manu Ayerdi, se solicitaban hasta 14 declaraciones testificales. Entre ellas, la de la que fuera presidenta del Consejo de Administración de Sodena entre los años 2011 y 2015, Lourdes Goicoechea, el socio promotor y admininistrador único de Davalor Salud, Juan José Marcos, la actual directora gerente de Sodena, Pilar Irigoien,y la expresidenta del Ejecutivo foral, Uxue Barkos, entre otras.

Con su auto, el Supremo abría la puerta a una posible imputación de Ayerdi como investigado. Y ese nuevo estatus judicial de Ayerdi haría aplicable por primera vez en la comunidad lo recogido en el artículo 68 de la Ley Foral 6/2018, norma que considera la condición de investigado o equivalente por este tipo de delitos de un cargo electo o de libre designación como “incompatible con la confianza que se debe trasladar a la ciudadanía sobre la vigencia de los principios éticos y con la obligación de preservar el prestigio de las instituciones”.

De acuerdo con el relato de los hechos que se exponen en la querella, el aforado, que entonces era vicepresidente primero del Gobierno de Navarra, consejero de Desarrollo Económico y Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad de Desarrollo de Navarra S.L. (Sodena), concedió en septiembre de 2015 a la entidad Davalor Salud S.L. un préstamo de 1.000.000 euros, “sin respetar los procedimientos de control internos y los criterios analíticos de la Sociedad, pese a que conocía que dicha entidad no reunía las condiciones previamente establecidas para su concesión y que se encontraba en situación de insolvencia”. “El querellado, no sólo no instó el vencimiento anticipado del anterior préstamo, sino que procedió a conceder cinco nuevos préstamos a Davalor”, argumenta la querella.

El primero de esos nuevos préstamos se concedió en diciembre de 2016, por importe de 400.000 euros; el segundo, en enero de 2017, por importe de 600.000 euros; y los tres últimos, concedidos los días 11 de abril, 26 de mayo y 31 de agosto de 2017, por importe de 200.000 euros cada uno de ellos.

PROYECTO DE "INTERÉS FORAL"

El proyecto empresarial de Davalor se declaró de “interés foral” lo que “según la Ley Foral 15/2009 de medidas de simplificación administrativa para la puesta en marcha de actividades empresariales, supone el impulso preferente y urgente del mismo y una simplificación de los plazos y trámites”. No obstante, remarca el abogado Ignacio del Burgo Azpíroz en su escrito de acusación, “nunca se justificó la urgencia si bien según señaló Uxue Barkos (entonces presidente del Ejecutivo foral) en la comisión de investigación parlamentaria que se siguió por estos hechos, la misma estuvo motivada por la propia situación financiera de la empresa. Tampoco se recabó la autorización expresa del Parlamento de Navarra para la concesión del préstamo”. La querella concluye que Davalor Salud S.L. en lugar de impulsar el proyecto que motivó la concesión del préstamo destinó el dinero a abonar una importante cantidad a un acreedor, así como a financiar necesidades urgentes e inmediatas derivadas de gastos de personal, cuotas atrasadas a la Seguridad Social y deudas de la sociedad.

La entidad fue declarada en concurso, instado por un acreedor en julio de 2018, que fue calificado de culpable por no haber sido solicitado en el plazo de los dos meses desde el conocimiento de la situación de insolvencia. Situación de quiebra que, según el informe de la administración concursal se produjo desde al menos, diciembre de 2015.

Ayerdi reconoció en una comparecencia pública en julio de 2018 que la decisión de invertir en Davalor Salud S.L. obedeció a “una corazonada” y que la tomó con un “carácter totalmente personal”.

CLAVES
Lo que dice el Código Penal

De la prevaricación de los funcionarios públicos y otros comportamientos injustos (artículo 404). A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años.

De la malversación (artículo 432). 1 La autoridad o funcionario público que cometiere el delito del artículo 252 sobre el patrimonio público, será castigado con una pena de prisión de dos a seis años, inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de seis a diez años. 2 Se impondrá la misma pena a la autoridad o funcionario público que cometiere el delito del artículo 253 sobre el patrimonio público. 3 Se impondrán las penas de prisión de cuatro a ocho años e inhabilitación absoluta por tiempo de diez a veinte años si en los hechos a que se refieren los dos números anteriores hubiere concurrido alguna de las circunstancias siguientes: a) se hubiera causado un grave daño o entorpecimiento al servicio público, o b) el valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados excediere de 50.000 euros.
Si el valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados excediere de 250.000 euros, se impondrá la pena en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado.

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