Navarra Suma (NA+) denunció este miércoles que el Gobierno navarro no tiene informes jurídicos que avalen la continuidad en el cargo del consejero de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, miembro de Geroa Bai y del PNV.

Hay que recordar que el Tribunal Supremo, tras una querella de UPN, abrió una causa penal para investigar a Ayerdi por la supuesta concesión irregular de 6 préstamos por 2,6 millones a la empresa Davalor, cuando formaba parte del gabinete de Uxue Barkos. La ley del Gobierno recoge en su artículo 68 que no puede seguir en un cargo público quien “conozca de forma fehaciente” que está siendo investigado por la justicia por este tipo de delitos.

Fuentes jurídicas han mantenido que la apertura de la causa penal implica que Ayerdi está siendo investigado y, por tanto, debería salir del Ejecutivo. Sin embargo, el consejero de Presidencia, Javier Remírez, aseguró en diciembre que los servicios jurídicos del Gobierno lo ven así y les indican “expresamente que hasta que no se produzca la admisibilidad de la querella, si se produce” y la situación de Ayerdi “pase a ser” la de “investigado”, no se aplicaría ese artículo 68.

NA+ pidió al Gobierno vía parlamentaria que le facilitase esos informes jurídicos. Ayer, cuando acababa el plazo para que el Gobierno respondiera, Remírez envió a NA+ un informe elaborado por el director general de Presidencia, Joseba Asiain, el 14 de diciembre.

NA+: "SIN RESPALDO JURÍDICO"

El parlamentario de NA+, Juan Luis Sánchez de Muniáin, lamentó ayer que se ha constado que el Gobierno “no tiene ningún respaldo de los servicios jurídicos” con un informe de estos que avale la decisión de mantener a Ayerdi, “pese a que está siendo investigado”. Sólo tiene el análisis de un cargo que depende jerárquicamente del consejero, criticó NA+.

NO ES POTESTAD DEL INVESTIGADO

En ese informe, el director general de Presidencia concluye que el auto del Supremo “no declara la admisibilidad de la querella y la consiguiente declaración del señor Ayerdi, esperando a que el instructor realice su labor para tomar una decisión”. Agrega que no se puede conocer de antemano el plazo para que se produzca, “en su caso, la admisión o inadmisión de la querella”.

i se admite y el consejero es “declarado investigado”, habría que acudir “no a efectos penales, sino administrativos”, a lo previsto en el artículo 68. Añade que la salida del Gobierno no sería entonces potestad de la persona investigada, sino que ya lo establece la ley. Concluye que en ese caso, Ayerdi, al dejar de ser consejero, perdería su condición de aforado, por lo que el Supremo no sería competente para enjuiciar el asunto, que pasaría a ser competencia de algún juzgado de instrucción de Pamplona.