52 días después de las históricas inundaciones que provocó en la Zona Media la tormenta que se vivió en la tarde noche del lunes 8 de julio, ni la ciudad de Tafalla ni sus alrededores han sido todavía declarados zona catastrófica. Esa declaración debe ser aprobada por el Consejo de Ministros y de ella depende una nueva partida de ayudas económicas procedente del Gobierno central que permitiría atender a un mayor número de afectados.

El hecho de que en fechas recientes se hayan producido en España otras catástrofes, como los incendios de Canarias o las inundaciones registradas en la Comunidad Valenciana y Cataluña, ha llevado al Gobierno central a estudiar la conveniencia de aprobar un decreto único para atender todas las necesidades que han surgido a nivel nacional. “Hemos atendido las solicitudes de ayuda más urgentes y a principios de agosto se envío el informe al ministerio; esperamos que esa declaración se produzca lo antes posible para poder dar respuesta al resto de afectados”, confió este jueves el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti.

La declaración de Tafalla y sus alrededores como zona catastrófica fue uno de los temas que se abordaron en la Comisión de recuperación de la Zona Media que se celebró por la mañana en el Palacio de Navarra y en la que, además del propio Arasti, participaron responsables de cinco departamentos del Gobierno foral. El cónclave estuvo presidido por el consejero de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza, y contó con la presencia de los dos vicepresidentes, Javier Ramírez y José María Aierdi, y de hasta once directores generales. Entre ellos, el de Agricultura y Ganadería, Ignacio Gil.

El sector agrario será, de hecho, el destinatario del grueso de las ayudas que el Gobierno foral destinará a la recuperación de la parte de la Zona Media afectada por las inundaciones. En concreto, de acuerdo con la información facilitada, de los 5,6 millones que aportará el Ejecutivo autonómico, 3.420.000 euros -ampliables en 1.180.000 euros más- serán para paliar los daños en el sector agrario. De ellos, 1,7 millones se destinarán a la reparación de las infraestructuras agrarias de las entidades locales, 800.000 euros para compensar las pérdidas en las producciones agrarias, 420.000 euros para reparar infraestructuras agrarias en las comunidades de regantes y 500.000 euros para reparar los elementos afectados por las inundaciones en las explotaciones agrícolas y ganaderas. Todas esas ayudas, como recordó Gil, permitirán cubrir el 100% de los daños en infraestructuras agrarias, tanto de las entidades locales como de las comunidades de regantes y de las explotaciones agrarias.

Además de estas ayudas, se destinarán 890.000 euros para arreglar los desperfectos que la riada ocasionó en las infraestructuras de las entidades locales, 620.000 euros para restablecer la vialidad en las carreteras afectadas y 700.000 euros para la construcción del nuevo puente de acceso a Sansoáin que se espera pueda estar terminado en un plazo de tres o cuatro meses.

La intención del Ejecutivo foral es poder llevar la próxima semana este plan de actuación al consejo de gobierno para que el sector y los ayuntamientos puedan empezar a solicitar las ayudas a la mayor brevedad posible. “La tramitación de las órdenes forales será inmediata”, aseveró Ciriza que tuvo palabras de agradecimiento para todas las personas y entidades que colaboraron con ayudas solidarias. “Las cifras las conoceremos en los próximos días y son muy importantes”.

8 MILLONES ABONADOS

Los daños que dejaron las inundaciones del 8 de julio superan los 38,8 millones de euros, según los cálculos aún provisionales que maneja la Delegación del Gobierno en Navarra. Por el momento, han sido abonados algo más de ocho millones a través del Consorcio de Seguros que, en una primera fase, está atendiendo los casos más urgentes.

A la espera de la declaración de zona catastrófica que permitirá atender a un mayor número de afectados, la Delegación ha recibido 102 solicitudes para acogerse a las ayudas existentes, derivadas de la normativa que determina las subvenciones por necesidades surgidas de situaciones de emergencia. El grueso de las solicitudes, 75, corresponden a daños en viviendas. Hay otras dos solicitudes de corporaciones locales, nueve de comunidades de propietarios y 16 relativas a daños en establecimientos.

Las ayudas previstas son de cinco tipos y en el decreto se establecen los requisitos que deben cumplir sus beneficiarios así como su cuantía máxima. En el caso de daños en la vivienda habitual, oscilan entre los 5.160 euros y los 15.120 euros. Para enseres domésticos de primera necesidad, se establecen ayudas de hasta 2.580 euros y por daños en elementos comunes de uso general en una comunidad de vecinos llegan a los 9.924 euros. En el caso de daños personales, las ayudas pueden alcanzar los 18.000 euros, y los 9.224 euros si los que los sufren son establecimientos industriales, mercantiles y de servicios. El Ministerio del Interior tienen ahora un plazo máximo de seis meses para resolver las solicitudes.