La Plataforma de Interinos Docentes de Navarra (PIDNA) ha asegurado que el Departamento de Educación "deja en la estacada a cientos de docentes" y ha lamentado que "no se hayan tenido en cuenta" las medidas que ha solicitado para "dotar de estabilidad al personal docente interino de la Comunidad foral", que cuenta con "uno de los porcentajes de interinidad más altos de todo el Estado".

Según ha expuesto la plataforma, la nueva orden foral de gestión de listas "se articula en torno a una lista de aprobados sin plaza y una lista general". "A partir de ahora se conservará de oficio la mejor nota obtenida en las últimas tres convocatorias y retroactivamente desde 2012, la experiencia en Navarra para la lista general computará un 50% más que en el resto del Estado", ha remarcado.

En su opinión, "estas medidas, en principio beneficiosas, esconden un agravio comparativo evidente para los docentes con más experiencia, puesto que el máximo de puntuación se obtendrá con 7 años trabajados en Navarra, dando igual haber trabajado 10, 15 ó 25, y en lo referente a la nota, los actuales docentes interinos ven como el 90% de ellos no se van a ver beneficiados del carácter retroactivo de la normativa, pero un 10%, los que concurrieron en 2016 sí, misteriosamente".

Para la plataforma, "esto supone una discriminación evidente que atenta contra los principios más básicos que deben regir la contratación pública, como por ejemplo el de igualdad de oportunidades".

En este sentido, la plataforma de interinos ha considerado que el Departamento de Educación "ha aprobado una orden foral que perjudica de forma irreversible y muy gravemente a los docentes interinos en activo, siguiendo una política absolutamente contraria a la del resto de comunidades autónomas, donde se ha visto como han actualizado sus normativas teniendo en cuenta y protegiendo los derechos de sus trabajadores, tal y como es de justicia".

"Con esta orden el Departamento de Educación demuestra que su interés no es el general y que su manera de gestionar es errática y arbitraria. La negociación y el consenso, una vez más a diferencia de otras comunidades, es inexistente. Y las conversaciones mantenidas, vistos los resultados, rayan el cinismo. Esta orden foral no responde a las necesidades ni a las demandas de gestión, ni sociales. Es una norma impuesta unilateralmente sin un criterio o interés identificable", ha asegurado.

Además, la plataforma ha señalado que "hoy sabemos que, a pesar de lo afirmado por el departamento, las decisiones tomadas no descansan en informes jurídicos ni técnicos, sino en meras opiniones y pareceres". "La Comunidad foral, sus ciudadanos y sus trabajadores no merecen una administración así", ha reivindicado.