La implantación de un nuevo sistema de fichaje mediante huella dactilar no ha gustado a algunos empleados del Gobierno de Navarra que creen que este no ha justificado la obtención de sus datos biométricos. El conflicto se originó hace unos meses, cuando el Ejecutivo decidió implantar el acceso mediante huella dactilar en algunos de sus edificios que no cuentan con tornos y en los que hasta ahora los empleados públicos debían “fichar” a la entrada y salida de su jornada laboral. El nuevo sistema forma parte de un plan de control de presencias y absentismos. Hay que recordar que cerca de un millar de empleados no acuden a diario a sus puestos por una incapacidad temporal.

Así, quién sabe si por evitar a sus empleados la tentación de fichar por otros compañeros, el Gobierno decidió acudir a la biometría. La biometría es un término que proviene del griego bio (vida) y metron (medida), y se dedica a desarrollar técnicas que permiten medir y analizar una serie de parámetros físicos que son únicos en cada persona con el fin de comprobar su identidad. Entre los más utilizados están la huella dactilar o el iris del ojo.

Sin embargo, como recuerda David Calavia (UGT), la utilización de datos biométricos se encuentra regulada por la Ley de Protección de Datos española y por el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos, que, entre otras cosas, “exige determinar y justificar la finalidad para la que se recaban los datos biométricos, así como el análisis de la proporcionalidad del sistema biométrico propuesto”. Algo, que a juicio de este representante de UGT no ha hecho el Gobierno de Navarra, motivo por el que se ha presentado una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), pendiente de resolución.

CONTROLAR LOS HORARIOS

Quien sí se ha pronunciado mediante una resolución es el Defensor del Pueblo de Navarra, al que se presentó una queja desde UGT. El Defensor buscó antes los argumentos de la dirección de Función Pública del Gobierno foral, la cual explicó que lleva tiempo trabajando en un sistema de control de presencias y absentismos.

“El Gobierno ha considerado oportuno adaptarse a los nuevos sistemas y tecnologías existentes en el mercado y que el control de presencia y cumplimiento de horarios en dichas ubicaciones se verifique a través de la huella digital. Sistema, por otra parte, que ha sido avalado por los tribunales de justicia como método adecuado, pertinente y no excesivo para controlar el cumplimiento del horario de trabajo de los empleados públicos” defendió.

Además, desde Función Pública se esgrime que se informó a los órganos gestores de personal y a los sindicatos del Gobierno de Navarra “de los motivos y tiempos estimados para la implantación de este nuevo sistema y de los plazos en los que se preveía que se iba a proceder a la recogida de huellas del citado personal”.

Finalmente, desde Función Pública se justifica que el sistema de control horario por huella digital “se limita a comparar la cadena numérica que genera cada huella mediante el algoritmo de encriptado con las previamente registradas, asociando el fichaje al empleado al que se encuentre vinculada la cadena numérica (tal y como sucede con las tarjetas de fichaje), de modo que el tratamiento de esta información no tendrá mayor trascendencia que el de los datos relativos a un número de identificación personal”.

EL DEFENSOR PIDE QUE SE JUSTIFIQUE

Oídas las partes, el Defensor del Pueblo ha formulado una resolución en la que indica que de la actuación del Gobierno foral “no se deduce que se haya informado de modo expreso, preciso e inequívoco, a los empleados públicos afectados por la recogida de dicho dato” ya que las unidades administrativas y representantes de los trabajadores que fueron advertidos “no son los titulares de los datos de carácter personal”.

Por este motivo, recomienda al Gobierno que informe previamente y “de modo preciso e inequívoco” a los empleados afectados. Asimismo, sugiere que el expediente para la implantación de un sistema de control por huella dactilar en edificios del Gobierno foral para el fichaje de la jornada laboral “justifique -de acuerdo a la normativa- que el tratamiento del dato referido a la huella dactilar de los empleados públicos resulta adecuado, pertinente y no excesivo en relación con el ámbito y la finalidad para los que se vaya a obtener el referido dato”.