Diario de Navarra

Al mismo tiempo que la legislatura ha llegado a su ecuador, el Gobierno de Uxue Barkos y el cuatripartito que lo sustenta van a tener que afrontar el asunto que ha abierto en su seno la mayor crisis y el que va a poner a prueba la estabilidad de su acuerdo: el Tren de Alta Velocidad. Las posturas del Ejecutivo y Geroa Bai, por un lado, y EH Bildu, Podemos e I-E, por otro, ya no se disimulan como enfrentadas desde que en mayo el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, entregó al vicepresidente foral Manu Ayerdi su propuesta de nuevo convenio con el objetivo de que el TAV sea una realidad en Navarra para 2023. En suma, la construcción de una nueva plataforma con doble vía con ancho internacional para pasajeros y mercancías entre Castejón y Esquíroz, con un coste de 890 millones de euros. La intención de Fomento es que para 2023 estén también finalizadas las conexiones con Zaragoza y la Y vasca. El Gobierno foral va a hacer su contrapropuesta, ya que quiere un convenio que abarque todo el corredor, y que la devolución del pago de las obras que adelantaría Navarra se haga a través del Convenio Económico y no con la fórmula planteada por el Estado de que Adif devuelva al año siguiente. Conforme pasa el tiempo, la oposición de Bildu, Podemos e I-E sube en grados. Incluso los dos últimos han señalado que no apoyarían los Presupuestos si en ellos se consigna dinero para el TAV. Por parte de los abertzales, lo que ha terminado por enervarles es que Ayerdi haya seguido dando pasos adelante como la reunión que mantuvo el pasado día 12 con De la Serna y la consejera vasca de Infraestructuras, Arantxa Tapia, en la que se sentaron las bases para la futura conexión con la Y vasca, también en alta velocidad y a expensas de determinar si por Ezkio (Guipúzcoa) o Vitoria. Bildu se aferra a la exigencia de que se produzca un “debate social” sobre el tren. Su portavoz, Adolfo Araiz, ha señalado que debería durar “tres años”. Los suficientes para que en la actual legislatura no se avance, lo que le facilitaría al cuatripartito evitar un problema que afecta a su cohesión. UPN, PSN y PP, a favor de la alta velocidad, instan a Barkos a elegir entre el progreso de Navarra o la estancia cómoda en el sillón presidencial. Pero el TAV no es el único proyecto que zarandea la convivencia entre Geroa Bai y Bildu. Aroztegia - campo de golf, hotel y área residencial en Lekaroz-, apoyado por el Gobierno y denostado por los abertzales, va a servir también para medir la fortaleza del “cambio”. Mendoza deja una consejería de Educación abonada al caos José Luis Mendoza abandonó la consejería de Educación el pasado mes de abril, tras una trayectoria que derivó en insostenible. A lo largo de 627 días de polémica en polémica, su dimisión fue reclamada por los partidos de la oposición, pero también por federaciones de padres, sindicatos, directores de colegios, docentes de la concertada u opositores.Incluso sus propios socios de gobierno afearon alguna de las decisiones del componente de Geroa Bai. Así, Izquierda-Ezkerra se le puso enfrente con la OPE de maestros o Sortu -EH Bildu- exigió su dimisión tras el nombramiento y posterior cese del exetarra Imanol Haranburu como jefe de negociado. La salida de Mendoza, “pactada” según Barkos, irremediable a ojos de la realidad, se produjo tras dos detonantes: la suspensión del proceso de admisión en las escuelas infantiles y los bandazos en torno a la construcción de un instituto para Cabanillas Fustiñana y Ribaforada. Dos gotas que rebasaron el vaso y que entregaron la cartera educativa a María Solana. Solana por Ollo, para mejorar la relación con el cuatripartito El relevo en Educación confirmó a María Solana como alternativa recurrente para Uxue Barkos, ya que si en esta ocasión echaba mano de ella para un roto, ya antes la buscó para tratar de solucionar un descosido. Solana había dejado su escaño de parlamentaria en septiembre para integrarse en el Gobierno como portavoz del mismo, responsabilidad que hasta entonces desempeñó la consejera Ana Ollo. Entre los motivos esgrimidos por Barkos para el cambio de cara, la necesidad de “reforzar la relación con el cuatripartito”. “Algunas decisiones no se han comunicado en tiempo y forma”, reconoció la presidenta, quien a su vez ha engordado su gabinete personal con el fichaje de un experto en comunicación estratégica. Beaumont se pone a los policías en su contra Caído Mendoza, el departamento de Interior de María José Beaumont ha tomado el relevo a Educación como protagonista de controversias. Su proyecto para una nueva Ley de Policías ha tenido la culpa. La propuesta inicial de Interior sacó a la calle como protesta a centenares de agentes, convocados por los cinco sindicatos de la Policía Foral -APF, CSI-F/SPF, ELA, CC OO y UGT- y centrales de policía local y auxiliares. El enfrentamiento entre las partes se ha motivado fundamentalmente por el deseo del Gobierno de que los agentes del Cuerpo autonómico trabajen más horas. Para ello, ha fijado su objetivo en eliminar la compensación de 18 días (126 horas) menos de trabajo al año de la que los policías pueden disfrutar por preparación y superación de pruebas físicas. Los policías exigieron las dimisiones de Beaumont, el director general de Interior (Agustín Gastaminza) y el jefe de la Policía Foral (Torcuato Muñoz). La réplica de la consejera fue acusarles de trabajar sólo 2,8 días de media a la semana. Incapaz de llegar a un entendimiento con la parte sindical, Beaumont se encontró con el problema añadido de tampoco alcanzarlo con sus socios políticos, ya que Podemos se ha negado a secundarle con una norma que no cuenta con respaldo sindical. Con la consejera en la picota, el cuatripartito le ha dado oxígeno aparcando la ley en el Parlamento mediante dos prórrogas para la presentación de enmiendas. Beaumont tiene tiempo ahora hasta finales de septiembre para tratar de convencer a APF y SPF, las únicas centrales que se han acabado sentando en la mesa al entender que la ley ha sido retirada de facto. Pero las negociaciones se retomaron el pasado viernes y nadie se movió un ápice de su posición. La extra se paga más tarde que en el resto de España “Si dentro de tres años continúa entre la gente el desánimo y la decepción actuales con el Gobierno de Uxue Barkos, UPN volverá al poder”. Éste fue el demoledor balance que el sindicato nacionalista ELA realizó del primer año de un Ejecutivo a priori afín, lo que da a entender las complicadas relaciones entre el Gobierno y los representantes de los trabajadores. La consejera de Función Pública e Interior, María José Beaumont, ha tenido mucho protagonismo en ello. Antes de que los policías gritaran contra ella lo hicieron los bomberos, y también se produjeron protestas funcionariales porque Barkos y Beaumont se negaban a devolver la paga extraordinaria eliminada en 2012, mientras el Estado y otras comunidades ya materializaban el abono. El plan inicial del Ejecutivo foral era demorar el pago del último 25% pendiente de la extra hasta 2018, y Podemos amagó con permitir que salieran adelante iniciativas de la oposición para que los trabajadores públicos recibieran antes lo que se les debía. El cuatripartito, ante las presiones de la sigla morada, aprobó una ley para que se devolviera en 2017 todo lo que quedaba si los ingresos lo permitían. Algo que se ha podido hacer finalmente por el incremento del límite de déficit para las comunidades y los mayores ingresos que va a tener Navarra gracias a medidas fiscales decididas por el Estado. Posible rectificación fiscal con el año electoral a la vista El Gobierno de Uxue Barkos y los partidos que lo sustentan son los de la subida fiscal, como lo han podido notar muchas familias navarras, principalmente las que tienen hijos, en la última campaña del IRPF. La reforma fiscal de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E entró en vigor en 2016, defendida por sus impulsores con la proclama de que afectaba sobre todo a las rentas más altas, cuando rentas a partir de 19.000 euros se han visto perjudicadas. El cuatripartito empezará el próximo mes sus contactos de cara a una nueva reforma fiscal, y una de las medidas que barajan es subir las deducciones por hijo. Los cambios afectarán al año 2018 y, por lo tanto, los efectos se notarán especialmente en la campaña de la declaración de la renta de 2019, año en el que se celebrarán elecciones. Así mismo, se dan por seguras modificaciones en el Impuesto de Sociedades y Podemos no desistirá en que se supriman los beneficios fiscales de los planes de pensiones. Las víctimas de ETA reaccionan para desmentir al Gobierno “Es un error pensar que sólo hay víctimas de un lado”. La declaración pertenece a la consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, Ana Ollo, de la que cuelga la dirección general de Paz y Convivencia. La formuló en una entrevista de este periódico al poco de tomar posesión, en la que, a la pregunta de si no consideraba injusto equiparar a unas víctimas con otras, respondió que “víctima es cualquier persona que sufre una vulneración de sus derechos humanos” y que “hay 800 muertos y hay también muertos por otro tipo de violencia”. Aquellas palabras de Ollo avanzaron el camino por el que ha evolucionado el Gobierno de Barkos, del que se han sentido apartadas las víctimas de ETA. La lejanía es tal que las familias de 42 asesinados por ETA en Navarra suscribieron por primera vez un comunicado conjunto haciendo pública su crítica al Ejecutivo. El detonante fue un balance de actuaciones que realizaron Ollo y su director general de Paz y Conviencia, Álvaro Baráibar, quienes afirmaron que habían “atendido y contactado” con medio centener de víctimas del terrorismo y que la valoración de éstas sobre el programa de atención personalizada a las víctimas era “en general positiva”. Incluso acentuaron que algunas destacaron que era la primera vez que se les llamaba. Las víctimas lo desmintieron. En un duro comunicado, manifestaron que Ollo y Baráibar habían utilizado los contactos con ellas “de manera interesada” y sin mencionar las críticas que les habían trasladado, así como que la mayoría había rechazado acudir a los encuentros “por falta de confianza ante la incoherenciacon la que actúe el Gobierno”. A juicio de las víctimas de ETA, la dirección de Paz y Convivencia “es una manera de maquillar la presencia de Bildu en el Gobierno y blanquear su relación con la banda terrorista”. El pasado marzo, las víctimas de ETA no secundaron la concentración organizada por el Gobierno foral con ocasión de la conmemoración del Día Europeo en recuerdo de las Víctimas del Terrorismo. Un mes antes, el Ejecutivo invitó a familiares de militantes de ETA a un acto de reconocimiento a víctimas de la violencia policial y de extrema derecha. “Estamos en contra de que se victimice todo para tratar de confundir la realidad vivida con el terrorismo de ETA”, expresaron quienes han padecido la violencia etarra. El perjuicio a la UN pasa de los empleados a los estudiantes Si en su primer año de gestión el Ejecutivo y el cuatripartito perjudicaron a los trabajadores de la Universidad de Navarra, mediante la no renovación del convenio para su asistencia sanitaria, en el año que ahora culmina el “cambio” ha puesto su mirada sobre los estudiantes del centro académino privado para recortarles las becas. Los alumnos y sus familias se hgan movilizado, con protestas públicas y recursos judiciales ante un Gobierno que reculó en parte en su resolución inicial, ya que volvió a los multiplicadores y niveles de renta anteriores para universitarios de la UN, pero mantuvo su decisión de descontarles la beca que concede el Ministerio de Educación. La convocatoria se ha resuelto un mes tarde, con el curso ya finalizado, y entre los daminificados hay alguno que pasa de recibir 4.500 euros a 300.

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El TAV pondrá a prueba la estabilidad del pacto de gobierno

Las decisiones del defenestrado Mendoza en Educación, la extra de los funcionarios o la Ley de Policías de Beaumont han calibrado la cohesión de un cuatripartito que afronta su gran crisis interna con el tren. Son algunas de las claves en el ecuador de la legislatura

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