El cuatripartito ha puesto el acelerador de la agenda nacionalista en el ecuador de la legislatura. Son unas medidas que no puso en marcha en sus inicios, cuando la presidenta Uxue Barkos y miembros de su coalición insistían en afirmar que iban a protagonizar un cambio “tranquilo, sereno e integrador”. Y tampoco las han dejado para el final, cuando se vaya acercando el momento en el que los ciudadanos vuelvan a las urnas para elegir al nuevo Parlamento de Navarra.

La oposición ha sostenido que todos los pasos que se han ido dando marcan un Gobierno más preocupado por lo “identitario”, en el que los socios nacionalistas, Geroa Bai y EH Bildu, tienen el mando. Afirman que en la mayoría de ocasiones quien lleva la batuta es la coalición de Adolfo Araiz.

Una de las actuaciones más destacadas de esa agenda nacionalista ha sido la derogación de la ley foral de Símbolos que regulaba el uso de la bandera, el Himno y el escudo de Navarra. Los socios de gobierno dieron este paso con el objetivo de permitir que la ikurriña pudiera ondear en las instituciones de la Comunidad foral. En concreto, sostuvieron que anulando la ley, los ayuntamientos que lo decidieran en sesión plenaria podrían izarla junto al resto de banderas oficiales, atendiendo a las diferentes “sensibilidades” y a la “pluralidad”. No fueron capaces de plantear una norma alternativa, como habían anunciado en su programa.

Sin embargo, ha sido también el gran patinazo del cuatripartito. El 30 de marzo, los cuatro grupos anulaban la ley de Símbolos en el pleno del Parlamento, pese a que dos días antes un informe del Consejo de Navarra les advirtió de que ese paso no avalaría colocar otras banderas que no fueran oficiales en Navarra, como era el caso de la ikurriña, y, por el contrario, sí podía generar incertidumbre jurídica. En ese sentido se han pronunciado también desde la Abogacía del Estado, hasta la Federación Navarra de Municipios y Concejos y la Justicia.

Ya han colocado en sus consistorios la ikurriña dos alcaldes de EH Bildu. No hubo los anunciados plenos para tomar esa decisión “mayoritaria” como había advertido el cuatripartito. Llegaron las fiestas de Barañáin y la alcaldesa, Oihaneder Indakoetxea ordenaba colocar una gran bandera de Euskadi colgada de una terraza en la fachada del Ayuntamiento.

Y el 6 de julio, era el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, el que decidía 15 minutos antes del chupinazo que se colgase en uno de los mástiles, junto al resto de banderas oficiales. Asiron se acogió a un informe jurídico del consistorio, el único que sostiene que la derogación de la ley de Símbolos lo permite. La Delegación del Gobierno, UPN y la Asociación Doble12 lo han recurrido ante la justicia.

El euskera y la zona mixta

Otra de las líneas que el cuatripartito ha intensificado en estos meses, tanto desde el Ejecutivo como en el Parlamento o en los ayuntamientos en los que gobierna ha sido el fomento del euskera. Lo ha reforzado en todo lo que afecta a la imagen institucional, donde en muchas ocasiones tiene una posición predominante sobre el castellano. También en la educación, en la denominación de los municipios, en la señalización viaria, en los requisitos que figuran en concursos de servicios y actividades, en las plantillas y el acceso a puestos de trabajo públicos, en ayudas a los medios de comunicación en esta lengua, en el apoyo económico a la euskaldunización de adultos y un largo etcétera.

El Gobierno ha impulsado un decreto sobre el uso del euskera en la Administración foral que en la mesa general de negociación pública sólo contó con el voto a favor del sindicato ELA.

El cuatripartito también se empleó a fondo para ampliar la zona mixta del euskera, en detrimento de la no vascófona. En semanas, se sucedieron los acuerdos de plenos municipales haciendo peticiones en ese sentido. Finalmente, el 22 de junio pasado los cuatro grupos culminaban el paso de 44 entidades a la zona mixta sin estudios sociolingüísticos previos. UPN, PSN y PP votaron en contra y acusaron a los socios de “sectarismo” y de “imponer”.

EH Bildu ya ha advertido que quiere ir más allá. Hay que recordar que en el cuatripartito, tanto el grupo de Araiz como Geroa Bai y Podemos defienden la cooficialidad del euskera y rechazan la zonificación que establece distintas regulaciones del euskera en Navarra según su uso. Pero no lo pudieron incluir en el acuerdo programático, dado que Izquierda-Ezkerra se opuso.

Desde el comercio al ocio

El Gobierno foral ha diseñado un plan con el que pretende incrementar el peso del euskera, y al que destinará para ello hasta el final de legislatura 10,8 millones de euros. Pero hay que recordar en este sentido que el cuatripartito se comprometió en el debate sobre el estado de Navarra a dotar a este plan “de los recursos necesarios para su implementación”. En 2017, el Instituto Navarro del Euskera cuenta con un presupuesto de 5,8 millones, un 37% más que el año pasado.

Según este plan, el Gobierno aumentará las ayudas para promover el euskera en todos los ámbitos. Incrementará su exigencia en la contratación de actividades y de profesionales, algo que ocurrirá en los programas subvencionados que tengan que ver con el ocio y tiempo libre, la cultura y el deporte. Además, el Ejecutivo “estudiará” si también lo incluye en las convocatorias de subvenciones “al sector socioeconómico” como empresas, comercios, etcétera.

Por este plan, a los medios de comunicación que reciban ayudas públicas se les exigirá que parte de su producción la realicen en euskera, se impulsará la captación de ETB3, el canal temático infantil y juvenil de la televisión pública vasca en toda Navarra y se dará más dinero a los medios de comunicación en euskera.

Se incrementará la oferta de ocio, cultura y deporte en euskera, habrá apoyo a los planes de euskera que apliquen las empresas y también se fomentará que éstas aumenten los servicios que ofrecen en esta lengua. Se promoverá el euskera en el “paisaje lingüístico comercial”, tanto en carteles, folletos, etiquetas, como en los servicios que ofrecen los comercios.

El plan que marca la política lingüística del euskera marca las pautas para incrementar esta lengua en la Administración, tanto en sus servicios como en su plantilla, o en la educación, con medidas para garantizar la enseñanza en esta lengua en todos los niveles o programas específicos para los inmigrantes.

El 3 de junio, se produjo la imagen que no quería ver el llamado Gobierno “del cambio”, la de decenas de miles de personas manifestándose por el centro de Pamplona en defensa de la bandera de Navarra y en rechazo a la derogación de la ley de Símbolos que impulsó y aprobó el cuatripartito. El ambiente fue festivo y pese a la cantidad de gente que acudió, no hubo ningún incidente.

La marcha fue promovida por tres entidades encabezadas por Maribel Vals (Vecinos de Paz), Patxi Mendiburu (Desolvidar) y Ricardo Guelbenzu (Asociación Cultural Doble12). Se sumaron ciudadanos a título personal, diversas entidades y los partidos UPN, PSN, PP y Ciudadanos. Desde Geroa Bai se llegó a decir que estaba convocada por “grupos ultras” y no fueron pocas las presiones que sufrieron los socialistas, con “insultos y coacciones” para que no apoyara la convocatoria, como denunció la secretaria general del PSN, María Chivite.

El cuatripartito insistió en que esta marcha no era necesaria, mientras la víspera de la marcha, el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, aseguraba que la ikurriña estaría este año en el chupinazo. Como así fue.

Uno de los asuntos que ha marcado esta primera etapa del Gobierno ha sido la incertidumbre que ha pesado sobre la presidenta Uxue Barkos, por la investigación de las dietas que cobró entre 2008 y 2012 del Ayuntamiento de Pamplona en su etapa de concejala y diputada.

El Tribunal de Cuentas admitió a trámite la denuncia de la asociación Justitia et Veritas, que le reclamaba la devolución de más de 200.000 euros. La asociación veía incompatible los viajes y estancias en Madrid de Barkos con el número de reuniones en Pamplona por las que había cobrado.

El 31 de mayo se celebró el juicio y el 13 de julio se conoció la sentencia. El Tribunal de Cuentas dio la razón a la presidenta, al rechazar que cobrara dietas por reuniones que no se celebraron. Señaló que las acusaciones habían quedado “desvirtuadas” por las pruebas que presentó la defensa de Barkos.

Destacó que no existía prohibición alguna para que esas reuniones tuvieran lugar en fines de semana, festivos, puentes, navidades o en verano. Y que no constan las fechas de esas reuniones, pero tampoco en el resto de ediles. La juez criticó la falta de control del sistema de dietas que entonces tenía el Ayuntamiento de Pamplona.

La aportación de Navarra al Estado ha sido objeto de discrepancias entre los gobiernos central y foral, diferencias que todavía no se han solventado.

Ambas administraciones están negociando la actualización de lo que la Comunidad foral aportará al Estado en el quinquenio 2015-2019. Deben pactar la cantidad del año “base”, 2015, cifra que se actualiza en los años siguientes. Hasta que no se cierre ese acuerdo, para calcular la aportación se aplica el convenio anterior de forma provisional.

El Gobierno foral sostiene que eso está perjudicando a las arcas forales, ya que la Comunidad aporta entre 100 y 250 millones por encima de lo que le correspondería, sostiene. Así, a finales de 2016, el Ejecutivo de Uxue Barkos recortó el último pago cuatrimestral de la aportación. Pero el pasado marzo, el Estado, cuando debía liquidar con Navarra los ajustes fiscales de 2016, se cobró esa diferencia, 82,6 millones de euros.

En 2017, sigue el desacuerdo en torno a la aportación, pero la negociación del actual quinquenio podría resolver esas discrepancias. Si la cifra que acuerden para 2015, año base, es inferior a lo que Navarra ha pagado, el Estado deberá devolverle la diferencia. Lo mismo ocurrirá con lo abonado en 2016.