El Gobierno foral está estudiando con la Federación Navarra de Municipios y Concejos y ayuntamientos como el de Pamplona cómo solventa la situación generada después de que el Tribunal Constitucional haya anulado el cobro de la plusvalía municipal cuando el inmueble se vende en pérdidas. El consejero de Hacienda, Mikel Aranburu, ha indicado esta mañana que quieren que el cambio en la Ley de Haciendas Locales dé satisfacción a todas las partes. Entre las opciones que barajan está crear un nuevo impuesto todavía sin definir o adaptar el tributo actual a lo que dice el Alto Tribunal como han hecho Guipúzcoa y Álava. El Parlamento será el que apruebe la solución definitiva. La sentencia genera también un impacto en la recaudación de los ayuntamientos que deban reintegrar este impuesto. Aranburu ha indicado que si los municipios no pueden afrontarlo “habrá que buscar una fórmula” para solventarlo y que deberá concretar el Legislativo. Apuntó como posibles vías aumentar el Fondo de las Haciendas Locales o subir la carga tributaria en otros impuestos municipales. Según la sociedad de tasaciones Tinsa, en Navarra se vendieron alrededor de 5.400 inmuebles en pérdidas entre 2013 y 2016. Son 5.400 contribuyentes que podrían reclamar la devolución del tributo abonado. Los años anteriores han prescrito.

El consejero ha señalado que "todo el dinero lo paga el contribuyente; es decidir por qué camino se va a financiar, si los impuestos generales o los impuestos locales". "Es una cosa bastante sencilla de entender", ha indicado.

Aranburu ha señalado que "hay que adaptar la ley a las plusvalías, realmente a lo que dice el TC, no se puede gravar una plusvalía cuando no existe". "Estamos estudiando desde hace meses cuál puede ser la solución mejor. Lo hacemos con la Federación Navarra de Municipios y Concejos, con algunos ayuntamientos, y con el departamento de Administración Local", ha indicado.

En ese sentido, ha asegurado que "colaboramos en un diseño que dé satisfacción a todos, tendríamos que hacer un diseño a futuro". "Se podría adaptar estrictamente el impuesto actual a lo que dice el TC, que es lo que han hecho Guipúzcoa y Álava, y cabe la posibilidad de que vayamos a un impuesto, que está sin definir", ha indicado, para señalar que es el Parlamento en última instancia el que tendrá que aprobar la solución.

Además, el consejero ha explicado que "está también el problema del carácter retroactivo, es decir, aquellas liquidaciones que han adquirido firmeza no se pueden revisar y las que no han adquirido firmeza habrá que revisarlas por parte del ayuntamiento".