La titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Aoiz considera que hay indicios de delitos societarios y de alzamiento de bienes en la quiebra de la empresa Construcciones Juan Bautista Flores. Según un auto del 7 de junio, que puede ser recurrido, la juez aprecia indicio de delito en las actuaciones de Conchita Flores González, presidenta y dueña de la constructora, además de en las de J. M. A. C., administrador de European Credit, que luego pasó a llamarse Bandenia.

La magistrada señala que ambos, ante la situación económica que atravesaba la constructora en 2008, “idean una estrategia que permite a Conchita Flores poner el patrimonio de la constructora a salvo de los acreedores y a J. M. A. C. a enriquecerse a costa de dicho patrimonio en detrimento de estos”.

Además de Flores y J. M. A. C., están investigados por estos posibles delitos seis personas más: Alfonso Arroyo Lorenzo (que fue asesor del socialista Fernando Puras, cuando éste optaba a la presidencia del Ejecutivo navarro en 2007, y directivo de la constructora), Antonio Larrea Morales, Juan Manuel Rojas Rojas, Jerónimo Camacho Perea, Abelardo Guil Fuentes y José Luis Sánchez Rodríguez.

La juez de instrucción, con este auto, da por concluida una investigación iniciada por la fiscalía en el juzgado de Aoiz en mayo de 2011. Ahora es el fiscal y y las acusaciones personadas quienes en diez días deben solicitar la apertura del juicio oral o el sobreseimiento de la causa.

Salida de siete millones

En el auto se dice que entre el 13-12-2008 y el 6-8-2009 salieron de las cuentas de Construcciones Flores a la cuenta de Cajamar de European Credit (hoy, Bandenia Banca Privada) cantidades superiores a los siete millones de euros. Y que la orden de ese traspaso la dio J. M. A. C. a Conchita Flores. Además, de esos siete millones de euros, casi dos millones “se aplicaron a fines particulares de J. M. A. C., quien era el único que tenía poder de disposición sobre la cuenta de Cajamar”.

La instrucción constata que el 2-1-2009 la constructora vendió a J. M. A. C. 15 parcelas del complejo residencial de Gorraiz por más de seis millones de euros. Esa cantidad debía abonarse en 15 pagarés con cargo a la cuenta de Cajamar, que no fueron pagados. “Como consecuencia, no se pudo ejecutar a favor de Banco Popular el embargo decretado el 1-12-2008”, recoge el auto. En la venta de esas 15 parcelas intervino, por parte de la constructora, Abelardo Guil como consejero delegado de la firma, cuando ya no ocupaba ese cargo por haber sido sustituido por Alfonso Arroyo.

Conchita Flores envió en abril de 2009 una carta a sus proveedores en las que les comunica el acuerdo con European Credit, que garantizaría los pagos. Flores entregó pagarés a los proveedores, avalados por el que fue su socio, European Credit, pero no pudieron ser abonados por falta de fondos en la cuenta de Cajamar, a cuyo cargo se habían girado. Este socio envió carta a los proveedores en octubre de 2016 en la que anunciaban que cerraba su establecimiento en Madrid y que se trasladaba a unas oficinas en Londres, en donde, dice el auto, “no se conoce la entidad”.

Además, consta en el auto que Conchita Flores vendió su finca privada en Monte Malkaiz en septiembre de 2009 por 1,6 millones de euros a Bandenia y que luego la recuperó.

Paralelamente a las diligencias de Aoiz, las personas investigadas por la juez de instrucción ya fueron juzgadas en 2014 en el juzgado de lo mercantil por el concurso de acreedores de Construcciones Juan Bautista Flores en 2014. La Audiencia Provincial declaró culpable del concurso a J. M. A. C. y absolvió al resto, por lo que debía pagar 1,9 millones, un gasto que, según la sentencia, quedó sin justificar.

En 2009 entró como socio European Credit (ahora, Bandenia) en la constructora y esta presentó concurso de acreedores en 2010. Hoy está en liquidación. El pasado 6 de junio, la UDEF detuvo al menos a cuatro personas de Bandenia, de J. M. A. C., y registró sus oficinas en Madrid por delito de blanqueo de capitales.