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Investigación sobre Montejurra 76 (3)

Montejurra 76 fracasó porque el carlismo tradicionalista no respondió a la convocatoria

Para Ruiz de Gordoa, gobernador civil de Navarra, “el enfrentamiento no debió pasar de la garrota de campo”

Ampliar Momento en que el gobernador civil de Navarra ayuda a un mando militar a cortar la cinta inaugural del aeropuerto de Noáin en julio de 1973.
Momento en que el gobernador civil de Navarra ayuda a un mando militar a cortar la cinta inaugural del aeropuerto de Noáin en julio de 1973.archivo general de navarra
  • Manuel Martorell
Publicado el 11/01/2023 a las 06:00
El 15 de mayo de 1976, el gobernador civil de Navarra, Ruiz de Gordoa, envía un amplio informe a su “buen amigo” Manuel Fraga, ministro de Gobernación, y al presidente de Gobierno, Arias Navarro, valorando lo ocurrido en Montejurra el 9 de ese mes, día en que dos personas fueron asesinadas y una treintena quedaron heridas durante el ataque de grupos armados a los carlistas seguidores de Carlos Hugo de Borbón-Parma.
Entre las novedades de este documento destaca la incapacidad de los convocantes para arrastrar a la masa tradicionalista. De acuerdo con los informes y atestados de la Guardia Civil, los sixtinos no pasaron de 600, cuando habían anunciado la asistencia de unas 6.000 personas, mientras los militantes y simpatizantes del Partido Carlista superaban con creces esa cifra.
Así lo explica el gobernador civil al afirmar que “la facción de D. Sixto llegó tarde, desorganizada y muy mermada en relación al cálculo que había efectuado la víspera”, que su incidencia en Navarra resultó ser “muy débil” y que “elementos influyentes del tradicionalismo ortodoxo” dieron instrucciones para que no se acudiera a la cita.
Respecto a la escasa respuesta que tuvo la Operación Reconquista, resulta significativo que en las comunicaciones de la Guardia Civil se constate que, entre las 11:30 y las 12 del mediodía, se tuvo que reforzar el despliegue en las campas tras el Monasterio, donde se inicia el Via Crucis, ya que, tras ser batida la zona de la cumbre por disparos de ametralladora, los seguidores del Partido Carlista comenzaban a descender del monte en masa y existía el peligro de que los grupos sixtinos allí concentrados fueran arrollados.
Según se desprende de este documento, todo salió mal, especialmente los controles selectivos que se habían previsto, debido a que se produjo una gran afluencia de personas en el intervalo de solo una hora y también a que los carlistas de Carlos Hugo habían conseguido pases de la Diputación Foral para acceder a las zonas de aparcamiento. En su opinión, los controles policiales para impedir la llegada de “elementos subversivos” se tenían que haber establecido en las provincias de origen.
Sobre el uso de armas de fuego y los disparos, Ruiz de Gordoa los califica de “hecho desgraciado” provocado por “varios desequilibrados e insensatos”, y que el “conveniente” enfrentamiento, como se había considerado en informes anteriores, “no debió pasar de la garrota de campo”.
De todas formas, Ruiz de Gordoa insiste en que la concentración de Montejurra suponía “una ofensiva contra nuestro rey D. Juan Carlos I que no se debía tolerar” y citaba expresamente, como máximos responsables de esta posición a José María Zavala, secretario general del Partido Carlista, al dirigente navarro Mariano Zufía Urrizalqui, al guipuzcoano Gabriel Zubiaga y también a Ignacio Romero Osborne, marqués de Marchelina, presidente de la Hermandad de Tercios de Requetés, que tampoco respaldó la convocatoria organizada desde el Gobierno con el apoyo de la UNE.
Marchelina, coronel de requetés condecorado por las heridas sufridas en la guerra, sería conocido esos años al retirarle el Gobierno la medalla conseguida en combate por solicitar públicamente la amnistía para los presos políticos y por crear, con varios mandos del Ejército Republicano, la Asociación de Excombatientes de la Guerra de España que, con el apoyo de conocidas personalidades del mundo de la política y la cultura, como Enrique Tierno Galván, Joaquín Ruiz-Giménez o Antonio Buero Vallejo, protagonizaron varios encuentros para fomentar la reconciliación entre los españoles.
Ruiz de Gordoa fue la primera autoridad del Gobierno Arias Navarro a la que apuntó la investigación de los tribunales de Justicia para esclarecer lo ocurrido, ya que desde su Gobierno Civil se habían reservado las habitaciones del hotel Irache donde se concentrarían los grupos terroristas internacionales de ultraderecha. Tuvo que responder por escrito primero al juez de Estella y después al Tribunal de Orden Público desde el Gobierno Civil de Sevilla, su nuevo destino desde el mes de junio. En la capital andaluza, se encargó de dirigir la Transición y organizar las primeras elecciones democráticas un año después, para ser destituido en agosto de 1977 por el nuevo presidente de Gobierno, Adolfo Suárez.
Una de las primeras medidas de Suárez, que había sustituido a Fraga al frente de Gobernación aquel luctuoso 9 de mayo, fue decretar una amnistía que alcanzaba a todos los delitos políticos anteriores a diciembre de 1976, por lo que el proceso judicial que apuntaba a instancias muy superiores del Gobierno Arias, en concreto a la figura de Fraga y probablemente al propio Suárez, quedó interrumpido y anulado.
Ruiz de Gordoa, ya sin nuevos cargos políticos, regresó a su Álava natal, donde volvió a ocupar su plaza de ingeniero agrónomo de la Diputación Foral. De allí había salido con una excedencia el año 1968 para dirigir los gobiernos civiles de Jaén, Navarra y Sevilla. Quienes le conocieron en vida -murió de un infarto fulminante en febrero de 1992 a los 70 años de edad- aseguran que se sintió utilizado como “cabeza de turco”, apareciendo como principal responsable de lo ocurrido ante la opinión pública y los medios de comunicación en medio de la grave crisis política que precipitaría el inicio de la Transición, mientras la amnistía salvaba al Gobierno de Arias Navarro tras difundir la idea de que aquello había sido solo de “una pelea entre hermanos”.
También que se quejó de que no le pusieran escolta cuando la Policía supo, al detener a uno de sus comandos en Vitoria, que era objetivo preferente de ETA, precisamente por su implicación en los hechos de Montejurra; que la inquebrantable lealtad que había mostrado hacia la monarquía se convirtió en una gran animadversión hacia la figura del rey Juan Carlos I, y que, por todo ello, no quiso recoger la Gran Cruz de Isabel la Católica que, según le había comunicado Fraga, se le había concedido en agradecimiento a “los muchos y difíciles servicios prestados”
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