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Investigación sobre Montejurra 76 (2)

Ministerios y fuerza pública, al servicio de la 'Operación Reconquista'

Se proponía comprar 2.000 “garrotas de campo” y que el Ministerio de Información asumiera la explotación propagandística del éxito

Ampliar fotografía difundida tras los sucesos de Montejurra mostrando el despliegue  de la Policía Armada y la Guardia Civil en las campas situadas tras el Monasterio
Fotografía difundida tras los sucesos de Montejurra mostrando el despliegue de la Policía Armada y la Guardia Civil en las campas situadas tras el Monasteriodn
  • Manuel Martorell
Publicado el 10/01/2023 a las 06:00
Para poner en marcha la Operación Reconquista y arrebatar la concentración de Montejurra al Partido Carlista el 9 de mayo de 1976, se preparó un detallado plan de carácter “reservado y confidencial” bajo la denominación “Montejurra Tradicionalista” que figura entre los documentos adscritos al Gobierno Civil con una tarjeta personal de Manuel Fraga, entonces ministro de Gobernación.
Este documento, de cinco páginas, hace explícitas referencias a la intervención de gobernadores civiles, alcaldes y policía, así como al uso de infraestructuras gubernativas al servicio de los atacantes. El informe comienza planteando como “premisa esencial” que los convocados por el plan gubernativo acudirán a una “concentración totalmente pacífica” mientras que a los partidarios de Carlos Hugo se les vincula con la “subversión” y un hipotético estallido de violencia, en cuyo caso será suficiente “la fuerza pública” para restaurar “la paz y tranquilidad”, sin necesidad de que actúe el componente civil de la operación.
De todas las formas, se indica que esa concentración “pacífica” deberá contar con la protección de “suficiente fuerza pública dispuesta a intervenir en cualquier momento”, especificando que “bastantes” de esos agentes deberán ir “de paisano”. En total se calcula la llegada de un centenar de autobuses, fletados por los gobernadores civiles, y la asistencia de unas 5.600 personas, todas las cuales deberán llevar como distintivo un “brazalete con los colores nacionales”, tanto para identificarse entre sí como para que “sean conocidos por la fuerza pública”.
Para facilitar a los convocados el acceso a la montaña y, por el contrario, dificultar la llegada de los elementos subversivos, “los gobernadores civiles proporcionarán un volante a los responsables de cada autobús, el cual será exigido por el oportuno control policial, impidiendo el paso al autobús que no lo posea”.
Igualmente se prevé habilitar “conventos o cuarteles” donde puedan pernoctar los expedicionarios: en Miranda de Ebro para los que vengan de Galicia, Asturias y Santander, y en Logroño para los del resto de España. “Todos los autobuses -se dice textualmente- deberán, en la mañana del domingo, reunirse en Logroño para hacer la entrada masiva a Estella, girando por el paseo de Los Llanos y volviendo a Montejurra”
El peso de la convocatoria apoyada por el Gobierno Arias Navarro recae en La Unión Nacional Española (UNE), asociación legalizada un año antes tras aceptar los Principios del Movimiento y mostrar lealtad al rey Juan Carlos, cuyos dirigentes se encargarán de la “dirección política”, citando en concreto a Miguel Fagoaga, Ricardo Larráinzar, José María Melis y Ramón Merino. Por su parte, los hermanos Oriol Urquijo, igualmente fundadores de la UNE, garantizarían el desembolso de dinero para cubrir un gasto previsto de cinco millones y medio de pesetas, una suma muy elevada ese año de 1976. Se da la circunstancia de que Ramón Merino, persona próxima al rey Juan Carlos, se reunió en Pamplona con el gobernador civil de Navarra, Ruiz de Gordoa, el 8 de mayo, víspera de la concentración.
El informe preparatorio no descarta la participación de tradicionalistas no asociados a la UNE, siempre que “tengan el común denominador de lealtad a S. M. el Rey Don Juan Carlos I”. Se prevé también entregar a todos los asistentes una dieta de 750 pesetas, así como comprar 2.000 garrotas de campo a 100 pesetas cada una, otras 2.000 boinas y 6.000 brazaletes, quedando la explotación propagandística del éxito ante la opinión pública a cargo del Ministerio de Información. Entre los gobernadores civiles colaboradores, se cita expresamente, además del de Navarra, a los de Álava, La Rioja y Cuenca, y, entre los alcaldes, a los de Haro, Logroño, Cervera y Alfaro.
Este plan civil se complementa con una “orden extraordinaria” para la policía y la Guardia Civil, en la que se vuelve a prevenir de los hechos violentos que podrían causar los seguidores del Partido Carlista, especialmente la “minoría joven radicalizada que aprovecharía cualquier circunstancia o incidente para provocar alteraciones de orden público y otros actos violentos”, por lo que se pide prestar mayor atención a los vehículos ocupados por jóvenes, valorando, de acuerdo con las circunstancias o las credenciales que muestren, si pueden o no continuar el viaje.
Dichos controles se iniciarán dos días antes, el 7 de mayo, con el objetivo de “descubrir la llegada de grupos subversivos o elementos activistas”, siempre en referencia a los partidarios de Carlos Hugo de Borbón-Parma, para lo que las fuerzas de Policía deberán realizar un estricto seguimiento de los hospedajes en Estella y pueblos de la zona, no dudando en hacer detenciones si se detectara la presencia de personas sospechosas.
El despliegue policial estará formado por la 64 Bandera de la Policía Armada, reforzada con dos compañías de reserva, y las fuerzas de la 521 Comandancia de la Guardia Civil (Pamplona), igualmente reforzadas con otras dos compañías y la vigilancia desde el aire de un helicóptero. Ese día también se concentrarán en Montejurra todos los policías secretas de Navarra -Pamplona, Tudela y puestos fronterizos- a los que ayudarán en su misión de infiltrarse entre la masa carlista otro medio centenar llegados de fuera. Por su parte, la Policía Municipal de Estella funcionaría como elemento de apoyo a la Fuerzas de Orden Público.
A todos ellos habrá que sumar los guardias civiles, camuflados de carlistas y calados con boina roja, que, según las declaraciones que hizo en su momento el general Sáenz de Santa María, manipularían los transmisores que la Guardia Civil tenía previsto entregar a los atacantes para establecer la comunicación entre las tres zonas donde pensaban actuar: la cumbre, con un centenar de “guerrilleros de Cristo Rey armados”, los ultraderechistas internacionales que avanzarían hacia el Monasterio desde el “cuartel general” en el hotel Irache, igualmente armados, y los grupos partidarios de Sixto encargados de la agitación política en las campas situadas entre el Monasterio y el Camino del Via Crucis.
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