El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) tendrá que indemnizar con 18.000 euros a una familia por el daño moral causado después de que un hospital público de esta comunidad se equivocara en la entrega de un cadáver. 

Los hechos se remontan al mes de abril de 2025. El día 6 de ese mes un hombre falleció en este hospital y su cuerpo sin vida fue trasladado a la morgue del centro. El problema es que diez días más tarde el propio hospital comunicó por teléfono a la viuda y cinco hijos del fallecido que la persona que habían velado en un tanatorio e incinerado después no era su familiar sino otra persona. El hospital también les aclaró que el esposo y padre seguía en la morgue del centro a la espera de su último destino. 

La familia presentó entonces una reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios derivados del error solicitando una indemnización de 42.000 euros por daños morales. "De forma totalmente negligente y contraria a la mínima diligencia exigible, desde el centro hospitalario se nos entregó un cuerpo equivocado haciendo que este fuera trasladado igualmente a la funeraria, lo que provocó que diéramos sepultura a una persona desconocida, en la creencia de que se trataba de nuestro familiar sin haber podido velar ni despedirnos de este último", indicaba la familia en esta reclamación en la que también añadían que "este lamentable suceso ha provocado un profundo daño moral, angustia y sufrimiento en los familiares, constituyendo una vulneración de derechos fundamentales, particularmente los relativos a la intimidad familiar, al duelo digno y al respeto debido a las personas fallecidas".

ELUDIR RESPONSABILIDADES

Las partes que intervinieron en el traslado de los dos cadáveres trataron de "quitarse el muerto de encima" a la hora de asumir responsabilidades. La dirección del hospital argumentó que "en el momento en el que se produjeron los hechos no existía protocolo de aplicación en el hospital y parte de esos servicios están siendo explotados por una empresa concesionaria". 

La empresa encargada del mantenimiento y seguridad alegó que "entre sus funciones no se incluye el traslado de los fallecidos y aun menos la identificación", solo el acceso al área en la que se encuentran las cámaras frigoríficas.