Las ausencias no previstas del puesto de trabajo tuvieron un coste de más de 59.000 millones de euros en 2025, es decir, un 3,7% del Producto Interior Bruto (PIB). El incremento de las bajas con respecto al año anterior fue de un 11,7%, según un informe de Adecco. España cerró el primer trimestre del año con una pérdida de 7,2 horas de cada 100 pactadas. El número de personas que, de media, se ausentaron cada día de su puesto de trabajo aumentó un 5% respecto al mismo trimestre del año anterior, hasta situarse en 1,6 millones. La causa más común es la incapacidad temporal, que explica un buen número de las horas perdidas, en concreto, 5,6 horas. Detrás de las cifras hay un 'runrún' que ha generado mucha controversia recientemente y que, en todo caso, ha puesto el foco en las bajas fraudulentas, un dato difícil de cuantificar pero que está elevando el coste para las empresas y para las cuentas del Estado.

Esta es la principal queja de la CEOE, que señala que las empresas asumen un mayor coste debido al predominio de las bajas de corta duración. Según la patronal, el 69% del absentismo corresponde a procesos por enfermedad común de menos de 15 días y que asumen en su práctica totalidad los empleadores. Los subsidios por contingencias comunes también están llevando a las cuentas de la Seguridad Social al límite. Hasta junio, la cartera de Elma Saiz gastó en prestaciones de bajas por enfermedad común nueve de cada diez euros destinados a cubrir procesos de incapacidad temporal, un récord en la serie reciente. Además, el coste de las bajas subió un 10,3% respecto al mismo periodo del año 2025 y alcanzó los 9.500 millones de euros de los 11.764 millones del presupuesto del Estado.

¿Por qué hay más bajas? Detrás del incremento de las bajas en España hay una serie de factores como el envejecimiento de la población trabajadora -que se traduce en una mayor prevalencia de enfermedades crónicas y trastornos musculoesqueléticos-, la ampliación de los permisos de conciliación, la digitalización de las bajas y los cambios normativos que se han producido en los últimos años, según el Consejo de Graduados Sociales.

Los sindicatos defienden que el deterioro de la sanidad pública es una de las principales causas del aumento de la tasa de absentismo. España registra una duración media de los procesos de IT superior a los 43 días, lastrada por las demoras en la gestión de pruebas diagnósticas y tratamientos en el sistema público, puntualiza Adecco Group en su informe.

A esto se suma la falta de recursos en salud mental. El país dispone únicamente de doce psiquiatras por cada 100.000 habitantes, una cifra muy alejada de la ratio óptima (13-15) y de la media de la OCDE. Ante listas de espera de meses para atención especializada, muchos empleados se ven abocados a la baja médica como única alternativa para obtener un reconocimiento institucional a su malestar, debido a que la atención privada resulta inaccesible para la mayoría de los sueldos. Cambios normativos El Gobierno derogó en 2020 el artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores, lo que puso fin al despido objetivo por faltas de asistencia justificadas por enfermedad común. El Ejecutivo defendía que este artículo vulneraba derechos fundamentales y generaba indefensión, especialmente en los colectivos más vulnerables (como pacientes con enfermedades graves que necesitan bajas médicas esporádicas, o personas con familiares dependientes a su cargo).

Sin embargo, diversos expertos en el mercado laboral opinan que la supresión de este artículo dejó a las empresas "sin instrumentos" para combatir el absentismo. Estas quejas son respaldadas también por varias patronales -como la de Madrid o la del sector de limpieza-, que recientemente han pedido recuperar esta medida para dotar a las organizaciones de herramientas que generen un "efecto disuasorio" frente a lo que consideran una "pandemia silenciosa".