La predicción de que el verano de 2026 iba a ser complicado en cuestión de incendios forestales se ha quedado muy corta. Por primera vez en la historia de España, la voracidad del fuego ha obligado a decretar la emergencia nacional. Una situación que solo se vivió con anterioridad una vez y lo fue por otra causa: el gran apagón eléctrico de 2025.

En esta ocasión, la simultaneidad de varios focos activos, la gran cantidad de población amenazada y la meteorología en contra alimentaron el cóctel de una situación extraordinaria que requirió de medidas nada convencionales. Todo comenzó cuando caía la tarde el pasado jueves en el centro de la Península. Aún con el recuerdo vivo de las más de 30.000 hectáreas calcinadas en la sierra de La Mierla, en Guadalajara, varios incendios casi simultáneos prendieron en el sur de la provincia de Ávila y en el suroeste de Madrid.

Los primeros hicieron sonar las alarmas en el Valle de la Iruela. Burgohondo, Navaluenga y El Tiemblo eran las localidades más afectadas por los confinamientos y las evacuaciones que sorprendieron a muchos ya de noche. Al poco, los mismos avisos que pedían a la población que se resguardaran en sus casas, con ventanas y puertas cerradas, o a que se desplazaran hacia poblaciones cercanas se sucedieron en los municipios madrileños de Aldea del Fresno, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y alrededores.

Ambos focos se encontraban en comunidades autónomas diferentes, pero tan colindantes que algunos tramos cuesta distinguir la separación salvo a vista de pájaro. En pocas horas, al filo de la medianoche, los traslados de vecinos amenazados por el fuego se sucedían mientras las llamaradas, de más de diez metros de altura en algunos puntos, ponían sobre las cuerdas a unos efectivos desbordados. Fue entonces, por "el riesgo que corrían decenas de miles de personas", cuando la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso al frente, pidió formalmente que fuese declarada la situación de emergencia de interés nacional.

No había pasado una hora de ello cuando Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior, decretaba la orden, se desplazaba al centro de mando habilitado por la Comunidad de Madrid y tomaba el mando centralizado de todos los recursos disponibles contra el incendio.

MANDO CENTRALIZADO

Durante la madrugada comenzó la lucha contra un fuego "extremadamente complicado", que obligó a mantener una lucha titánica durante el resto del día siguiente porque las llamas corrían más que la capacidad de los recursos de extinción. El viento abrasador alcanzaba rachas de 40 kilómetros por hora y los termómetros no dieron tregua. Con estas condiciones meteorológicas, por la noche el fuego se consideraba ya fuera de control y, con ello, «fuera de la capacidad de extinción».

Las palabras elegidas por Díaz Ayuso para describir lo sucedido fue "una tormenta perfecta". Y no anduvo nada descaminada. A última hora de este viernes, Marlaska reconocía que no había razones para ser optimistas: los incendios afectaban a cerca de 60.000 personas repartidas entre municipios de Ávila y Madrid.

Esta cifra se correspondía con personas evacuadas de sus viviendas y otras que permanecían confinadas. En Madrid, la última cantidad ofrecida hablaba de 25.000 personas desalojadas de sus viviendas y 20.000 resguardadas en las suyas, mientras continuaban las labores de extinción. Fue el caso de Pelayos de la Presa y Villa del Prado, municipios muy concurridos en el periodo estival.

Chapinería, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, Robledo de Chavela, Aldea del Fresno, Navalagamella y Zarzalejo y San Martín de Valdeiglesias, ocho localidades en total, fueron vaciadas por la amenaza de las llamas. Muchas personas, con muchos mayores entre ellos, esperaban este viernes noticias de sus propiedades mientras descansaban en polideportivos habilitados para la acogida de desalojados. La mayoría salieron con lo puesto. Al o sumo, productos de aseo básico. En Ávila se contaron 8.000 desplazados de Hoyo de Pinares y Burgohondo, y 5.000 personas confinadas en sus viviendas en los pueblos de Cebreros y Navaluenga.

El ministro del Interior ofreció estas cifras pasadas las nueve de la noche, mientras advertía de que se harían «todas las evacuaciones que fuesen necesarias» para proteger a la población. Tampoco se equivocó. Una hora más tarde anunciaba el desalojo de otras 5.000 personas por el avance del fuego hacia los alrededores de la emblemática San Lorenzo del Escorial y su monasterio.

CAMBIO EN EL VIENTO

Este movimiento de las llamas hacia el norte trajo, después de un día agotador, una buena noticia y otra mala. La primera es que se desactivaba la posibilidad de que el fuego forestal del sur de Ávila y los tres focos registrados en el suroeste de Madrid, ya unidos en un único frente devastador, se unieran para formar un gran incendio muy difícil de controlar.

Esta preocupación sobrevoló durante buena parte del día a todos los profesionales movilizados. No en vano, en un momento el Gobierno llegó a anunciar que ambos fuegos estaban «a punto» de tocarse. Por suerte cambió el viento y el frente de Madrid tomó la dirección opuesta.

La mala noticia es que las llamas corrieron hacia lugares donde la densidad de población es muy alta. Son localidades de la sierra madrileña habitadas por decenas de miles de personas que, además, justo incrementan su población durante el periodo vacacional. De ahí la peligrosidad de esta catástrofe, cuyas dimensiones, a diferencia de otros fuegos forestales, no solo se contarán en hectáreas. Pero son muchas, sí.

En Madrid, alrededor de 12.000 hectáreas de parajes que forman parte de uno de sus atractivos naturales más valiosos por su atractivo y la función de pulmón verde. Igualmente en Ávila, las más de 9.000 hectáreas arrasadas forman parte de otro paisaje de alto valor ecológico, como es el Valle de la Iruela.

No obstante, las pérdidas de las familias que han dejado atrás sus viviendas suman más gravedad. En un primer recuento de una pequeña zona afectada, eran casi 300 las propiedades arrasadas. Y la cifra será muy superior porque las llamas siguen su avance descontrolado poniendo a prueba la resistencia de un dispositivo que contó con un millar de soldados de la Unidad Militar de Emergencias (UME), el apoyo de la Unión Europea con cuatro aviones, más de 600 guardias civiles, 150 policías nacionales, un centenar de efectivos de protección civil y todas las brigadas forestales disponibles.