Los diez los proyectos para instalar plantas de biometanización en Navarra, tanto los nuevos como los que se encuentran en tramitación, incluido el de Sesma, quedan suspendidos hasta el 31 de diciembre de 2028. El Parlamento de Navarra ha aprobado en su sesión de este jueves la propuesta de paralización presentada por EH Bildu (9 votos), Geroa Bai (7)  y Contigo-Zurekin (3) al posicionarse finalmente a favor UPN. El respaldo de los 15 parlamentarios regionalistas ha permitido que la moratoria defendida salga adelante con 34 votos. Ha contado con 14 abstenciones: las 11 del PSN desmarcándose así de sus socios de Gobierno entre reproches por el intento de los socialistas por querer salvar la de Sesma, y las 3 del PP.  Los dos únicos votos en contra han procedido de los representantes del grupo mixto (Vox) y de la no adscrita, Maite Nosti. La enmienda introducida por el grupo parlamentario socialista no ha logrado apoyos y ha registrado una amplía mayoría en contra con 36 noes y el único respaldo del PP. 

La decisión alcanza, por tanto, al conjunto de iniciativas empresariales en diferentes estados de tramitación en Navarra. Ocho ya quedaron suspendidas por la primera paralización que entró en vigor el 14 de noviembre de 2025 tras un acuerdo parlamentario adoptado entonces para un año -expiraba en las próximas semanas- que en un primer momento 'salvó'  a Arróniz y Sesma.  Lo que acaba de aprobarse no afecta a las pequeñas plantas de biometanización anaeróbica de autogestión cuya capacidad sea inferior a 25.000 toneladas anuales. En realidad, estas no han estado en ningún momento en el foco del debate. Tampoco incluye a las de gestión pública y que respondan a "otros marcos competenciales", en concreto al de residuos domésticos municipales procedentes del quinto contenedor de la fracción orgánica y la depuración de aguas residuales urbanas. Pero sí al conjunto de los grandes proyectos de promoción privada sea cuál sea el momento en que se encuentran. 

LA DEFENSA Y LAS CRÍTICAS A LA INACCIÓN DEL GOBIERNO

El debate ha transcurrido entre críticas de los grupos de la oposición con UPN a la cabeza por "la inacción" del Gobierno de Navarra a lo largo de los diez meses transcurridos desde que la misma Cámara, entonces al alcanzar un acuerdo entre regionalistas y socialistas, otorgara ese margen de un año para la regularización del sector antes de seguir adelante con su implantación en el territorio foral. 

El parlamentario de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha defendido el trabajo realizado en este tiempo. "El debate no es si biometano sí o no sino qué modelo queremos y por eso hay que parar para planificar. Hace un año pedíamos una moratoria integral. Se aprobó un periodo de doce meses por decisión de UPN y PSN. Dijimos ya entonces que era insuficiente".  A su juicio, no tiene sentido establecer ahora excepciones en esta moratoria que permita a diferentes instalaciones quedar exentas de la regulación. "No se pueden blindar proyectos concretos. Moratoria de dos años y de carácter integral porque necesitamos tiempo suficiente".  

Azcona ha avanzado que el departamento de Medio Ambiente trabaja en un borrador de ley foral de biometanización. Se ha referido a cómo afecta la implantación de grandes plantas no solo a los municipios donde se instalan sino a los próximos y ha puesto como ejemplo el de su localidad.  "El ejemplo más claro es la de Sesma. A apenas 1,8 kilómetros del casco urbano de Lodosa, parece bastante razonable que pueda reclamar que su opinión sea tenida en cuenta".

Miguel Bujanda (UPN) ha intervenido a continuación recordando que ya hace un año se dio tiempo para ordenar un sector ante "la inacción del Gobierno y la alarma social". La pregunta -ha seguido- es inevitable. "¿Qué ha hecho el Gobierno en este tiempo. No han hecho absolutamente nada". Ha enmarcado la propuesta aprobada no en que haya aparecido una necesidad nueva sino simplemente en una "necesidad electoral" por no haberse actuado a tiempo. No solo -ha proseguido- desde el Ejecutivo sino también del propio Ayuntamiento de Lodosa, que no alegó cuando era el momento de hacerlo en la tramitación de la planta de Sesma.  "No utilizaron el tiempo que tenían. El Gobierno podía y debía haber asumido la responsabilidad y haber liderado. La pregunta es y ¿si en 2028 seguimos igual, qué hacemos? ¿Otra prorroga hasta el 2030, el 2050,  hasta que todos estemos calvos? Creo que la responsabilidad hay que tenerla de verdad". 

Ha atribuido el voto favorable de su formación a la alarma social que ha generado la actuación del Gobierno. "Pero no es un aval sino una exigencia de gestión. No damos el visto bueno a todo el camino previo que nos ha traído hasta aquí lleno de incertidumbres mentiras y manipulaciones e idas y venidas de un gobierno que autoriza según le convenga electoralmente o no".  Ha lanzado también una pregunta al grupo socialista.  "El PSN nos viene ahora con una enmienda que lleva la fecha de corte al 1 de junio y mantiene la excepción en las instalaciones públicas. ¿Por qué el 1 de junio y no el 15 de julio? ¿Qué proyectos quedan afectados y cuáles pueden continuar? Porque las fechas tienen consecuencias a la hora de dar autorizaciones ambientales integradas como se hizo el año pasado". 

Ha tomado el relevo el parlamentario del PSN Carlos Mena, que no ha respondido a esta cuestión concreta. Ha recordado que la primera moratoria no "se aprobó para mirar al otro lado ni para aplazar definitivamente la decisión" sino para preparar una regulación adecuada. "Estamos aquí porque su departamento no ha hecho los deberes", ha recriminado a Azcona en referencia a Medio Ambiente, que tiene a Geroa Bai al frente.  Ha defendido igualmente la posición socialista favorable a una moratoria. "Ordenar sí, poner límites sí, ganar tiempo para regular pero hacerlo con garantías jurídicas  y no que una decisión mal planteada genera problemas posteriores a la Administración".  Se trata por ello -ha insistido- de aprobar una moratoria que aguante jurídicamente sin perder de vista que nunca se va poder contentar ni a las plataformas ni a Sustrai, aludiendo en este sentido a los correos recibidos en estas horas previas al debate.

Ha continuado, por EH Bildu,  Adolfo Araiz,  enmarcando la situación en "una burbuja especulativa de empresas sin experiencia previa en Navarra". Ha compartido que se trata de una realidad compleja y abogado por evitar que se produzcan desequilibrios territoriales al tiempo que expuesto sus criterios para esa futura ley foral en la que, según lo anunciado, se está trabajando para la biometanización. Entre ellos, establecer una distancia mínima a los núcleos de población o límites a la procedencia de materiales para no convertirse en "el vertedero de los residuos del Estado". 

Carlos Guzmán Pérez (Contigo-Zurekin)  ha valorado el papel positivo que en determinadas situaciones pueden desempeñar estas plantas pero ve necesario "un modelo claro con pequeñas y medianas instalaciones". Ha criticado la propuesta socialista al tratarse de "una enmienda aparentemente destinada a salvar un proyecto concreto", en alusión a Sesma, algo que ve  "insólito e incomprensible" porque prioriza el interés particular de un proyecto privado concreto.

Irene Royo, parlamentaria del  PP, recriminaba a Geroa Bai "no haber hecho los deberes" y que "cuando todo el mundo está tomando decisiones por tener una energía estable y local plantean un aplazamiento, una demora,  que supone además la paralización de toda esta industria". Justificó la postura de no votar en contra a la moratoria integral en la alarma social pero descartó apoyarla inclinándose por la abstención.  "La solución no pasa por esa paralización de todo hasta 2028 y que hay posiciones intermedias". 

Desde el grupo mixto, Emilio Jiménez (Vox)  ha reprochado la "falta de coherencia, seriedad y responsabilidad"  y la ausencia de responsabilidad jurídica ante esta suspensión integral. "Si  no ha sacado la regulación no es porque necesiten dos años más de moratoria, sino porque no decide. No nos fiamos de este Ejecutivo. Ni de la coherencia de quienes les acompañan. Vox no está a favor de paralizar el mapa entero y, si de verdad se quiere proteger al vecino y al ganadero,  hay que darle una solución y legislar".  La parlamentaria no adscrita Maite Nosti votaba en contra compartiendo el problema y mostrándose partidaria de "una regulación rigurosa" pero no de una moratoria que no resuelve al tiempo que genera inseguridad jurídica.