La Fiscalía Anticorrupción investiga a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y a la presidenta del Puerto, Mar Chao, entre otros cargos públicos, por supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias al parecer cometidos en procesos de colocación de personal, según ha informado Compromís, que denunció estos hechos el pasado mes de febrero, y han confirmado fuentes fiscales.

También constan como investigadas las concejalas de Turismo e Innovación, Paula Llobet, y la de Educación, Igualdad y Deportes, Rocío Gil, además de cuatro trabajadores públicos (Esther Pérez, Manuela Gras, Alicia Gimeno y Enrique Móner).

Compromís denunció el pasado mes de febrero "una serie de maniobras administrativas" que, según esta formación, habrían servido para orquestar una "subrogación encubierta" de estos trabajadores hacia otras instituciones públicas.

Fuentes fiscales han añadido que las diligencias se han abierto a raíz de una denuncia de la Intervención General del Estado.

Según explicó la portavoz de la coalición valencianista en el Consistorio, Papi Robles, "no es casualidad que varias fundaciones municipales y el propio Puerto de Valencia lanzaran convocatorias casi idénticas en las mismas fechas para cubrir perfiles que acabaron ocupando personas" que ya habían sido señaladas en actas notariales incluso antes de que se resolvieran los concursos.