El PSOE no tiene claro si llevar o no ante la Fiscalía las denuncias de acoso sexual contra el exalto cargo de Moncloa y exmiembro de la ejecutiva federal, Paco Salazar, como han demandado algunas mujeres del partido, entre ellas, la exvicesecretaria general y actual delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra. Pero sí asume que la gestión de este caso no ha sido en absoluto diligente. Y este viernes dio el paso de reconocerlo en una nota interna dirigida a los territorios, en la que conviene en que "la comunicación con las personas denunciantes anónimas no ha estado a la altura y precisa de ser mejorada". 

El hecho de que las cosas se hayan hecho de una manera que algunas voces tildan incluso de "negligente" en un asunto nuclear para el PSOE - y cuando, tras los escándalos de 'Tito Berni' o de los audios que recogen el trato denigrante hacia las mujeres de el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, más celo se debería haber guardado-, ha provocado un verdadero incendio en la formación , que ahora se intenta sofocar.

Las sospechas de que desde el centro de poder del partido se ha tratado de proteger a quien, hasta su dimisión el pasado 5 de julio, cuando se conocieron los primeros testimonios en su contra, era uno de los hombres de máxima confianza de Pedro Sánchez planea en el ambiente.

En las conversaciones de los socialistas ha estado estos días muy presente la amistad entre Salazar, la actual secretaria de Organización, Rebeca Torró (de la que hubiera sido nombrado adjunto de no estallar el escándalo) y el matrimonio formado por Antonio Hernando y Anabel Mateos, ella adjunta de Torró y él ahora secretario de Estado y miembro de la ejecutiva, tras ser el dos del gabinete del presidente. Sánchez los eligió en la renovación de la dirección que acometió a principios del verano pasado, en su intento de pasar página del 'caso Cerdán'. Las secretarias y responsables de Igualdad en los territorios, el Congreso y el Senado, están convocadas a una reunión presencial para abordar el asunto después de haber mantenido el miércoles por la noche una cita telemática con la secretaria federal, Pilar Bernabé, que concluyó, según admiten varias de ellas, de manera insatisfactoria. Muchas esperaban a ese próximo encuentro para obtener explicaciones más claras y soluciones. La nota difundida este viernes pretende servir de aperitivo. 

NUEVA VERSIÓN

 "Lamentamos no haber arropado suficientemente a las personas que han presentado las denuncias. Nos duele que haya sucedido", asegura la comunicación, en la que Ferraz admite que "el contenido de las denuncias publicadas detalla comportamientos repugnantes, intolerables e incompatibles con los valores del Partido Socialista" y reivindica que, el mismo día en el que se tuvo conocimiento de las acusaciones, Salazar "fue apartado de todos sus cargos y responsabilidades".

Esa es una a versión ligeramente distinta de la ofrecida en su momento, cuando se aseguró que había sido el entonces secretario de Coordinación Institucional de la Presidencia del Gobierno y secretario de Acción Electoral en el PSOE quien voluntariamente había presentado la renuncia. La número dos del partido, María Jesús Montero, llegó a poner en valor, de hecho, que "el compañero" había dado un paso atrás cuando tan solo había sido "citado en un artículo de prensa" y "no había ninguna concreción respecto a qué exactamente se estaba denunciando".

En la nota, en la que se explica de manera somera cómo funciona el protocolo antiacoso aprobado por la ejecutiva en mayo (poco más de un mes antes de que se conocieran las acusaciones contra Salazar) se hace un relato cronológico, aunque esquemático, de los hechos y se asegura que el que en el sistema no aparezcan las denuncias -algo que alarmó a las denunciantes hace unas semanas, cuando tras saber de una comida de la ministra Pilar Alegría con el exidirigente al que señalaron quisieron saber cómo iba al proceso- no significa que se hayan eliminado sino que "para salvaguardar la confidencialidad" , pasados 90 días desde su registro, quedan ocultos (se "ofuscan").

También se remarca que las denuncias se pueden realizar por cauces distintos al informático y como ejemplo menciona el proceso contra el alcalde de Torremolinos, Antonio Navarro, contra el que la Fiscalía abrió este jueves diligencias preprocesales. En este caso, la comisión antiacoso recibió en junio la denuncia directamente de la ejecutiva federal, a la que lo había elevado la de Málaga, Con todo, seis meses después, y como ocurre con el 'caso Salazar', tampoco existe resolución.

Montero ya admitió el jueves que los plazos de actuación de están probado "excesivamente largos". Ferraz aduce que ese órgano antiacoso "desarrolla sus funciones de forma independiente y autónoma" y "no puede recibir instrucciones de ningún tipo". Aun así, la dirección del partido promete "tolerancia cero" contra los acosadores y pide esperar a que la comisión emita un informe y proponga las "medidas a adoptar". Dado que Salazar se dio de baja como militante la semana pasada, ya no podrá ser suspendido, como ocurrió este viernes mismo con Navarro. Pero sí se pueden poner trabas, llegado el caso, a su futuro regreso al PSOE.